Facultades extraordinarias

Las atribuciones especiales para la reorganización administrativa quedaron consignadas en 21 artículos poco detallados que le dan prácticamente vía libre al Ejecutivo para consolidar un Estado eficiente, justo y libre de corrupción. Palabras más, palabras menos, el mismo propósito que llevó a que el Congreso le concediera facultades semejantes al entonces presidente Uribe hace casi una década, y antes de eso al presidente Pastrana, y antes al presidente Gaviria. No obstante, y como bien lo han podido mostrar los años, más allá del presidencialismo que tales facultades reafirman, poco se ha logrado en esa dirección. No porque no haya reformas convenientes —que las hay, y muchas—, sino porque un Estado moderno y legítimo no se alcanza “creando, escindiendo y cambiando la naturaleza” de los mismos errores, como al tanteo parece que se ha hecho hasta hoy.

Es útil, sin duda, escindir el Ministerio del Interior del de Justicia. La pasada administración dejó claro que se requiere de una instancia mediadora entre el Ejecutivo y las altas cortes para evitar discrepancias que paralicen la democracia. Conveniente resulta también centralizar la defensa jurídica del Estado en un solo doliente. Y no está de más separar carteras con intereses contrarios como lo son la de Vivienda y la de Medio Ambiente o con protagonismos diferenciados, como la de Protección Social y la de Salud. Reasignar varias de las funciones del DAS y redefinir Estupefacientes parece igualmente prudente. Sin embargo, es en los detalles donde estará el éxito o el fracaso de la reforma, los cuales, por lo demás, no sólo no están definidos, sino que quedarán a discreción de los criterios técnicos del Gobierno, sin someterse a ningún tipo de discusión. Hay veeduría, sí, pero tres representantes de la Comisión Primera del Senado y tres de Cámara no son precisamente una resistencia capaz de hacer más amplia la perspectiva, y menos si pertenecen todos a la Unidad Nacional.

Este punto es importante, porque la creación de una agencia nacional de la defensa jurídica del Estado es, por ejemplo, una modificación insustancial si se siguen contratando los abogados más baratos del mercado. No precisamente por contar con defensores competentes es que pierde hoy el Estado el 80% de las demandas, con gran deterioro del erario. En el mismo sentido, ¿de qué sirve separar la cartera de Vivienda de la de Medio Ambiente si la regulación del uso de los suelos queda en manos de la primera? El desarrollo urbanístico y la protección de bosques y acuíferos son, en principio, propósitos opuestos y balancear el desarrollo del país supone dejar poderes a lado y lado, muy a pesar de las actuales presiones de los constructores. Estupefacientes, por los bienes incautados al narcotráfico, cayó en la peor corrupción. ¿Podrá hacerlo mejor la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda?

Aunque en principio las reformas parezcan sensatas, “a grandes rasgos” no se llega a un Estado más eficiente, justo y transparente. ¿Qué planes, por ejemplo, tiene el Gobierno para implementar en toda la rama sistemas de información fiscal y financiera para frenar la corrupción? ¿Por qué no replicar el SIIF de Hacienda y el SUIFP del DNP en cada una de las entidades públicas? ¿En qué mejorarán los mecanismos de rendición de cuentas con la reforma? En el gobierno Uribe se gastaron 20 millones de dólares en la reestructuración del Estado, que hoy se está deshaciendo. Lo mínimo que espera el país es saber con claridad qué se va a hacer con los nuevos recursos y cómo éstos garantizarán que las cosas, por fin, mejoren, pues con prueba y error no es que vayamos a llegar muy lejos.