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Un juez acaba de anular por tercera vez el proceso contra la junta directiva de una de las más grandes y antiguas comercializadoras de oro en Colombia. Se trata de CIJ Gutiérrez, una de las más poderosas comercializadora de oro de Colombia. La Fiscalía dice que 13 miembros de la compañía lavaron $2,4 billones a través de proveedores supuestamente ficticios para ocultar su origen ilícito. Sin embargo, un juez de Medellín acaba de anularle todas las actuaciones que había adelantado desde agosto de 2022 cuando le volvió a imputar cargos a las cabezas de la reconocida empresa que exportaba oro a Estados Unidos y Suiza.
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En este proceso eran procesados el representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la comercializadora, Margarita Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Muñoz Zapata, además del contador, Guillermo Antonio Rojas. También serán llamados a juicio los proveedores de oro Sebastián Vélez Flórez, Henry Hernández Remolina, Adolfo Olano León, Marisela Sanes Olmos, Elkin Pérez Yepes, Saúl Rojas Arroyave, José Ortiz Olarte, (hijo de un exalcalde de Marmato, municipio minero de Caldas), Joaquín Pérez Yepes y Enrique Tejada Segundo.
El juez que anuló el proceso señaló que la imputación y la acusación fueron tan confusas que dan a entender que en la operación de lavado de activos participó Bancolombia, hecho del que luego tampoco se hace referencia. Además, señaló que la Fiscalía solo hizo acusaciones sobre un billonario enriquecimiento ilícito, pero jamás fue a fondo. Es decir, volvió a cometer los mismo errores que llevaron a que otros dos jueces le anularan el proceso dos veces.
A su vez, Fabio Humar, uno de los abogados de la directiva de CIJ Gutiérrez, señaló que la Fiscalía en la imputación no logró mantener un discurso “coherente e hilvanado, lo que desde el inicio dio pie para anular de la imputación”. A juicio de Humar la Fiscalía en este caso solo “ha cometido yerros, cada vez más grandes, lo que se han señalado y nunca han sido corregidos. “La Fiscalía insiste en este caso a pesar las las evidentes y protuberantes fallas cometidas por la fiscal Lizbeth Karina Navarro, quien cometió un sinnúmero de equivocaciones”.
El origen del expediente contra CIJ Gutierrez
En octubre de 2020, un año y medio después del allanamiento a las instalaciones de CIJ Gutiérrez, una jueza especializada de Medellín anuló por primera vez todo el trabajo de la Fiscalía sobre el caso. En audiencia de acusación, citada para llevar a los procesados a juicio, la jefa del despacho argumentó que el ente investigador no entregó con claridad la hipótesis final de su pesquisa. Por tanto, podría violar el derecho a la defensa y debido proceso de los involucrados.
Antes, la misma jueza ya había llamado la atención de la Fiscalía y había señalado que, desde que se imputaron cargos en 2019, tres fiscales estuvieron a cargo de la investigación. Tal fue la dilación, entonces, que solo en el primer semestre de 2020 la acusación intentó hacerse en cuatro oportunidades. El primer obstáculo fue obra de la Fiscalía, pues presentó un escrito tan extenso como difícil de entender. Luego, llegó el COVID-19 y las diligencias no pudieron continuar.
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Durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, para abril de 2019, estuvo encargado el fiscal Rafael Francisco Rojas. No obstante, la entonces cabeza de la Dirección Contra el Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón Flórez, lo removió luego de que este no solicitara detención preventiva contra los 13 capturados. Luego, momentáneamente estuvo un fiscal de Medellín, para dejar todo en manos de Luis Enrique González. Él presentó el primer escrito de acusación, por el cual la Fiscalía terminó regañada.
A pesar del fallido trámite procesal, este diario registró parte de la hipótesis de la Fiscalía. Dentro de esas supuestas operaciones fraudulentas halló que, entre 2006 y 2008, CIJ Gutiérrez realizó operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Don Mario y El Alemán. El ente investigador dice que este también fue “pastor cristiano a través de Funpazcor”, la fundación fachada de los hermanos Castaño con la que despojaron las tierras de cientos de familias en Córdoba y Urabá.
En octubre de 2022, otra juez señaló que no logró determinar cuál era el papel de las personas investigadas en la presunta red de lavado de dinero. “El despacho extrañó ese tema de la organización, cuál era el papel de cada uno en esa organización delictiva y para qué delitos. De lo escuchado en la audiencia es forzoso es concluir que la irregularidad por la cual se anuló por el juzgado cuarto Especializado no se ha subsanado”, señaló la jueza del caso.
Sin embargo, ahora con este último gran tropiezo de la Fiscalía, el expediente vuelve a quedar en ceros y se convierte en un uno de los procesos sin resolver por parte de la administración de Francisco Barbosa a seis meses de que finalice su periodo.
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Por David Escobar Moreno
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