Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En julio del año pasado el Congreso le dio el “sí” al proyecto de la reforma a la justicia que promete cambiar la Ley Estatutaria que está vigente desde marzo de 1996. Entre ires y venires, la iniciativa del gobierno de Iván Duque pretendía modificar algunas reglas que están consignadas en la administración de justicia y promete atender las nuevas dinámicas tecnológicas y las necesidades que tiene la ciudadanía en sectores con menor presencia estatal.
En pocas palabras lo que hizo el entonces ministro de justicia, Wilson Ruiz, fue presentar un proyecto catalogado en el marco de un servicio público esencial y que represente el cumplimiento de una promesa en territorios donde se exige la justicia efectiva. Los principales objetivos del proyecto, entre otras cosas, es el acceso a la justicia de los ciudadanos y la digitalización para permitir un camino más rápido a los expedientes judiciales.
Lea aquí: Reformas del presidente Petro
En su momento, desde el Ministerio de Justicia dijeron que la reforma es necesaria porque “se presenta un déficit en la atención de procesos judiciales que ha hecho ver a la justicia como tardía e ineficaz”, por lo que la reforma del gobierno Duque propone como mínimo una oficina de la Defensoría del Pueblo en cada municipio, con presencia de al menos un defensor municipal y uno público.
Además, pretenden garantizar que en las oficinas de atención no se niegue la recepción de querellas o denuncias, ni limitar su radicación por cambios de turno de los funcionarios. Estas iniciativas, entre otras, las conoció el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien recibió en encargo el expediente luego de que el exmagistrado Alberto Rojas Ríos abandonara el alto tribunal.
Lea también: Antes de reformar la justicia, hay que respetarla
En mayo de este año la magistrada Ángel Cabo se declaró impedida para conocer el proceso porque cuando era académica hizo algunos comentarios y reparos a la norma. La Sala Plena, días después, le rechazó su intención de apartarse del estudio. Aunque el análisis está programado para este mes, fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que está en stand by porque el magistrado José Fernando Reyes también presentó un impedimento que aún no ha sido resuelto.
La magistrada Ángel Cabo, quien ya tiene lista la ponencia para darle vía libre o no a la iniciativa del Gobierno Duque, recibió en su despacho varios conceptos que solicitaban la exequibilidad o inexequibilidad de la norma. La Procuraduría dijo que no hubo irregularidades en el trámite en el que se concibió el proceso de aprobación en el Congreso. Además, resaltó que las pretensiones de la norma no violan la Constitución y que el presupuesto que se asignó se encuentra entre los parámetros normales.
Le puede interesar: “Paz total”: Los detalles de la ambiciosa reforma del Gobierno Petro para la paz
El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, le dijo a la Corte que declarara la inconstitucionalidad de algunos artículos de los que no estuvieron de acuerdo porque vulneran la autonomía, independencia y autogobierno judicial que afecta la separación de los poderes. De otro lado, varias organizaciones como Asonal Judicial solicitaron al alto tribunal no tener en cuenta la iniciativa del Gobierno Duque porque en el Congreso se surtió el trámite de manera irregular.
Los argumentos de todos los sectores fueron recibidos en el despacho de la magistrada Ángel Cabo, y aunque exista luz verde por parte del alto tribunal, se está a la espera de la presentación del proyecto del Gobierno Petro. El mandatario de los colombianos, al iniciar su administración se reunión con los presidentes de las altas cortes, para, entre otras cosas, dialogar sobre el proyecto que pretenden presentar.
Lea aquí: Presidente Petro visita Altas Cortes para hablar sobre reforma a la justicia
El ministro de justicia, Néstor Osuna ha dicho en varias ocasiones que se debe reformar la justicia y transformar las cárceles del país. De alguna forma, la intención del Gobierno Petro también acompaña la idea de una justicia más cercana a la ciudadanía para que soluciones sus inconvenientes en un plazo no mayor a los seis meses. En materia carcelaria, el jefe de la cartera dijo que requería un cambio en el hacinamiento y la infraestructura.
Hasta que el actual gobierno no presente una nueva iniciativa de reforma y mientras la Corte no decida sobre las pretensiones de Duque, el país se seguirá moviendo bajo los lineamientos de la Ley Estatutaria de 1996.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más