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Pese a que la apretada agenda ha evitado una discusión profunda de la reforma, hubo puntos en los que se evidenciaron las diferencias entre las cortes, el Congreso y el Gobierno.
El tema más espinoso, el de la ampliación del fuero militar, que implica que el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en primera instancia y en casos de investigaciones sobre acciones en el campo de batalla quede a cargo de la Justicia Penal Militar, fue avalado por el Senado. Sin embargo, el Partido Liberal anunció que para la segunda vuelta solicitará la independencia de dichos tribunales militares.
En este punto se agregó un inciso al artículo 251 de la Constitución Política, según el cual cuando la Fuerza Pública comete un delito se presume que se realizó en un acto de servicio. Se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario.
En lo referente al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el Consejo de Estado planteó mantenerlo con tres salas: Disciplinaria, Administrativa y de Gobierno, propuesta que para el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, era “la conformación de una Torre de Babel que haría más complejo el funcionamiento de la Rama”. Finalmente, la Sala Disciplinaria no tendrá modificaciones, pero se eliminará la Sala Administrativa. En su lugar, será constituida una Sala de Gobierno, cuya administración estará encabezada por un gerente y en la que tendrán asiento representantes de las cortes, el Gobierno y los tribunales.
Sobre los recursos para la Rama Judicial, le será asignado el 2% del Presupuesto General de la Nación y, durante cinco años, $1 billón por vigencia para descongestión. También fue aprobada la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en su lugar se conformará un tribunal especial con nueve miembros con calidades de magistrado nombrados por la misma Cámara.
Los congresistas tendrán doble instancia para su juzgamiento en la Corte Suprema, para lo cual se crearán las salas de Investigación y de Juzgamiento. La segunda instancia queda en manos de la Sala de Casación Penal. De otro lado, 45 años será la edad mínima para ingresar a las altas cortes, donde el período de los magistrados pasará de 8 a 12 años y la edad de retiro forzoso será a los 70. Y pese a la polémica por el otorgamiento de funciones judiciales a notarios y abogados, el artículo fue ratificado, porque así se atacará la congestión de la Rama Judicial.
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