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Al considerar que no se presentaron argumentos fehacientes, el procurador delegado ante el Consejo de Estado, Isnardo Jaimes les solicitó a los magistrados que rechacen la solicitud de pérdida de investidura en contra de nueve magistrados por su presunta participación en el deltio de tráfico de influencias.
El delegado del Ministerio Público consideró que en su denuncia la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas no se manifestaron pruebas suficientes en contra de los parlamentarios para que el Consejo de Estado emita en su contra una sanción como la perdida de investidura.
Según la demanda, los hechos se remontan al 27 de mayo del 2009 cuando los congresistas habrían firmado, presentado y aprobado una proposición, con la que se integró en la Comisión Primera del Senado a María Isabel Mejía, y en la Comisión IV, a Charles Shultz, vulnerando la ley 5 de 1992.
El objetivo, según lo informó Eduardo Padilla, director del organismo demandante, era el de favorecer la elección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con el cambio de comisión.
Ante esto la Procuraduría consideró que “los hechos aquí presentados no estructuran los supuestos que el denunciante ha planteado para estructurar una sanción de pérdida de investidura y mucho menos con la causal que se ha esbozado”, puesto que los congresistas estaban habilitados para ordenar el cambio de comisión.
En el proceso de pérdida de investidura hacen parte el senador Aurelio Irragorri, Dilian Francisca Toro, Manuel Mesías Enríquez, Piedad Zuccardi, Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, Armando Benedetti, Carlos Roberto Ferro Solanilla y José David Name.
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