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The New York Times es famoso por preparar obituarios para personas notables mucho antes de su muerte. Ahora que la administración del presidente Joe Biden está por expirar, es necesaria una elegía por sus logros, fracasos y oportunidades perdidas en el terreno económico. (Lea el análisis del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, sobre inteligencia artificial).
Los logros de la administración son evidentes, al menos para el analista lúcido —si no, al parecer, para el votante promedio—. En los cuatro años de Biden, Estados Unidos superó prácticamente a todas las demás economías avanzadas en términos de producción, empleo y crecimiento de la productividad. A pesar de heredar una tasa de desempleo del 6,3% en enero de 2021 y una gran incertidumbre relacionada con la pandemia, la administración redujo el desempleo a solo el 4 % en sus primeros 12 meses, donde esencialmente se mantuvo durante todo el mandato de Biden.
El crecimiento del empleo entre los trabajadores negros fue especialmente impresionante. El desempleo entre los afronorteamericanos cayó por debajo del 6 %, mucho menos que el promedio del 10 % de las primeras dos décadas del siglo XXI.
Es cierto que la herencia de Biden también incluyó una economía afectada por la pandemia, lo que generó un amplio margen para que la producción y el empleo se recuperaran. Pero las consecuencias de la crisis financiera global y la recesión de 2007-2010 demostraron que la mera presencia de una desaceleración económica no es garantía de un rebote macroeconómico y una recuperación sostenida. Los funcionarios de la administración Biden se tomaron a pecho esta lección. Al impulsar la demanda, el gigantesco estímulo macroeconómico aplicado a través del Plan de Rescate Estadounidense, la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley CHIPS y Ciencia marcó la diferencia.
En retrospectiva, ahora será popular decir que estas medidas marcaron una gran diferencia. Provocaron un estallido de inflación, que fue un factor importante en la derrota electoral de la sucesora ungida de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris. Aunque la Reserva Federal logró controlar esta inflación pospandémica con relativa celeridad, el aumento de los precios en los surtidores y en los supermercados generó angustia entre los consumidores y proporcionó un tema de conversación eficaz para Donald Trump.
Si el gasto deficitario de la época de la pandemia se hubiera reducido con mayor celeridad, la inflación habría sido menor, pero la recuperación de la producción y el empleo habría sido más lenta. En conjunto, no está claro si el sentimiento entre los consumidores y trabajadores habría mejorado o si las perspectivas electorales de los demócratas habrían sido más alentadoras.
Otro costo del estímulo de Biden fue el aumento de la deuda del gobierno federal. Pero es importante no exagerar la gravedad del problema. La deuda en manos de la población como porcentaje del PIB aumentó del 94 % en 2021 al 100 % del PIB en 2024. Algunos considerarán que se trata de un aumento modesto, otros se alarmarán. De cualquier manera, no indica una crisis de deuda inminente. Los modelos económicos convencionales sugieren que un aumento de la deuda de esta magnitud hará subir la tasa de interés real (ajustada por inflación), como máximo, un cuarto de punto porcentual —en absoluto, un Armagedón para los costos del servicio de la deuda—.
Por supuesto, es lamentable que ni los demócratas ni los republicanos tengan ganas de abordar frontalmente el problema de los déficits crónicos. Y la promesa de Trump de recortes impositivos gigantescos implica déficits aún mayores y una deuda más alta. Pero a Estados Unidos todavía le quedan algunos años antes de que este problema se agudice. Los títulos del Tesoro de Estados Unidos todavía se consideran activos seguros. Puede llegar un momento, en un futuro no muy lejano, en el que los valores que hoy se consideran seguros se recalifiquen de inseguros. Pero los mercados financieros no van a forzar la cuestión en 2025.
También están las políticas industriales de Biden. El Departamento de Comercio de Estados Unidos asignó US$53.000 millones a fines de 2024 para las inversiones CHIPS propuestas por el sector privado, que abarcan 23 proyectos. Aprovechando otros incentivos, las empresas se han comprometido a realizar casi US$400.000 millones en nuevas inversiones en semiconductores en Estados Unidos. La administración saliente prevé 115.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción y la fabricación como resultado de estas inversiones.
Sin embargo, no está claro si empresas en problemas como Intel pueden competir con gigantes como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Samsung, incluso con la ayuda de estos subsidios. Las empresas extranjeras de semiconductores que buscan radicarse en Estados Unidos se quejan de los altos costos de construcción y de la capacitación inadecuada y la mala disciplina de los trabajadores. Por otro lado, la burocracia federal tiene un historial muy heterogéneo al elegir a los ganadores. ¿Se acuerdan de Solyndra, empresa de paneles solares quebrada que había contado con el apoyo de la administración de Barack Obama? (Para ser justos, la administración Obama también respaldó desde el principio a Tesla, de Elon Musk, a pesar de la menor participación de mercado de Tesla en Estados Unidos).
De hecho, impulsar la productividad y crear buenos empleos no fueron los motivos fundamentales para la Ley CHIPS. El motivo central era geopolítico: reducir la dependencia de Estados Unidos de China —y de Taiwán, sobre el que se cierne China— para insumos de alta tecnología y, en términos más generales, garantizar que Estados Unidos sea autosuficiente en el desarrollo y la fabricación de productos esenciales de alta tecnología. Si los subsidios de la Ley CHIPS no producen el resultado deseado, habrá más subsidios. El objetivo final no es más productividad y más empleo, sino más bien la seguridad nacional, aunque lograrlo tenga un costo económico significativo.
En cuanto al medio ambiente, el historial de Biden es mixto. Ha utilizado órdenes ejecutivas y regulaciones para proteger zonas verdes, fortalecer la aplicación de las leyes ambientales y ayudar a las comunidades que son víctimas de la contaminación y daños relacionados. Su administración, al no lograr que el Congreso llegara a un acuerdo sobre el Nuevo Pacto Verde, recurrió a créditos fiscales al consumidor para vehículos eléctricos (VE) y electrodomésticos de bajo consumo. La Ley IRA también proporciona financiación para inversiones en tecnologías de energía limpia. Pero este gasto se distribuye a lo largo de diez años y su magnitud palidece en comparación tanto con las inversiones en energía limpia de los gobiernos europeos como con la escala del problema global. Además, los subsidios al consumidor de la Ley IRA son discriminatorios, pues no se extienden a los vehículos eléctricos ni a las bombas de calor importados.
Esto nos lleva al historial de la administración en comercio y protección. Biden no mantuvo lo peor de los aranceles de Trump, pero sí continuó con los aranceles a las importaciones de China y, en 2024, su administración anunció alzas arancelarias sobre otros US$18.000 millones de productos chinos, entre ellos VE, células solares, baterías, acero, aluminio y mascarillas faciales. Más que promover la autosuficiencia nacional, estas medidas intentaron defender el objetivo específico de desacoplarse de China, lo que refleja que la administración ve a la República Popular como un rival económico y geopolítico.
Biden no hizo nada para impulsar la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Siguió obstruyendo la designación de jueces para el Órgano de Apelación de la OMC, sin duda porque esos jueces habrían tenido directamente en la mira los subsidios discriminatorios de la Ley IRA. Para quienes creen que la globalización necesita toda la ayuda posible, este historial fue una decepción. No fue el peor historial comercial de cualquier administración reciente, pero tampoco el mejor.
Un problema de política económica final es la inmigración, donde Biden pasó de ser liberal a restrictivo, en línea con el humor político prevaleciente. Sus políticas terminaron por no complacer a los defensores ni a los opositores de la inmigración. Biden tomó medidas drásticas contra los cruces fronterizos ilegales, abriendo al mismo tiempo vías legales para inmigrantes de países en dificultades como Haití y Ucrania. Pero el estatus legal de muchos inmigrantes sigue siendo incierto, lo que limita su incentivo para invertir en educación y tomar otras medidas para contribuir a la economía.
Se puede discutir quién es el responsable de este fracaso al reformar el sistema inmigratorio: una administración que pasó de una posición a otra, o un Congreso republicano que vio el caos en la frontera como una ventaja política en beneficio propio. Personalmente, opto por la segunda opción. Pero no hay duda de que el resultado fue una falla de señal.
Este es el legado económico de Biden. Su legado político se puede resumir de manera más concisa: deja atrás un desastre candente. Si se hubiera retirado antes de la carrera presidencial, podría haber habido muchas posibilidades de que su sucesor mantuviera muchas de sus iniciativas en materia de política económica. Ahora veremos cuántas de esas políticas —si es que alguna— sobrevivirán a cuatro años de Trump y J. D. Vance.
* Barry Eichengreen es el autor del libro In Defense of Public Debt (“En defensa de la deuda pública”, Oxford University Press, 2021). Copyright: Project Syndicate, 2024. www.project-syndicate.org
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