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A comienzos de 1997, campesinos del Cesar fueron víctimas de masacres, hurtos de ganado y desplazamientos masivos, por cuenta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En medio de las amenazas, 85 familias campesinas del predio “El Toco”, en el corregimiento Los Brasiles, del municipio de San Diego (Cesar), se vieron obligados a abandonar sus tierras. Hoy, 13 años después del violento “exilio”, la Juez Primera del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar dictó la primera sentencia de restitución, en la que ordena la devolución de tierras a dos familias, que fueron víctimas de la Auc.
El viacrusis de los campesinos solicitantes de la restitución empezó en 1991, cuando junto a otras 83 familias invadieron el predio El Toco, que en ese entonces era propiedad privada de la Sociedad Palmera del Cesar ltda. El terreno fue dividido entre las familias, quienes se dedicaron a explotar la tierra. Pero en 1997, el Instituto de Reforma Agraria (INCORA), hoy INCODER, compró el predio y les adjudicó terrenos a varios campesinos que llevaban más de 5 años ocupando las tierras.
El 22 de abril y el 19 de mayo de 1997, miembros del Bloque Norte de las Auc irrumpieron en El Toco, intimidaron a la población tildada y asesinaron a 8 campesinos líderes de la zona, a quienes señalaron de colaboradora de la guerrilla. Tras la desmovilización de los grupos paramilitares y el comienzo del proceso de Justicia y Paz, miembros de la organización delincuencial reconocieron su participación en la matanza. Dos miembros del Bloque Norte, Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, y Francisco Gaviria, alias ‘Mario’, reconocieron el crimen hace dos años ante la Fiscalía.
Alias ‘Mario’ dio detalles de la incursión paramilitar y las amenazas a los campesinos: “les dijimos: ‘bueno, necesitamos que nos desocupen esta zona’. Esa era la orden. Por su parte, alias ‘El Tigre’ relató: “Llegamos al sitio e fuimos tocando puerta por puerta para sacar a algunas personas. A medida que íbamos sacando, se les daban de baja (…) fuimos como en dos o tres camionetas (…) se saquearon unas cosas en el pueblo”.
Temiendo por sus vidas, las familias acataron la orden de los paramilitares y abandonaron las tierras. Incluso, una familia renunció a la adjudicación y realizó la venta de las mejoras a otra persona. Dicha negociación, según la sentencia de la juez agraria, se dio en un contexto de violencia y por un valor irrisorio, lo que constituye mala fe del comprador, quien se aprovechó de la situación. Por tanto, en la sentencia de restitución, la juez declaró nula la resolución que adjudicó el predio al comprador de las mejoras. Además, la juez reprochó la actitud del INCORA por aceptar la renuncia del campesino a la adjudicación, sin fijarse en el contexto de violencia que vivía la zona, situación que obviamente sirvió para forzar la renuncia del campesino, por el temor que sentía a perder su vida.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar decidió devolver el predio a favor de un campesino y su esposa. El segundo solicitante de tierras, junto a su esposa, será compensado con la entrega de un inmueble de similares características al despojado, ya que sobre el mismo terreno se presentaron otros despojos y, por eso, se le restituirá a otra víctima. Para compensar al campesino beneficiado con la sentencia, la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras Despojadas tiene un plazo de 3 meses.
Además las autoridades militares y la policía, especialmente del Cesar, deberán brindar la seguridad necesaria para garantizar el regreso de las familias a sus tierras. Por su parte, la Alcaldía de San Diego tiene que hacer gestiones con la empresa de servicio público de energía eléctrica, para que preste el servicio en el predio restituido, ya que actualmente no cuenta con luz.
No tan optimistas
A pesar de que esta sentencia resuelve la primera de las 2.061 solicitudes de restitución que se han presentado en Valledupar, organizaciones campesinas no celebraron con tanto entusiasmo. Según Julio Fuentes, miembro de la Coordinación General de la Mesa Nacional Campesina, la sentencia no aseguraría la restitución de los campesinos. “La ley de tierras no se puede llevar a la realidad, porque no hay garantías de no repetición. Los ejércitos “antirestitución”, liderados por los terratenientes a los que se les están quitando los predios, siguen rondando y serán una amenaza para estas familias, a las que les harán la guerra hasta despojar a los campesinos de nuevo”.
Esta afirmación parece tener respaldo en el informe que realizó la Defensoría del Pueblo, para investigar las denuncias presentadas por los campesinos frente a la aparición de un grupo enemigo de la restitución de tierras. De acuerdo con el estudio, los departamentos de Sucre y Bolívar serían los más vulnerables a esta organización, al igual que la población que se encuentran dentro de los procesos de reclamación de tierras en estas zonas del país. Según el estudio, “si no se toman medidas para contrarrestar está situación, se prevén actos de terror e intimidación de la población civil, por medio de amenazas, homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, toma de rehenes, actos de pillaje y destrucción de bienes, reclutamiento y desplazamiento forzado”.
El llamado ejército antirestitución, que ha perseguido y ha asesinado a algunos líderes de reclamantes de tierras, también se ha dado a conocer por las supuestas amenazas a personajes públicos como el congresista Iván Cepeda; la exalcaldesa de Apartadó (Antioquia), Gloria Cuartas, y la exsenadora Piedad Córdoba. A pesar de este panorama, que contrasta con la celebración por la primera sentencia de restitución en Valledupar, el Gobierno insiste en que brindará seguridad para contrarrestar la nueva organización criminal y garantizar la seguridad de la población.