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En todos los documentos que entregó Ricardo Roa al Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, en 2022, su nombre aparece junto al de María Lucy Soto, la entonces auditora de todo el proceso electoral. Ambos, después de que su candidato llegó a la presidencia, lograron cargos en el Gobierno: el primero, como presidente de Ecopetrol, y la segunda, como secretaria general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Sus roles, que parecieron haber sido únicamente administrativos antes de los comicios, recobraron importancia política desde que se conoció el escándalo de Nicolás Petro, el primogénito del mandatario y quien reconoció ante la Fiscalía que a la campaña de su padre supuestamente entraron dineros de forma irregular. Aunque todavía no se conoce el origen de la plata, lo que la Fiscalía investiga es si los responsables de la campaña, como Roa y Soto, entre otros, tuvieron conocimiento sobre recursos que no fueron reportados o si tenían procedencia ilegal.
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El mismo Nicolás Petro y su expareja, Day Vásquez, han sido enfáticos en reiterar ante la justicia y medios de comunicación que ni el presidente ni Ricardo Roa supieron de los dineros entregados por el exnarco Samuel Santander Lopesierra o Alfonso “El Turco” Hilsaca.
De acuerdo con la información que reportaron en Cuentas Claras el gerente Roa y la auditora Soto, en la capital del Atlántico apenas hubo cuatro eventos durante la campaña presidencial. Uno que costó casi $122 millones y que estuvo a cargo de la empresa RBA Logistics Service SAS, y uno más por el que pagaron $111,7 milones, bajo la dirección de Jorge Alberto de La Hoz Albán, un reconocido publicista del Caribe, aunque en ninguno de los casos especifican la fecha de cada uno.
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Otro de los encuentros que quedaron registrados fue uno que se realizó el 27 de abril de 2022 y que apenas habría costado poco más de $3 millones, que se le pagaron a Eloisa del Mar Bernal Arévalo. Y la transmisión de cierre de campaña, por la que pagaron $ 4 millones a Carlos David Montes Rodríguez. Este documento, que firmaron Roa y Soto, es una de las pruebas clave que analizarán la Fiscalía y el CNE para corroborar la información que entregó Nicolás Petro a la justicia y determinar si se omitieron dineros de la financiación.
Uno de los grandes eventos que se cumplió en Barranquilla, que no fue reportado porque lo hicieron antes de que empezara formalmente la campaña, fue el 10 de septiembre de 2021, en la Plaza de la Paz de esa ciudad. Allí se dibujó la letra P en rojo en toda la plaza pública y fue donde Petro abrió su camino político en la Costa.
Sobre ese episodio, Ricardo Roa, en diálogo con Blu Radio, afirmó que no tuvo conocimiento del rol que cumplió el hijo del hoy Jefe de Estado en la organización o financiación de ese encuentro porque, para ese momento, se encontraba fuera del país y no asumía todavía como gerente de campaña.
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La contadora María Lucy Soto, directora del ICBF, le dijo a El Espectador que no se pronunciará sobre el escándalo que ahora la involucra, pero sí envió un comunicado en el que asegura que “no ingresaron recursos diferentes a los debida y oportunamente reportados mediante la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral”. Aunque en un comienzo la funcionaria había accedido a hablar con este diario, después decidió no hacerlo.
Su versión es la misma que dio el exgerente Ricardo Roa, quien señaló que no saben por qué Nicolás Petro recibía dineros si desde la gerencia nacional de la campaña “la única persona autorizada para recaudar, firmar contratos y recibir plata era el gerente nacional, pero esta campaña no tuvo gerentes regionales ni locales. Sólo operadores logísticos”.
Lo grave es que, de acuerdo con Roa, Nicolás Petro no tuvo ninguna responsabilidad, cargo ni mando formal dentro de la campaña presidencial de su padre, a pesar de que en todos los eventos que se realizaron en Barranquilla se vio a Nicolás en la tarima, cumpliendo tareas logísticas y no sólo de asistente. Una de las formas que tuvieron para zafarse de responsabilidad fue afirmar, en el comunicado, que “cualquier presunta acción adelantada por personas vinculadas o no a la campaña, que hubieran captado recursos, a cualquier título, estas deberán suministrar las debidas explicaciones a las autoridades correspondientes”.
La Ley 1864 de 2011, que es la que reglamenta las campañas electorales, especifica que las responsabilidades por irregularidades en la financiación no es únicamente administrativa, sino también penal. “Incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”. No es un asunto menor: de determinar que Roa supo de los ingresos irregulares, su carrera política quedaría en vilo.
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