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La casa de doña María Meneses es un tributo a su hijo, Cristian Hurtado. Además de las fotos y el altar en su nombre, en el hogar está instalada la tienda Mi tintico Cris, cuya función, más allá de sostener la familia, es permitir que Meneses no caiga en la nostalgia recordando cada minuto a su hijo. En la sala de la casa, ubicada en Soacha, permanece empolvada la motocicleta roja de quien el 9 de septiembre de 2020 fue asesinado, aparentemente, por un miembro de la Policía. Es el mismo vehículo en el que su “cachetes” llegaba de sorpresa, para cantar esos vallenatos y dar esos abrazos que se esfumaron, de repente, hace exactamente dos años.
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Cristian Hurtado es una de las 14 víctimas que habrían sido asesinadas por miembros de la Policía en el denominado 9S: la noche en que se viralizó el sometimiento con sevicia contra Javier Ordóñez, quien murió tras recibir contundentes golpes en su hígado en el CAI Villaluz. Hurtado es parte del expediente que se desarrolla por la respuesta policial en el CAI Ciudad Verde, en Soacha, el cual fue atacado por manifestantes indignados contra la institución. No es un caso particular, pues a dos años de aquel 9 de septiembre la hipótesis se mantiene en que la Policía respondió con violencia en Verbenal, Villaluz, Timiza y Aures, en Suba.
“Hay días en los que me levanto y extraño a mi hijo como si fuese el primer día. Así pase el tiempo, para uno de madre es un vacío que queda para siempre, para toda la vida. Cada hijo es único en el corazón de una madre. Para mí, como madre de Cris, de mi “cachetes”, ese vacío está y no lo va a llenar nadie. Ese dolor queda conmigo hasta mi último día de suspiro en esta tierra. Hasta que Dios me llame a mí a encontrarme nuevamente con él. Sus sueños quedaron estancados, esa noche del 9 de septiembre de 2020, porque llegaron unos miserables a quitarle la vida vilmente”, le dijo Meneses a El Espectador.
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Han pasado 730 días desde que Ordóñez fue asesinado. El expatrullero Juan Lloreda, procesado por los hechos, negoció con la Fiscalía y los familiares de la víctima, y desde hace más de un año paga una condena de 20 años de prisión. Junto a él, la noche del asesinato, se encontraba el también destituido patrullero Harby Rodríguez, quien prefirió el camino del juicio, que aún enfrenta. El caso de brutalidad policial desató la oleada de protestas, cuya respuesta estatal sigue bajo una investigación cocinada a fuego lento. A pesar de que desde hace dos años se sabe que 14 ciudadanos murieron baleados en plena vía pública, no existe una sola condena.
El desarrollo de la investigación de la Fiscalía ha dependido de un solo elemento: las balas. Hasta ahora, solo se iniciaron procesos penales contra uniformados cuyas armas pueden ser directamente vinculadas a proyectiles hallados en los cuerpos de las víctimas mortales. Tal es el caso del patrullero John Antonio Gutiérrez, cuya arma de dotación coincide, según la Fiscalía, con municiones halladas en los cuerpos de Andrés Rodríguez (de 23 años) y Jaider Fonseca (17), asesinados a pocos metros del CAI Verbenal, en el norte de Bogotá. Cristian Hernández (26) falleció a metros de ese punto, pero su caso sigue en ceros porque no se encontró munición en su cuerpo.
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El caso de Anthony Estrada (28), venezolano asesinado en Soacha, le da algo de esperanza a doña María Helena Meneses. “Estrada cayó a unos escasos pasos de mi hijo. Nuestros abogados asumen que debió ser el mismo policía, dado que en el cuerpo de él sí se encontró la bala”, agregó. Justamente, por la muerte del ciudadano extranjero está en juicio el expatrullero Óscar Alexánder Márquez. Existen otros casos como el de Lorwan Steven Mendoza (30), quien murió en Soacha, en cuyo cuerpo sí se encontró una bala. Sin embargo, el elemento hasta ahora no resulta apto para cotejo, dejando al victimario en la completa impunidad.
En busca de la responsabilidad del Estado
Nury Rojas hace un mes cambió de hogar. Vive en un pueblo cerca de Bogotá, en una finca donde ha encontrado algo de paz para criar a su nieta y acompañar a su hijo. Difícil le resultó el vacío que dejó su otra hija, Angie Paola Baquero (29), en su antigua casa en el barrio Restrepo. La joven recibió un disparo en el abdomen cerca del CAI de Aures, en Suba. Por los hechos, el patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia está en juicio penal y podría ser destituido por la Procuraduría. Su vinculación al expediente, de nuevo, se dio por la bala hallada en el cuerpo.
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“Nunca, ni con plata ni con nada, me van a reparar por el dolor que siento. A mí como mamá me mataron en vida y a mi familia también. La única justicia para mí es saber que ese señor está destituido y pagando en una cárcel lo que hizo. Es muy injusto que a uno por buscar verdad lo amenacen y lo obliguen a esconderse. Quiero saber: ¿Quién dio la orden? ¿Quién me quita a mí este dolor? ¿Quién me va a devolver a mi hija? Nadie. Me toca hasta cuando me muera descansar del dolor que tengo”, le dijo Nury Rojas a El Espectador.
Rojas es representada por la abogada Alejandra Garzón, de DH Colombia, quien radicó esta semana cuatro solicitudes de conciliación con el Estado por “la masacre policial del 9S”. Ante la Procuraduría, familiares de víctimas tendrán reuniones con la Policía, la Alcaldía de Bogotá y distintos hospitales donde fueron atendidas víctimas que llegaron con signos vitales. Si no llegan a acuerdos, de inmediato será radicado el mismo número de demandas contra el Estado, con las cuales Colombia podría ser condenada por acción u omisión por la respuesta de sus instituciones.
“Hemos solicitado sobre todo reparaciones simbólicas. Sobre los hechos cerca del CAI Verbenal, pedimos que deje de existir y que, en su lugar, se cree un centro de cultura. Solicitamos que la calle 187, donde se cometieron esos crímenes, sea renombrada como calle 9 de Septiembre. En el caso de los jóvenes ejecutados, las familias han manifestado la importancia de hacer un monumento en su nombre, que la gente no solo recuerde su asesinato, sino también conozca quiénes eran Angie Baquero, Cristian Hernández, Cristian Hurtado, Jaider Fonseca, Germán Smith Puentes, Julieth Ramírez y todos esos jóvenes que resultaron lesionados”, señaló Garzón.
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También buscará una conciliación la familia de Julián González Fory (27), estudiante de ingeniería industrial baleado cerca del CAI Timiza, en el suroccidente de Bogotá. Y la de Cristian Rodríguez (22), la última víctima en ser reconocida tras el 9S, quien murió por un disparo en la cabeza en Engativá. Todas estas familias deberán sentarse con el Estado, ahora representado en el gobierno Petro. A las conciliaciones deberían asistir delegados del nuevo director de la Policía, el general Henry Sanabria, o de la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien recientemente le dijo a El Espectador en entrevista que “estará con las víctimas”.
¿Alguien dio la orden?
Hace dos años, Julieth Ramírez (18) salió en la noche a casa de una amiga a ver películas. Lo siguiente que supo su padre fue que había sido baleada cerca del CAI La Gaitana, en Suba. Y esa, aparte, es la única realidad en la investigación por su muerte. Jamás se encontró la bala que permitiera atar cabos y llegar al responsable. En casos como este, DH Colombia, Lazos de Dignidad y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), han insistido a la Fiscalía que inicie acciones contra los altos mandos que estuvieron al frente de las operaciones esa noche. Llegar a posibles respuestas para la pregunta: “¿Quién dio la orden?”.
“Seguimos creyendo que sí hay una responsabilidad por cadena de mando que se podría alegar por omisión. Los altos mandos tienen la responsabilidad por el control sobre las personas que están a su cargo. Pero la Fiscalía no quiere avanzar en eso. Lo hemos planteado no solo en el caso del 9-S, sino en el paro nacional”, agregó la abogada Nadia Triviño, apoderada de las familias de Lorwan Mendoza (30) y Germán Smith Puentes (25). La abogada Garzón solicitó a la Fiscalía imputar al teniente coronel Roberto Carlos Sánchez, quien en la noche del 9S era el comandante de la estación de Usaquén, con jurisdicción sobre Verbenal.
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“Estuvo presente en el marco del operativo ilegal en donde la Policía de manera sistemática disparó alrededor de 75 veces en contra de los jóvenes. Sucede lo mismo con el comandante del CAI Verbenal, Alberto Cuartas, quien se encontraba en el momento de los hechos”, agregó Garzón. Sabe que imputarlos es posible, dado que en Cali están en juicio el comandante operativo de la Policía, el coronel Édgar Vega, y el comandante de operaciones especiales, el teniente Néstor Mancilla. Ambos están acusados por un puñado de homicidios que al parecer cometieron hombres bajo su mando durante las protestas del paro nacional de 2021.
Una casa para la memoria
Luego de sostener conversaciones con la Alcaldía de Usaquén, el pasado 6 de septiembre fue inaugurada en esa localidad la Casa de la Memoria, en honor a las víctimas del 9S. Entre las anfitrionas estuvo Maira Páez, quien era la pareja de Jaider Fonseca (17), uno de los jóvenes muertos en Verbenal. Juntos tuvieron un hijo, quien inspiró uno de los espacios del edificio. Se trata del cuarto para las madres, donde mujeres de la zona podrán asistir a talleres de relajación y de enseñanza. La casa, en su primer piso, ofrece una galería para no olvidar a las víctimas. Además, cuenta con espacios de música, pintura, lectura y serigrafía. Será una casa de todos, dicen.
“Ver a Samuel corriendo por los espacios de la Casa de la Memoria me llena de inspiración a seguir. Queremos que no existan más niños corriendo sin su padre, no es justo. Uno nunca va a sanar. Me arrancaron una parte de mi ser. No solo murieron los sueños de Jaider, mueren los sueños que teníamos como familia. Mueren los derechos que tenía mi hijo. Mi vida es una montaña rusa. Gracias a estos procesos que se han construido, gracias a lo que hemos logrado, este vacío se va llenando de herramientas que nos sirven también para reconstruir el tejido social”, agregó Páez.
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Según la ONG Temblores, además de los homicidios, hubo 271 víctimas de violencia policial. La Policía, por su parte, reportó más de 30 capturas y la vandalización de 72 CAI, de los cuales 22 fueron incinerados. Hace un año, el exdirector de la Policía de entonces, el general Jorge Luis Vargas, ofreció unas muy criticadas disculpas: “La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirles disculpas, perdón, a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en donde un policía, de manera comprobada y con todo el debido proceso, se ha comprobado que ha cometido un acto contrario a la ley”.
Se cumplen dos años desde que la brutalidad policial del asesinato de Ordóñez motivó a la ciudadanía a manifestarse a pesar del covid-19. A cambio recibió abusos. Los defensores de derechos humanos concluyen que quizás un mejor trabajo de la Fiscalía, y un castigo ejemplar en ese momento, hubiese evitado la grave violencia que se vería meses después, en el paro de 2021. Mientras un puñado de uniformados han sido plenamente identificados por el 9S, los familiares de las víctimas soportan, como pueden, el dolor de la ausencia de sus seres amados. El 9 de septiembre ya no es un día cualquiera para estas 14 familias.
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