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La agenda del Gobierno inició muy temprano esta semana con una reunión a primera hora del martes y a puerta cerrada entre la ministra de Educación, Aurora Vergara, y varios parlamentarios del Pacto Histórico. La cita fue para buscar salidas a las molestias de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) con los acuerdos que salvaron la Ley Estatutaria de Educación. Todo, en una semana clave para las reformas y a solo nueve días de que concluya el periodo de sesiones del Congreso.
El arreglo interpartidista que permitió la aprobación en tercer debate de la reforma en la Comisión Primera del Senado se convirtió en una bola de nieve para el Gobierno, pues lo que inició como el supuesto triunfo del oficialismo a través del consenso en el Capitolio, terminó en el descontento de las bases del petrismo y de varias organizaciones cercanas, como la federación de maestros, que irá a paro desde este miércoles 12 hasta el próximo 17 de junio, finalizando con la “gran toma de Bogotá”.
Los cuestionamientos se los han llevado la ministra de Educación, la congresista María José Pizarro y demás senadores de esa bancada en la Comisión Primera, que, a ojos de algunos de sus copartidarios de la Cámara, “se dejaron meter los dedos a la boca por la oposición”. El descontento ya va en un paro indefinido por parte de Fecode, el primero en los casi dos años del gobierno Petro convocado por una de sus organizaciones aliadas y posibles aportantes a la campaña presidencial. En varias fechas anteriores, esa federación había salido a marchar a favor del Gobierno.
Tras el encuentro con la ministra, el Pacto Histórico también se reunió con los directivos de Fecode este martes, pero no consiguieron ningún acuerdo y aseguraron que respetarán las manifestaciones: “Destaco la importancia de la movilización convocada. Tengan claro que desde esta curul estamos y estaremos del lado del movimiento estudiantil y profesoral”, señaló la senadora Pizarro.
En todo caso, el oficialismo buscará sentarse este mismo 12 de junio con los cinco congresistas independientes y de oposición que firmaron la enmienda que no le gusta a los maestros: Alfredo Deluque (Partido de la U), Germán Blanco (Conservador), David Luna (Cambio Radical), María Fernanda Cabal y Paloma Valencia (Centro Democrático), para que se acojan algunas proposiciones que buscan cambiar los puntos que han generado malestar.
(Lea: “Por falta de quórum y sin avances se levantó el último debate de la pensional”)
Pero los senadores de oposición ya le manifestaron a este diario que no van a ceder y que la reforma tendrá que debatirse ante el pleno del Senado tal y como salió de la Comisión. Inclusive, congresistas del Pacto Histórico prevén que cambiar lo aprobado el pasado 5 de junio será difícil, por lo que están preparados para enfrentar “a voto limpio” a la Plenaria. Y algunos auguran no muy buenas posibilidades, ya que sectores de los partidos tradicionales y de oposición estarían de acuerdo con la enmienda ya aprobada.
“Nosotros defendemos una serie de proposiciones para que se ajuste el texto y que vaya al cuarto de debate. Si la oposición no quiere, pues es porque están en contra de los acuerdos (…) tendremos que mirar los colegas qué dicen. Pero tener dos ponencias es difícil por el corto tiempo”, señaló el representante del pacto Histórico, Gabriel Becerra, quien fue ponente del proyecto en la Cámara.
Por eso, según fuentes consultadas, en el encuentro con la ministra habrían considerado intentar dilatar la discusión de la reforma en el pleno del Senado, para contener la crisis que se generó entre los grupos de profesores y bases del Pacto Histórico. Y es que, por ley, el Gobierno ya no puede retirar la reforma a la educación, como lo pide Fecode, a menos de que el retiro sea puesto a consideración de la Plenaria, en donde los votos respaldan la enmienda.
Lo cierto es que la molestia por ese acuerdo con la oposición podría seguir creciendo. De hecho, este diario conoció que algunos sectores de maestros pedirían la salida de la ministra Aurora Vergara sin importar el resultado: es decir, si se archiva el proyecto o si se aprueba tal y como está. Por el momento, los directivos de Fecode están buscando la forma de presionar al Gobierno por varios asuntos prioritarios en su agenda, como la reforma a la educación y las soluciones para la crisis en el sistema de salud de los profesores, pero sin que parezcan opositores. Eso, por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y los compromisos con su proyecto político.
Y desde la oposición, el senador David Luna aseguró que espera que se respeten los acuerdos, pese a la presión de Fecode. Este diario le pregunto cuál sería el paso a seguir si el gobierno rechaza continuar con lo tratado. Y respondió que bajo ninguna circunstancia va a quedar como los “pecadores”. “Nosotros fuimos quienes construimos el acuerdo y quienes ayudamos a empujar el texto que finalmente fue aprobado. Por esa razón, radicaremos nuestra ponencia. Si los términos no dan y la ley se hunde, esa será una responsabilidad del gobierno del presidente Petro, que es el autor del proyecto. Acá no hay ningún golpe blando”.
Las molestias no son solo de Fecode
Recientemente la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que han respaldado al Gobierno en todas las marchas a su favor, se opusieron a algunos puntos de la reforma pensional. La duda central es por lo que tiene que ver con el tope de aporte a Colpensiones, que tras consensos con los partidos tradicionales en el Senado, quedó en 2,3 salarios mínimos.
Así lo aseguró el presidente de la CUT, Fabio Arias, quien dijo que, aunque ellos han “venido respaldando la reforma pensional que presentó el Gobierno, que se consultó con nosotros y que se discutió en la Subcomisión de Concentración de Políticas Laborales y Salariales”, piden que se tenga en cuenta la propuesta para que “el umbral mínimo de cotización obligatoria a Colpensiones sea de 4 salarios mínimos”. Así las cosas, los sindicatos y el Congreso tendrían al Gobierno entre “la espada y la pared”, pues esas solicitudes pondrían en riesgo los acuerdos y el avance de las reformas.
De otro lado, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también tiene varias cuentas pendientes con los sindicatos de trabajadores de esa cartera, quienes iniciaron desde el pasado 31 de mayo una huelga indefinida por el supuesto incumplimiento de más de un centenar de acuerdos pactados entre 2023 y 2024.
Y aunque el 4 de junio la ministra informó que se cumplirá uno de esos acuerdos: el otorgamiento de la bonificación especial, desde el comité de huelga dijeron a El Espectador que su manifestación es indefinida y que se unirán a Fecode este 12 de junio. “No tenemos fecha de terminación del cese de actividades y eso lo tiene que garantizar el empleador”, señalaron.
A los sindicatos del Ministerio del Trabajo se suman también los de Colpensiones, quienes se manifiestan en contra del presidente Jaime Dussán por sus condiciones laborales. Por el momento, aseguran que todos los diálogos están suspendidos, pues la mesa negociadora designada ha sido bastante “impositiva”. Eso sí, desde ambos grupos del sector público quisieron aclarar que son huelgas contra Ramírez y Dussán, pero no contra el presidente Petro.
El malestar territorial
Los llamados al Gobierno se extienden también a aliados regionales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes se han alejado del Gobierno por cuenta de la escalada de la violencia en el departamento y por los supuestos incumplimientos sobre la implementación del plan cuatrienal de inversión. Y este 11 de junio, el presidente Petro visitó Ipiales, Nariño, para participar en la mesa regional permanente de concertación de los pueblos Pastos y Quillacingas, con la que buscaron precisar dudas sobre la ejecución de diversos compromisos pactados y contener una posible discordia con esas comunidades.
De otro lado, los cocaleros del Catatumbo, en Norte de Santander, denunciaron durante el pasado fin de semana varios incumplimientos en el programa de sustitución de cultivos. Eso, pese a que llevan meses en una mesa permanente con el Gobierno. Los cocaleros, que desde la elección del presidente Petro han apoyado a la administración de izquierda, amenazaron una vez más con salir a paro ante la crisis cocalera y la falta de compromisos claros.
Por ahora, entre la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano, y el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, se consolidaron varias propuestas en asuntos relacionados a la canasta alimentaria y el programa “Jóvenes en Paz”. Con eso, esperan calmar las aguas y la mesa de negociación continuaría los próximos 19 y 20 de junio en Cúcuta.
Lo cierto es que al gobierno Petro se le han levantado por lo menos tres nuevos frentes, y algunos de esos tocan directamente a las reformas. Incluso, las molestias manifestadas por las bases de profesores, trabajadores, indígenas y campesinos al Gobierno se suman a las de los jóvenes, que endurecieron su discurso en los encuentros del pasado 15 de mayo entre Petro y los Consejos de Juventud.
Por ahora, con mesas de diálogo y concertación, el Gobierno espera fortalecer el respaldo de sus bases, que estarían manifestando sus primeras molestias. Y mientras los funcionarios del Gobierno se enfrentan a toda la agitación interna, el presidente Petro participará en la Conferencia para la Paz en Ucrania en Suiza; también estará en Suecia entre el 12 y el 16 de junio. Allí buscará concretar varios encuentros claves y posicionar su discurso sobre la “paz total” y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.
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Por Laura Duarte Sandoval
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