… O el fútbol se nos acaba

Si bien la iniciativa del Gobierno no va a resolver de un tajo los problemas que ha venido soportando nuestro fútbol desde hace décadas, sí incluye herramientas para que se inicie el proceso de estructuración de los clubes como verdaderas empresas deportivas.

En la Cámara, el articulado obligaba a la conversión de las corporaciones en sociedades anónimas cuando el club disminuyera su patrimonio o presentara pérdidas sobre ingresos superiores al 20% o por incapacidad para pagar su nómina, pero en el paso por la Comisión Séptima de Senado se flexibilizaron estas condiciones. El proyecto establece estrictos controles y sanciones para los clubes que incumplan con el pago de obligaciones laborales, fijando un plazo de 60 días para que Coldeportes inicie proceso para suspender el reconocimiento deportivo del club, que no podría competir hasta tanto demuestre el pago de dichas obligaciones. Como novedad se incorporan disposiciones en seguridad y convivencia en el deporte profesional tipificando conductas y estableciendo sanciones para quienes atenten contra el espectáculo.

Si bien de dientes para fuera los directivos del fútbol afirman que apoyan el proyecto, una comunicación interna revelada hace unos días por este diario muestra que presionarán para introducir cambios radicales que eliminen las drásticas sanciones a los clubes. En la misiva, llaman a conversar con los “senadores amigos” para neutralizar los controles que los obligue a salir de la informalidad. A la vez, el Gobierno, como resultado del Acuerdo para la Prosperidad del Fútbol, ofreció préstamos por una suma cercana a los $150 mil millones para que los clubes puedan pagar sus deudas actuales y, por si fuera poco, otros $50 mil millones para capital de trabajo a través de Findeter, utilizando líneas de crédito a tasas más favorables que las existentes en el mercado financiero.

Los colombianos ya somos incrédulos después de tantos anuncios de los gobiernos de turno de poner en cintura nuestro fútbol, frustración nacional que se mantiene al constatar que clubes y directivos continúan usufructuando del negocio sin que se les pongan límites, algunas veces por miedo o desidia de los funcionarios a imponer sanciones que tengan costos políticos que comprometan su popularidad.

Todos queremos que se generen condiciones para la urgente reingeniería que necesita nuestro fútbol, pero resulta inaceptable que se sigan entregando beneficios sin que medie un verdadero compromiso de cambio. Con motivo del Mundial Sub-20 que se realizará en Colombia en julio próximo, se han hecho inversiones millonarias en ocho estadios del país, se continúa patrocinando con recursos públicos la operación de los clubes y de contera se entregan créditos blandos a clubes de papel y directivos de oportunidad a los cuales no se les reclama contraprestación alguna.

Gobierno y Congreso deben expedir una ley que les sirva a todos los colombianos sin admitir presiones de los “amigos” del fútbol, que permita la creación de los instrumentos de control y sanción que de una vez por todas le pongan fin a la tenebrosa historia en la cual se ha desarrollado nuestro fútbol en las últimas décadas.