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Cuentan los vecinos del barrio Teusaquillo, en Bogotá, que en 2007 las autoridades desplegaron un fuerte operativo en la casa esquinera de la carrera 20 con calle 33. Algunos recuerdan helicópteros y uniformados rompiendo puertas. Dicen que la dueña, de encumbrado perfil, movía negocios para lavar dinero de narcotraficantes.
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Años de desuso convirtieron la casa en una de esas tantas propiedades abandonadas que adornan la ciudad; pero eso cambió, pues hoy es un innovador centro de investigación, a cargo de la organización Acción Técnica Social (ATS), que busca aportar en la disminución de riesgos producto del consumo de drogas, reconociendo la realidad de los consumidores.
Al acercarse al inmueble, un mural del estudio de grafiti Orfanato resalta a la vista: es una parafernalia de objetos empleados para consumir drogas, elementos de medición química y otros artefactos, manipulados por la silueta de una mujer. La obra, junto al Tuerto, el perro husky de la casa, son lo primero que encuentran los visitantes. Adentro, hay 15 personas de planta y 35 voluntarios, que le están dando nueva vida a esta casa esquinera. Desde el pasado 22 de mayo cualquiera puede acercarse los miércoles, jueves y viernes, después de las 2:00 p. m., a pedir el análisis de alguna sustancia, como lo hizo recientemente una joven, que llevó “pepa”. Allí, por $20.000, un experto la analiza, detalla qué contiene, da recomendaciones y una guía de consumo.
Al frente del proyecto de análisis está Mauro Díaz, director técnico del servicio de análisis de sustancias de ATS, quien se unió a la organización luego de pedir, en un evento, que revisaran una muestra. Desde entonces, aplica sus conocimientos como profesional químico, con un enfoque social. En la actualidad no solo presta el servicio, sino que también vive de ello. “Después de la pandemia hubo un pico de fiestas electrónicas y un aumento significativo de análisis. Constantemente modernizamos las técnicas de medición y las adaptamos a esta nueva generación de consumo. El análisis no solo es la parte química, sino una breve asesoría de consumo”, relata.
La práctica de análisis toma fuerza a medida que la cultura de consumo se inserta en la capital, con la proliferación de festivales musicales y la internacionalización de las sustancias alucinógenas. En 2023, se realizaron 12.206 pruebas de sustancias, en seis ciudades (7.992 en la capital). Aunque Bogotá es la ciudad pionera en dar esta discusión, en gobiernos pasados este tipo de espacios eran casi impensables.
Fue en 2018, en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la organización ATS, con proyectos como Échele Cabeza, presentó la idea de hacer un centro de investigación de drogas, con un enfoque que no fuera prohibicionista ni de prevención. Así lo cuenta Julián Quintero, sociólogo y director del proyecto, al recorrer los pasillos del centro, que inauguró a finales de mayo y aún conserva elementos como una enorme caja fuerte con las marcas de una soldadura. “Presentamos el proyecto de Centro de Investigación de Riesgos y Daños dentro del programa de la SAE, que destina predios que pertenecieron al narcotráfico, para resarcir los daños que causaron”, asegura.
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Ni el gobierno de Santos ni el de Iván Duque aceptaron la propuesta. “Aunque cumplíamos los requisitos, entre ellos 10 años de experiencia de la organización y solvencia económica para sostener la casa, el proyecto no estaba alineado con la política de drogas de esos dos gobiernos, que hasta entonces resarcían los daños del narcotráfico, vendiendo los inmuebles con el fin de adquirir más armamento para la lucha contra las drogas. Un centro de reducción de daños no es prevención ni prohibicionismo; es investigar alternativas para abordar el tema de drogas”, añade.
A inicios de 2022, con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, la propuesta de ATS estaba más en sintonía con el enfoque de la lucha contra las drogas con la que llegó la nueva administración. Tanto así que, a pocos meses de posesionado el presidente, el primer inmueble que entregó el FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado de la SAE), fue el del centro de investigación en Teusaquillo.
Pero allí no solo llegan a pedir análisis. El timbre también suena cuando alguien acude a recibir orientación psicosocial. Una vez ingresan, van a lo que fue un estudio de grabación, que usaron artistas y compositores en la época ilícita de la casa. Al ser una habitación tranquila y aislada del ruido, funciona como consultorio, donde reciben orientación de Sofía Posada, psicóloga criminal y química. Cuenta que la mayoría de los que consultan son personas que quieren moderar su consumo problemático, o padres de familia, llevados por sus hijos, que buscan desmitificar el consumo.
“El espacio de orientación psicológica es para todas las personas, desde el enfoque de reducción de daños; también para quienes quieren informarse para su primer consumo o padres que quieren saber más de lo que consumen sus hijos. Muchos vienen con mitos e ideas erróneas. Explicamos la naturaleza de las sustancias y resolvemos esas dudas”, apunta.
Acciones impensables, como crear una sala de inyección de heroína o avanzar en lo que Quintero ha llamado “investigación aplicada” de autocultivo de cannabis son las apuestas de reducción de daños de este nuevo centro. “Llevamos un año con el piloto de la sala de consumo supervisado de inyección de heroína, en el barrio Santa Fe, pero aquí se hacen los talleres. Todos nuestros servicios nos generan datos que nutren la investigación, para dirigirnos a una nueva política de drogas”, agrega el director.
Sin duda, este centro será la base de un nuevo debate alrededor de la política de drogas, en una ciudad donde cada día crecen los festivales y los espacios de consumo. Frenarlos parece imposible por lo que, seguramente, se hace necesario un cambio de perspectiva, como lo representa esta casa en el corazón de Teusaquillo.
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Por Juan Camilo Parra
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