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Los mandatarios de al menos cinco regiones claves comenzaron este 2025 su segundo año de gestión en medio de una tensión que tiende a subir con la Casa de Nariño y que tiene como colofón las diferencias ideológicas y de visión de Estado que profesa cada parte involucrada en estos choques.
El capítulo más reciente que refleja esa relación distante entre ciertas regiones y la administración del presidente Gustavo Petro se registró en Medellín, cuyo alcalde, Federico “Fico” Gutiérrez, es un declarado opositor del Gobierno Nacional y –a la vez– blanco de dardos constantes que le lanza directamente el jefe de Estado.
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El choque, que lleva las últimas 48 horas calentándose desde ambos sectores, se registró por el pago de subsidios a EPM y la opción tarifaria. Gutiérrez aseguró que el Gobierno le debe 4,4 billones de pesos a la firma pública antioqueña por cuenta de esos dos rubros, pero Petro le respondió que esas aristas no son responsabilidad directa del Ejecutivo.
Por un lado, el presidente aseguró que la primera no es una obligación y, la segunda –referente al pago de subsidios–, se vio golpeada porque se hundió la ley de financiamiento, con la que esperaba recaudar 9,8 billones de pesos.
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“Solo por subsidios de tarifa de energía a los estratos 1, 2 y 3 a todo el grupo EPM, la deuda que se tiene es de 2,1 billones de pesos desde el año pasado. (…) Súmenle el problema financiero, porque tampoco han pagado la opción tarifaria; mejor dicho, la deuda a EPM por parte del Gobierno Nacional entre subsidios y este rubro son 4,4 billones de pesos”, precisó Gutiérrez. “No me asigne deudas que el gobierno y el partido de ‘Fico’ crearon en contra del interés general”, respondió Petro.
En medio de ese choque –al que este miércoles se le sumó un capítulo por la forma en que se aborda la búsqueda de personas desaparecidas en la capital paisa (ambos tienen visiones distintas)–, los dos líderes políticos también se han distanciado sobre cómo se debe asumir la crisis que profundizó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por cuenta de unas cuestionadas elecciones registradas el pasado 28 de julio. Mientras Petro guarda silencio sobre si asistirá o no a la investidura del mandatario del país vecino, Gutiérrez aseguró que Edmundo González y María Corina Machado, líderes de la oposición de esa nación, pueden ir a Medellín para defender sus tesis.
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Otro de los panoramas complejos está con Antioquia en general. El gobernador Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático y otro duro opositor del presidente Petro, defendió con fuerza el referendo que busca dar mayor autonomía regional a nivel presupuestal permitiendo a los departamentos que se queden con lo recaudado por renta y patrimonio en sus regiones.
No obstante, el jefe de Estado está en contra. Petro aseguró que dar ese paso solo beneficiaría a Bogotá y a Antioquia, pero tendría un alto impacto negativo en el resto del país. Dijo, por ejemplo, que solo estas dos zonas podrían tener departamentos de Policía plenamente financiados con sus recursos.
Pero Rendón, en diálogo con El Espectador, dijo que “aun cuando aquí se incrementan las transferencias o la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, tiene un periodo de transición muy largo, de 14 años, y seguiremos dependiendo del nivel central”. Esta declaración incluyó un dardo a la cirugía al Sistema General de Participaciones que en diciembre aprobó el Congreso con el respaldo de Petro.
En una situación similar de confrontación está la Alcaldía de Bogotá, al mando de Carlos Fernando Galán. Los dos frentes en los que han chocado en las últimas semanas, sin contar la polémica constante por el Metro, son Transmilenio y el suministro de agua en la capital.
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Sobre el primero, ocurrió cuando se anunció el aumento del pasaje. Galán responsabilizó al Gobierno Nacional por no girar 825.000 millones de pesos para Transmilenio. “¿Cómo así? Los recursos nacionales ni ayer ni hoy van para subsidiar la operación del Transmilenio. Yo, como alcalde nunca le pedí ni un solo peso al Gobierno para esa actividad”, le respondió Petro.
Y, sobre el segundo asunto, desatado por una alerta de Petro en torno a que supuestamente Bogotá se quedaría sin agua para marzo de 2025, Galán le pidió mesura. “Hay que ser muy cuidadosos con las afirmaciones que se hacen con un tema tan delicado como el acceso al agua en una ciudad como Bogotá”, precisó el mandatario distrital.
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Ahora bien, estas dos regiones –Bogotá y Antioquia– son las más relevantes a nivel nacional, por lo que la confrontación con el Gobierno se vuelve natural en un 2025 en el que todos tienen intereses electorales y buscan que cercanos suyos estén en el poder. Por eso, al menos con estas dos zonas, los decibeles aumentarán con fuerza.
Pero no son las únicas. En efecto, cuando el gobierno Petro propuso lanzar Jóvenes en Paz, el gobernador de Santander, Juvenal Diaz, dijo que pagaría $1 millón a jóvenes que presten el servicio militar en Santander; fue un dardo a la iniciativa del Ejecutivo de darles una mensualidad a personas en ciertas edades para alejarlas de la delincuencia.
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Además, y ante la ausencia del jefe de estado en un evento en el que lo esperaba Díaz en Santander –el lanzamiento a mitad de 2024 del programa “Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria (SEAS)–, el gobernador aseguró que fue prácticamente plantado por el mandatario. Y en octubre, cuando cientos de santandereanos salieron a las calles a manifestarse en Bucaramanga por los páramos de Almorzadero y Santurbán, la tensión volvió a crecer.
Todo es por una licencia ambiental para un proyecto de explotación minera y un decreto del Ministerio de Ambiente sobre las Áreas de Reserva Temporal. “Solicito al presidente Petro que se escuche a estos campesinos, usted lo prometió en su visita a Málaga”, dijo Diaz.
A otro mandatario regional al que Petro cada tanto fustiga es al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cambio Radical). Solo hace tres semanas, desde la capital del Atlántico, el jefe de Estado acusó al líder regional de torpedear junto a otros aliados los intentos de reformar los sistemas de cobro de servicios públicos.
Durante un evento que se llamó Asamblea Popular por la Democracia Energética, realizada por los mismos días en que el Congreso hundió la ley de financiamiento, Petro fue punzante: “Se lo digo a Char, él y sus parlamentarios, por estar pegados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla. (…) Y no tiene la dignidad democrática de acompañar al presidente de la República”.
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Char, sin embargo, no le ha respondido de forma directa y solo ha usado sus redes para mostrar la gestión que considera viene haciendo hace un año en Barranquilla.
Todo esto demuestra que, pese a los intentos públicos de todos de hablar sobre consensos y puntos de acuerdo, en privado no ven una salida negociada a la confrontación política y menos en un año preelectoral como este 2025. Por eso, con ministros abordo, se verá en cuestión de semanas cómo la Casa de Nariño le subirá aún más el tono cada vez que se refiera a estas regiones; y los líderes de estas zonas –por su puesto– no se quedarán callados.
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