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Los Nule insisten en que ya entregaron todos sus bienes y que con eso alcanza para cubrir sus deudas. El liquidador de sus empresas los desmiente y dice que las cuentas no cuadran. La fiscal Viviane Morales tercia en la disputa al advertir que si ellos no tienen con qué indemnizar a las víctimas, se deben olvidar de cualquier negociación. El principio de oportunidad que están negociando con la Fiscalía sigue en el limbo.
El desfase en el balance financiero radica en un punto: mientras los Nule cuentan con las acciones que tuvieron en las electrificadoras de Tolima y Pereira (que podrían sumar casi $200 mil millones), el liquidador aún no lo hace, porque esos títulos no están a su nombre, sino en manos de sus antiguos socios Vergel y Castellanos, empresa que se defiende diciendo que adquirió esos títulos de buena fe.
Por este enfrentamiento avanza un litigio en la Superintendencia de Sociedades, promovido por el propio liquidador y la Contraloría que, en medio de las investigaciones por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, encontró presuntas irregularidades en esa transferencia de acciones. De fondo, el argumento del ente fiscal les da razón a los Nule.
Una de las fuertes críticas de los empresarios en medio del proceso penal es: ¿Por qué la Fiscalía no ha hecho nada por recuperar las acciones que están en poder de Vergel y Castellanos? Agregan que el ente acusador tiene la potestad de establecer medidas cautelares para proteger esos recursos a favor de los acreedores y hasta la fecha sigue sin hacerlo. “La plata está en Colombia y no han querido recuperarla”, indican los empresarios.
En la mira
Miguel, Guido, Manuel Nule y su socio Mauricio Galofre se enfrentaron ayer nuevamente a una audiencia de acusación por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal y falsedad en documento privado (ya aceptaron el peculado). En desarrollo de la audiencia el juez 36 penal de conocimiento excluyó a la firma Segurexpo, la Veeduría y la Contraloría como víctimas del proceso. Sólo se aceptó el IDU en esa condición.
En ese contexto, los Nule saben que su última carta para poder llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía está en que los organismos de control recuperen sus acciones en Enertolima y Enerpereira. Dinero suficiente, sostienen, para indemnizar a los acreedores y despejar su acuerdo con la justicia.
La Contraloría parece darles la razón: mediante el oficio 60112 que remitió el 12 de abril a la Superintendencia de Sociedades radicó una demanda para que se revoque la transacción en la que Vergel y Castellanos adquirieron las acciones de los Nule en las electrificadoras. Con una perla: por esa gestión la Contraloría pide una recompensa del 40% del dinero que se recupere.
La demanda la presenta contra las empresas de los Nule, Inversiones La Cabrera, las empresas de Vergel y Castellanos y todos los miembros directivos de esas compañías. Y lo hace por las supuestas maniobras que rodearon la transacción a mediados del año pasado. En esencia pide revocar esa negociación. Los cuestionados empresarios también habían denunciado esta transacción en la Fiscalía.
Historia
La sociedad entre los Nule y la empresa Vergel y Castellanos comenzó en junio de 2006 en la empresa Kapital Energy con el fin de adquirir la mitad de las acciones de las electrificadoras del Tolima y de Pereira. De dicha sociedad, los primeros tenían el 65% y los segundos el 35%. En diciembre de 2009 ambas firmas llegaron a un acuerdo en el que Vergel les iba a comprar a los Nule su participación en la empresa, avaluada en casi $130 mil millones. Dichas acciones se iban a entregar a medida que les fueran pagando.
Supuestamente Vergel, hasta marzo del año pasado, sólo había entregado alrededor de $20 mil millones del negocio acordado. Esto coincidió con el contrato que meses después hicieron los Nule con la empresa Inversiones La Cabrera, que consistía en la transferencia de todas sus empresas a cambio de una capitalización que permitiera el pago a los acreedores y volviera a darle oxígeno a la firma. Este negocio estaba supeditado a la aprobación de la Supersociedades.
Tras la firma del contrato, La Cabrera alcanzó a asumir el control de las empresas del grupo Nule y una de sus primeras negociaciones fue con Vergel y Castellanos, en junio de 2010, para entregar el dominio de las acciones de Enertolima. Pero el negocio Nule-Cabrera se cayó luego de que la Supersociedades rechazara la reorganización del grupo Nule y ordenara la liquidación de sus empresas Gas Kapital, MNV S.A., Bitácora Soluciones, Aguas del Alto Magdalena ESP y Aguas Kapital. A pesar de esto, la transacción de las acciones de las electrificadoras ya estaba hecha.
La Contraloría tiene serios reparos sobre este negocio y está dispuesta a recuperar esas acciones de los Nule. El ente de control fiscal advierte otra irregularidad: esa venta de acciones a Vergel y Castellanos se hizo dentro del período de sospecha que, según la ley, son 18 meses antes de la liquidación o reorganización de una entidad en apuros económicos. Los miembros del grupo Nule fueron citados en calidad de testigos por la Supersociedades en este caso.
La Contraloría pidió revocar dicha venta y devolver lo que corresponda de las acciones del grupo Nule en Enertolima y Enerpereira para liquidar a los acreedores. Y añadió: “Es evidente que se defraudó la prenda general de acreedores dentro de los procesos de liquidación de las empresas de los Nule, incluyendo las reclamaciones por las cuales se hizo parte la Contraloría, de lo cual tenía conocimiento el grupo Vergel y Castellanos, dado que fue una situación de público conocimiento. Se observa que el grupo VyC se prestó para el carrusel de los recursos de estas sociedades que administraban recursos públicos y aún conociendo de las situaciones de liquidez de las mismas”.
Vergel y Castellanos en todas las instancias procesales ha reiterado su tesis: son compradores de buena fe de esas acciones en las electrificadoras. La Contraloría no lo cree. Entretanto, Miguel, Guido y Manuel Nule reiteran que si se recuperan esos bienes se podrá indemnizar a sus acreedores. Se juegan la última carta para destrabar la negociación con la Fiscalía.