Su defensor

Una miríada de planes, personas, historias, carpetas e impresoras lo construyen a diario. Algunos proyectos estatales se contradicen: mientras varias iniciativas agarran a una persona de la mano para incluirla, otras instituciones empujan o marginalizan (bacrim y redes de trata de personas dentro de la Policía, por ejemplo). E incluso los proyectos que conceden beneficios con el fin de limar las desigualdades no lo hacen con el total de la población. O, mejor dicho, no lo hacen sin imponer condiciones. Sin asignar unos roles que la persona tendrá que asumir si quiere hacer parte de la ciudadanía (ser “el más pilo de los pilos”, nunca revirar ni agruparse en sindicatos o movimientos, no figurar en Datacrédito ni ser desagradecido con Vargas Lleras).

Así, en la cotidianidad de barrios, veredas, universidades y salones comunales acostumbrados a exigencias de inequidad y obediencia, irrumpió la Defensoría del Pueblo como un chorro de luz. Al promediar el año 93, el entonces defensor Córdoba Triviño resumía las funciones de la entidad, recién creada por la Constitución. Recibir quejas sobre abusos cometidos por autoridades, orientar e instruir sobre derechos, rendir informes al país, entre otras varias.

“¿Somos capaces de convivir sin disponer de la vida de nuestros semejantes?”, se preguntaba uno de los primeros comunicados de la Defensoría. Pese a los procesos de paz con el M-19 y el Epl y la desmovilización de algunos de los primeros paramilitares, las regiones continuaban hospedando tomas y enfrentamientos mientras otras cuadrillas paramilitares se reorganizaban. En ese contexto, Madrid-Malo, director nacional de promoción de derechos de la Defensoría, alertó: “el legislador colombiano aún no ha incluido la desaparición forzada entre las conductas punibles y en Colombia hay un desaparecido cada dos días, (…) que esto martille nuestras conciencias para apremiarnos a trabajar por descubrir el paradero de los desaparecidos y la identidad de los desaparecedores”. Frente a informes sobre violaciones graves de derechos por cuenta de agentes del Estado, el defensor, Córdoba Triviño, declaró: “Este panorama es una realidad desalentadora; demuestra hasta qué punto prevalecen en Colombia las prácticas menos democráticas para garantizar la existencia del Estado como tal”.

La Defensoría de los 90 lideró campañas por los derechos salariales de mujeres, de protección a presos políticos, en contra de la discriminación de género, color de piel e identidad sexual. Arreció contra las prácticas de “limpieza social” e implementó el sistema de alertas tempranas. Confrontó sin rodeos al Congreso que se negaba a blindar los derechos políticos. “Preocupa la represión de legítimas formas de protesta social. El disentimiento público, la manifestación vehemente de la inconformidad están constitucionalmente protegidos”, le recordó Córdoba a Tito Rueda Guarín, quien presidía el Congreso. E hizo muy bien, pues para entonces Rueda consolidaba alianzas con el paramilitarismo.

Este es quizás el quiebre de la Defensoría, cuyo debilitamiento se asoma finalizando la década. En el 2000 se reportaron 232 masacres en Colombia: además de la debacle paramilitar se hizo evidente el fracaso de las alertas tempranas. El quiebre es el Congreso que escoge defensores de entre sus entrañas. Lo que nos aleja inevitablemente de los días en que Córdoba Triviño defendía a las personas de los abusos del Congreso, sin pedirles nada a cambio.