La Constituyente del post-acuerdo (I)

Hace cerca de un año, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en entrevista para El Tiempo, le expresó al periodista Ricardo Ávila que, debido a la corrupción, en Colombia no hay confianza en las instituciones. El problema, agregó, “no se arregla solo con sacar algunas manzanas podridas del canasto. Es necesaria una cirugía de fondo” (marzo 23/15). En línea similar el sacerdote Francisco de Roux en una de sus columnas más recientes (enero 20/16) habló del acuerdo en lo fundamental para construir juntos unos “cambios de fondo” que le permitan salir a Colombia “de la lista de los diez países más inequitativos, más corruptos y con más impunidad del mundo”.

También en El Tiempo, el académico Francisco Barbosa planteó la idea de convocar una Asamblea Constituyente porque, a su juicio, con las instituciones existentes no se puede avanzar (ago. 12/15). El jurista Alfonso Gómez Méndez –quien suele reiterar que basta con aplicar la Constitución vigente para que el país funcione bien— escribe, en el mismo diario, que “el presidencialismo asfixia la vida política” y que se debe revisar el bicameralismo. Pero además se pregunta (dic 20/15) si vale la pena continuar con un sistema político y electoral alimentado por mentiras que todo el mundo sabe y todo el mundo acepta. El solo interrogante sugiere que tal sistema debe cambiarse.

Por su parte el columnista de El Espectador Ramiro Bejarano se atrevió a pedir, en varias ocasiones, la revocatoria de los actuales magistrados de las altas cortes. La periodista Cecilia Orozco –a propósito del vergonzoso caso Pretelt— se declaró en desobediencia civil frente a la Corte Constitucional (El Espectador, mayo 12/15). Es evidente una crisis que, de no resolverse, conspira contra la sostenibilidad de la paz en el tiempo. ¿Cómo superarla y cómo lograr los cambios de fondo referidos, entre ellos la reforma de las altas cortes o la del sistema electoral? El único procedimiento capaz de aproximarse a ese objetivo es una Asamblea Constituyente. De otra manera, los cambios de fondo y la relegitimación de las instituciones resultan ilusorios.

La idea de convocarla en algunos años, y con competencia limitada, para que defina algunos temas que no ha abordado el Congreso, según lo sugiere Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador (feb 7/16) consulta la teoría jurídica pero no la realidad política. Debo repetirlo: el país vive una situación crítica y tiene en la sostenibilidad de la paz un compromiso prioritario. El post-acuerdo se fractura si no hay ajustes de orden constitucional que lo blinden y obren a favor de la legitimidad, de la gobernanza y de la sintonía de las instituciones con los ciudadanos. En ese marco, el poder constituido no puede limitar la competencia del poder constituyente.

La revista Semana (nº. 1761, p. 25) lo anotó en términos sencillos: cada vez resulta más claro que la crisis de la justicia, la corrupción, la inequidad y las expectativas que generan los cambios que traerá el fin de la guerra, requieren volver a pensar los diseños institucionales. Pero también es claro que el rediseño es imposible por la vía ordinaria: los poderes públicos están comprometidos con el statu quo. Es necesario meterle país al debate. La Constituyente debe ser el gran tema de la próxima campaña presidencial.

* Exsenador, profesor universitario, @inefable1