Planificación por incentivos

La idea es generar créditos preferenciales a bajas tasas de interés para la educación y la vivienda de interés social y establecer prioridad para las familias que reduzcan a dos el número de hijos en los nuevos programas de asistencia que genere el Estado. La justificación del proyecto, según lo explicó el ponente Hólguer Díaz, miembro del partido MIRA, es la reproducción de la  pobreza producto de la falta de planificación en los estratos más bajos. Mostrando los datos de la reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, el representante insiste en que mientras el promedio de hijos de las clases más favorecidas es de 1.5, en las más bajas éste es de 3.3. Concluye, por tanto, que si se quiere reducir la difícil falta de garantías y oportunidades que actualmente golpea al 46% de la población, son necesarios programas alternativos que acompañen las campañas de educación sexual.

No le falta razón al representante Díaz. Si bien el país gracias a la introducción de los métodos de planificación ha reducido desde los años sesenta su tasa de fecundidad a menos de un tercio de lo que era, la población pobre sigue teniendo muchos más hijos que los que puede atender y mantener. Según la ENDS, la fecundidad observada el año pasado del estrato bajo es de 2.5 y del estrato más bajo de 3.2. La situación empeora cuando se mira por nivel de educación: las mujeres con primaria tienen 3.2 hijos y las que no cuentan con ninguna educación alcanzan 4.3 hijos en promedio, cifras ambas que contrastan con la de las mujeres que lograron educación superior, cuya tasa de fecundidad llega tan sólo a 1.4 por mujer. En regiones más apartadas, como la Orinoquía y la Amazonía, el promedio de fecundidad es mayor que en el resto del país y en las zonas rurales, cuando se compara con las ciudades, el caso es el mismo.

La peligrosa trampa de pobreza que esta situación evidencia, y la desigualdad que significa, merece, sin duda, de fuertes políticas públicas que impulsen el desarrollo del país. En este sentido vale la pena considerar —sin dejar de ofrecer las garantías que son obligación del Estado, por supuesto— la reducción del tamaño de las familias a través de beneficios económicos. Esto además, porque generaría una especie legitimidad y deseabilidad alrededor del dos, en cuanto al número de hijos, como ha sucedido otras veces con muchas de los anuncios y las políticas del gobierno. La medida, al parecer, cumple además con ser constitucional, pues no se trata de una norma prohibitiva, sino dispositiva, como las que existen en Europa para el efecto contrario, las cuales, entre otras cosas, han dado resultados positivos.

Es importante, sin embargo, tener presente que si bien la fecundidad observada en las clases menos favorecidas es alta, la fecundidad deseada es mucho menor, hecho que indica que todavía nos enfrentamos a un  gran desconocimiento en términos de educación sexual y a un importante déficit de acceso a los métodos de planificación, ambos problemas que no se solucionarían con el proyecto. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que  el 52% de los embarazos ocurridos en años recientes en el país han sido no deseados —incluso si este porcentaje es menor en la población más pobre—, el proyecto puede tener incentivos perversos que vale la pena considerar, como el abandono infantil, o el aumento de los abortos en un país en el que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida. Hoy cerca del 16% de las mujeres embarazadas arriesgan su vida al someterse a abortos mal practicados, mal haríamos al solucionar un problema, agravando otro.