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A mediados de los años 90 la violencia en Colombia se intensificó en la medida en que paramilitares y guerrillas aumentaron su presencia territorial y poder militar con financiación derivada de la incursión en el narcotráfico, hecha posible por el desmonte de los carteles de Medellín y Cali.
La situación humanitaria, medida en homicidios, masacres, desplazamientos forzados y secuestros, se volvió de las peores del mundo, mientras que el Proceso 8.000 y el ostracismo internacional contra lo que se tildaba de una “narcodemocracia” desestabilizaron al Estado más allá de su anemia crónica.
A la luz de esta crisis, los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe acudieron a Estados Unidos para invitarlo a intervenir de forma más activa en el país. El resultado fue un gigantesco programa de asistencia que entre 2000 y 2015 superó los US$9.000 millones. Pese a que Pastrana también intentó negociar con las Farc mientras buscaba fortalecer el Estado de la mano de Washington, los componentes sociales del Plan Colombia vinculados a la paz palidecieron al lado de los militares asociados con la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, y la lucha contra las drogas, con lo cual algunos críticos, incluyendo la guerrilla, lo denunciaban como un plan de guerra.
Mientras que el Plan Colombia y su primogénito, la Política de Seguridad Democrática, arrojaron logros innegables en términos del robustecimiento del aparato coercitivo del Estado y su control territorial, la contrainsurgencia y la reducción de muchos indicadores de violencia, las “soluciones” de fuerza relegaron otras dimensiones de la seguridad y la estatalidad (como la justicia, los servicios públicos y la capacidad institucional local) a un plano secundario. Peor aún, conllevaron a la parapolítica, las chuzadas y los falsos positivos, en abierta contravención a la democracia.
Empero, la narrativa oficial colombiana y estadounidense gravita en torno a la “transformación extraordinaria” de un Estado “al borde del colapso” a una “verdadera historia de éxito”. La necesidad de promover a Plan Colombia como un ejercicio efectivo de consolidación estatal –no tanto de lucha antidrogas, en donde los hechos han vuelto insostenible el discurso– se ve reflejada en la inusitada celebración organizada por la Casa Blanca para conmemorar sus quince años. Además de exorcizar los fracasos en otros lugares como Afganistán, Irak y Libia, el aniversario legitima el asocio estratégico bilateral que existe hoy en torno a la exportación del “modelo colombiano” a terceros países.
El problema es que todo mito constituye una verdad a medias. El Plan Colombia puede haber posibilitado la paz firmada, pero no sin vacíos y daños colaterales que el posconflicto está llamado a corregir. Uno de los riesgos que corre Colombia es volverse prisionera de su propios “éxitos”.
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