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Al interior del Partido Comunes (el partido político de los exFARC) están prendidas las alarmas por la violencia en contra de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En los primeros ocho días de 2025, en el país han sido asesinados dos excombatientes y fue secuestrado otro más junto con su familia. Tres hechos que siguen extendiendo la ya larga lista de personas que dejaron las armas y firmaron Acuerdo de Paz en 2016 que ya suma 445. La agresividad con la que las recibió este año llevó a que desde la cúpula de la extinta guerrilla le pidieran al presidente Gustavo Petro que tome cartas en el asunto, pues dicen que, si quiere sacar la paz total adelante, tiene que salvaguardar la vida y seguridad de quienes salieron del conflicto.
Ricardo Ramos y su familia son las más recientes víctimas de esta violencia contra quienes decidieron darle una oportunidad a la paz. Este martes, en los alrededores del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Filipinas (ETCR), en Arauquita (Arauca), el excombatiente fue secuestrado, aparentemente, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio Ejército Nacional confirmó el plagio del firmante del Acuerdo de 2016. Además, según habitantes de la vereda Caño Tigre, en Arauquita, el hombre fue llevado junto con su familia, que le dijeron a los secuestradores que si se lo llevaban a él, tendrían que llevárselos a todos.
Así fue. Ricardo Ramos y cinco integrantes de su familia fueron plagiados en el municipio fronterizo con Venezuela. Al cierre de esta edición, la Octava División del Ejército, el Gaula Militar de Arauca y el Gaula de la Policía continuaban buscándolos en la zona. El caso de los Ramos, aunque es el más reciente, no es el único hecho violento. Rodrigo Londoño, conocido en la otrora guerrilla con el alias de Timochenko, ahora presidente del Partido Comunes, le dijo directamente al presidente Gustavo Petro que los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 necesitan que su gobierno salvaguarde su vida y seguridad.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), y en al menos cuatro publicaciones, Rodrigo Londoño le pidió al gobierno de Gustavo Petro que cumpla con las promesas de seguridad que les hizo. El excomandante de la extinta guerrilla le escribió al presidente que “honre el mandato popular” con el que fue elegido en relación con el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Estas peticiones del jefe de Comunes se dan en medio de la preocupación que ha mostrado el partido político por el asesinato de dos excombatientes en los primeros ocho días de año: William Alvarado Guzmán, en Garzón (Huila), y Wilmer Ruiz Delgado, en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Los asesinatos de estas dos personas fueron registrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El caso de William Alvarado Guzmán, de 62 años, se registró el pasado 1 de enero. Según los relatos de los habitantes de Garzón (Huila), el excombatiente se encontraba en un local celebrando la llegada del Año Nuevo, cuando se vio involucrado en una riña. En medio de ese conflicto, al parecer, su asesino sacó un arma blanca y lo apuñaló por la espalda. En ese caso, el presunto victimario fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos.
El segundo caso que prendió las alarmas en 2025 fue el de Wilmer Ruiz Delgado, de 41 años, ocurrido el pasado 5 de enero en el asentamiento Cataleya No.2, de San Vicente del Caguán (Caquetá). En esa ocasión, hombres armados balearon a Ruiz Delgado y huyeron del lugar. Por esas dos muertes, Rodrigo Londoño llamó la atención del presidente Petro: “No hemos finalizado la primera semana de este nuevo año 2025 y ya nos enfrentamos al doloroso asesinato de otro firmante de paz. Wilmer es la víctima número 445. ¡Basta ya de indiferencia y de impunidad! ¡Exigimos protección y respeto por la vida!”, escribió en su cuenta de X.
De acuerdo con las cifras de Indepaz, desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, han sido asesinados 94 firmantes. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022, fueron asesinadas 11 personas; en 2023, 50; en 2024, 31; y este año ya van dos. La avalancha de asesinatos contra firmantes de paz es un asunto que hasta la justicia ha tratado de ponerle freno. En 2022, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), por la falta de garantías a la protección de estas personas. Ante esos incumplimientos, en mayo pasado, el alto tribunal volvió a hacer un llamado a los ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Vivienda, Hacienda, Salud, Ambiente y Trabajo para que crearan un plan eficiente de protección.
Lo ordenado por la Corte también resalta que el Estado debe tener planes estratégicos de seguridad y protección a los firmantes y contar con requisitos para cumplir con la reincorporación de los excombatientes. Hasta el momento, el jefe de Estado no ha dado una respuesta clara a las peticiones de los excombatientes. Londoño, en nombre de Comunes, además de pedir seguridad, reclama que los firmantes no deben sufrir las consecuencias de los problemas fiscales que atraviesa en este momento el Estado en cabeza del gobierno Petro y que, por ahora, los tiene sin el dinero de un pago de renta básica, asignación mensual y suministro alimenticio. Mientras enero empieza con sangre para los excombatientes, todavía está en veremos la eficacia de la orden de la Corte Constitucional y en qué queda la promesa del presidente de cumplir con el Acuerdo con las FARC.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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