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Ante el juez 28 de Control de Garantías, el contratista Julio Gómez, implicado en el escándalo del carrusel de la contratación, aceptó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia en su contra el fiscal del caso, Ricardo González, mencionó que Gómez se apropió de manera irregular de los dineros que recibió como anticipo para realizar las obras de la Fase III de Transmilenio.
La aceptación de tres de los cuatro cargos —Gómez no aceptó el delito de fraude procesal— que se le imputan fue el primero de varios compromisos a los que el cuestionado empresario llegó después de firmar con la Fiscalía el preacuerdo que, de ser avalado, lo convertirá en ficha clave del ente acusador dentro del proceso por el carrusel, caso por el que han sido judicializados, entre otros, el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; la exdirectora del IDU Liliana Pardo; el excongresista Germán Olano, y el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.
Dentro del preacuerdo se estipuló, asimismo, que el cuestionado contratista se comprometía a devolver alrededor de $12.400 millones como reparación a los perjuicios causados y a colaborar con todo lo que la justicia requiriera a cambio de beneficios jurídicos.
Este preacuerdo ya generó su primera controversia. Ayer el contratista Alejandro Botero, testigo estrella dentro de este proceso por el carrusel de la contratación, reveló una carta en la que el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, rechazaba el preacuerdo, pues consideraba que el mismo no contemplaba los perjuicios que habían causado los retrasos de las obras de la Fase III de Transmienio.
Por ahora sólo falta la firma del juez para que el preacuerdo quede formalizado y Gómez prenda su ventilador, siguiendo el ejemplo de otros implicados en este caso, como el exdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quienes se han convertido en testigos claves de este proceso.
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