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Las últimas 72 horas en el ámbito diplomático, con un seguimiento minucioso desde la Casa de Nariño, han estado muy agitadas por cuenta de la posesión este viernes de Nicolás Maduro como reelecto líder de un régimen que lleva comandando en Venezuela desde hace ya 12 años consecutivos como heredero del fallecido Hugo Chávez. Y la razón principal de la tensión radica en cómo navegar en la turbulencia que implica no reconocer ese nuevo periodo presidencial y, al mismo tiempo, que esta decisión no golpee la relación binacional.
Tanto en la mañana del martes, como en la tarde de este miércoles, se dieron dos reuniones definitivas para que se hiciera pública la decisión del presidente Gustavo Petro de no acudir a la ceremonia de este 10 de enero. Si bien hay versiones del interior de Presidencia en torno a que el mandatario sí quería asistir, hay otras que surgen desde el Palacio de San Carlos en torno a que eso nunca estuvo sobre la mesa.
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No obstante, según constató este diario, se han pedido informes diarios a la delegación diplomática de Colombia en Caracas, encabezada por el embajador Milton Rengifo –quien asistirá en representación del país a la ceremonia de Maduro–, con el fin de saber qué tan afectada se vería la relación con la no asistencia de Petro. Si bien al cierre de esta edición no había llegado una señal pública desde Venezuela por esa decisión, sí se supo por canales extraoficiales que no cayó nada bien y que sí se esperan consecuencias verbales y prácticas.
“No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, precisó Petro en una publicación en X de 377 palabras. También destacó que, además de las irregularidades denunciadas y la ola de violencia que desató el régimen tras las polémicas elecciones del pasado 28 de julio, la captura de los defensores de derechos humanos Enrique Márquez y Carlos Correa, registradas en los últimos dos días, tienen visos dictatoriales.
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Precisamente, este diario estableció –además– que desde esos comicios, que el régimen reclamó como suyos y que la oposición denunció por fraude generando el exilio de Edmundo González y la ida a la clandestinidad de María Corina Machado, han sido detenidos al menos nueve colombianos con ocasión de las protestas. Y aunque Bogotá pidió saber sobre su situación, no se ha recibido aún ninguna respuesta.
A todo esto hay que sumarle que, con la coordinación del canciller Luis Gilberto Murillo –quien saldrá de su cargo finalizando este mes de enero–, se realizaron informes analizando los escenarios que vendrían y cómo puede enfrentar Maduro otro periodo presidencial de seis años cuando su elección está rodeada de ilicitud y hay una amenaza latente de que la violencia, que ya deja más de 200 muertos y más de dos mil capturados, se incremente con el paso de los meses.
Estos movimientos que viene realizando la Casa de Nariño se han analizado con mucho sigilo, en la medida en que Colombia tiene varios intereses que tocan directamente a Venezuela y que con un debilitamiento de las relaciones binacionales podrían ponerse en riesgo.
Los que está en juego
Es por eso que en este distanciamiento que tomó Petro frente al régimen de Maduro, con la asesoría del saliente canciller Murillo, en ningún momento se habló del rompimiento de relaciones. Incluso, se intentó matizar con la necesidad de mantener el diálogo abierto entre ambos Estados y, pese a los silencios de Venezuela, mantener las propuestas de “cohabitación política” entre el régimen y la oposición hasta que se den unas elecciones transparentes.
Sin embargo, esta postura no tuvo buen eco en Caracas y de ahí que el Gobierno colombiano esté analizando cómo evitar que asuntos tan álgidos como el futuro de Monómeros, la importación de gas y hasta los procesos y acercamientos de paz en los que el país vecino está involucrado subsistan sin ningún tipo de riesgo.
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El Espectador estableció por fuentes de alto nivel que el jefe de Estado, pese a las versiones encontradas al respecto, sí analizó hasta último momento la posibilidad de asistir directamente este 10 de enero a la posesión de Maduro, pero al ver las últimas señales del régimen en torno al aumento de la violencia y la presión política con encarcelamiento de opositores se decidió que no acudiría.
No obstante, mantuvo la línea de no solamente culpar al propio Palacio de Miraflores —sede del poder venezolano—, sino que extendió responsabilidades hacia Estados Unidos, país que desde hace años mantiene un bloqueo económico sobre Venezuela por cuenta del manejo irregular y dictatorial que se ha tenido desde la administración del fallecido Hugo Chávez.
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De hecho, el tema del gas es uno de los más sensibles, ya que con la intención del Gobierno colombiano de implementar la transición energética se han dejado ciertas exploraciones, por lo cual se reactivó la importación de este producto desde Venezuela.
Hace tan solo 24 horas se conoció que Ecopetrol ya adelanta conceptos jurídicos para viabilizar la negociación entre Bogotá y Caracas. De acuerdo con fuentes enteradas, los canales de diálogo permiten que los precios sean convenientes para Colombia —pese a que aún no se hacen públicos—, y además evitó que, si se rompiesen o deterioraran las relaciones, se diera un impacto negativo en los recibos de los usuarios nacionales; alza de costos.
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La frontera común entre los dos países supera los 2.200 kilómetros y ha estado siempre permeada por actores ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN o la autodenominada Segunda Marquetalia, estructuras con las que la administración Petro tiene acercamientos de paz y cuyos cabecillas más visibles –todos vinculados al narcotráfico– están parapetados en territorio del país vecino.
Además, según informes de inteligencia de varias naciones, hay presencia de grupos ilegales provenientes de otros países que están buscando apoderarse de las operaciones ilícitas que predominan en la región limítrofe.
Por eso, de acuerdo con la Casa de Nariño, es importante que la cooperación se mantenga, especialmente en materia de seguridad. Pero también es clave que las fronteras sigan abiertas para que el comercio, que se esperaba al cierre del 2024 superara los 1.000 millones de dólares en intercambios, se mantenga vigente como respaldo a los departamentos fronterizos.
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A todo esto se le debe sumar que el próximo 20 de enero también habrá relevo oficial en el manejo de la Casa Blanca, pues ese lunes toma posesión Donald Trump y comienza el periodo presidencial número 47 de la historia estadounidense. Este magnate republicano se abstuvo de reunirse con Edmundo González (Joe Biden, quien le entregará el poder, sí lo hizo esta semana en Washington) y hasta el momento ha evitado las referencias públicas a la crisis de Caracas.
Washington quiere mantener la relación con Venezuela por su interés en el petróleo (también tendrá representación en la ceremonia de este 10 de enero) y para evitar que Rusia, China e Irán –entre otros países hostiles con las políticas occidentales– ganen más preponderancia en la región. Aquí es clave, según fuentes diplomáticas colombianas, que la Casa de Nariño evite la confrontación pública y que se mantengan los canales con la Casa Blanca para evitar que el país quede en una encrucijada si esta parte de Suramérica se vuelve un escenario más de las batallas de las potencias.
El Espectador estableció que personas que estarán en la administración Trump ya le hicieron saber a Colombia que sí se quiere dialogar sobre Venezuela, lo cual se le informó a Petro y se está a la espera de que las citas se concreten después del 20 de enero.
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Así las cosas, y tras todos estos hilos moviéndose para tejer la estrategia que se deberá aplicar diplomáticamente después de la posesión de Maduro este viernes por la tensión que ya se generó con Venezuela, Colombia sigue buscando cómo evitar que los ruidos afecten a los cerca de 3 millones de connacionales que se calcula viven en el país vecino.
Además, teniendo en cuenta que ya hay más de 2,7 millones de venezolanos que huyeron de su país tras la crisis y que están regularizados en suelo colombiano, se quieren mantener el diálogo abierto para que los siete pasos fronterizos y las más de 400 trochas ilegales no se vuelvan otra vez una válvula de migración irregular que golpe de nuevo a la región. Eso sí, tanto Petro como Murillo son enfáticos en que la relación entre Bogotá y Caracas no se romperá, a menos que Maduro decida lo contrario.
Vea aquí la más reciente entrevista con el canciller Murillo:
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