¿Y las políticas públicas para la mujer?

Por este motivo, la Dirección, si bien no tenía estatus ministerial, podía participar en las reuniones del gabinete y adelantar, a través de las diferentes carteras, programas para garantizar el progreso de la mitad de la población, que suele recibir, por lo demás, la responsabilidad de los hijos. Teniendo entonces presente que el desarrollo del país dependía del desarrollo de sus mujeres y aprovechando el liderazgo de Colombia en la materia —para entonces el país era el único en la región con la mitad de las mujeres en la fuerza laboral y con una participación todos los años creciente de las mujeres en la política—, la Dirección comenzó a adelantar su agenda.

Sin embargo, desde la llegada del gobierno de Andrés Pastrana se comenzó un retroceso claro en la lucha de la mujer por su igualdad: además de rechazar el primer crédito de banca multilateral concedido en Latinoamérica para las mujeres empresarias, el gobierno Pastrana disminuyó la Dirección por la Equidad de Género de rango y ésta pasó a ser una consejería de la Dirección Administrativa de la Presidencia. Además de perder autonomía financiera, la entidad perdió estatus político y dejó de ser invitada a las reuniones ministeriales. A pesar de las pocas herramientas y el reducido presupuesto —$600 millones anuales, que siguen siendo hoy los mismos—, la consejería logró donaciones y adelantó distintos proyectos de sensibilización y campañas de microcréditos. Sin embargo, no pudo, como había sido pensado originalmente, ni estructurar políticas nacionales para las mujeres, ni transversalizar estas políticas en la administración pública.

Durante los ocho años de Álvaro Uribe la situación fue calcada y los avances mediocres. De ahí que mientras en varios países latinoamericanos se habla de paridad en la participación en el poder, hoy nosotros, antiguos líderes en la materia, discutimos, con dificultad, sobre la ley de cuotas. Y no sólo quedamos atrás con respecto a Chile, Argentina y Brasil. Países como Ecuador, por ejemplo, nos llevan la delantera. Según cifras de la Cepal, más del 30% de su Legislativo es ocupado por mujeres, mientras que nosotros a duras penas llegamos al 14%, y en buena parte por razón de la herencia del caudal electoral de esposos presos por parapolítica. Esta vergonzosa discriminación es replicada en la economía, en la que la participación de la mujer es, en promedio del 50%, mientras la del hombre es cercana al 80%, al tiempo que las horas de trabajo no remunerado, especialmente el doméstico, son más del doble para las mujeres que para los hombres. Cifras difíciles, y eso que no incluyen ni las de segregación cultural ni las de maltrato y violencia.

Se esperaba, en un comienzo, que el gobierno de Juan Manuel Santos, por su matiz liberal, restableciera el rumbo. Siete meses después, sin embargo, parece ser lo contrario: el presidente no sólo ha asumido con desdén la Ley 1430 de la economía del cuidado, firmada tres meses después de iniciado su mandato, y que ha sido motivo de foros en toda la región, entre otras, por ser un reconocimiento revolucionario al trabajo doméstico, sino que además no se ha tomado la molestia de nombrar a la persona encargada de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género. De hecho, se la encargó al vicepresidente Garzón, quien a su vez se la delegó a su señora, Monserrat Muñoz. Sin demeritar su capacidad, ni su trabajo sólo a los funcionarios públicos se les puede exigir rendición de cuentas. El desarrollo de las mujeres no puede ser un tema de voluntarios.