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El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, fue acusado formalmente por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Según el ente investigador, la acusación se relaciona con presuntas irregularidades en la contratación de dos convenios suscritos en 2020 y 2021 por más de COP 8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.
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En audiencias pasadas, la Fiscalía indicó que el convenio con el Canal TRO, entonces bajo la gerencia de Amanda Jaimes, se firmó sin verificar las condiciones previas de obligatorio cumplimiento. Además, se habrían suscrito contratos con empresas pertenecientes a los padrinos de matrimonio del exgobernador Aguilar Hurtado y a una de sus hijas.
Con los convenios, el primero por más de COP 2.700 millones y el segundo por COP 5.800 millones, se buscaba ejecutar un plan de medios para fortalecer la imagen institucional. Sin embargo, el ente investigador señaló que no se cumplieron las disposiciones del Estatuto de Contratación Pública y que se omitieron varios procedimientos previos a la contratación.
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Por otro lado, durante la audiencia, la Contraloría General de la República solicitó ser reconocida como víctima, al considerar que los hechos evidencian una desviación de los principios que rigen la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, responsabilidad y economía.
Lo propio hizo la Gobernación de Santander, argumentando un interés directo en la recuperación de los recursos que habrían sido destinados a un objeto contractual diferente. No obstante, en otras oportunidades, Aguilar Hurtado se ha declarado inocente de los hechos que se le atribuyen. Aún está pendiente de ser fijada la fecha de inicio del juicio oral contra el exmandatario regional.
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