El control de la barras futboleras

En Medellín, a final del año pasado, hubo disturbios similares, esta vez contra la Policía que custodiaba los camerinos de los jugadores del Nacional. Estas confrontaciones, y las demás que se presentan con regularidad durante el año, tienen diversos orígenes pero, al parecer, ningún responsable: ni las autoridades, ni los clubes, ni los jugadores, ni los padres de familia, ni los medios de comunicación se sienten vinculados con la agresividad de las barras, que además de los lamentables incidentes, son causa del ausentismo de los estadios por la amenaza que representan. Pese a ello, la Fuerza Pública debe, todas las veces, movilizar entre 800 y 1.500 efectivos para cuidar los partidos de los principales estadios del país y descuidar, sin necesidad, las calles de las ciudades.

El problema viene de mucho tiempo atrás y parecería tomar carrera la idea de que es incontrolable, cuando la solución, por lo menos para la tranquilidad de los partidos, ya se ha encontrado en otras partes. Como se recordará, tras la tragedia de Heysel en mayo de 1985, cuando 39 aficionados murieron durante disturbios en el estadio de Bruselas y los equipos ingleses fueron suspendidos por cinco años de las competencias europeas, se implementó en Inglaterra un sistema de cámaras en los estadios y se aprobó un conjunto de normativas que controlaron el problema de la agresividad de las barras futboleras con eficacia. Éstas, al igual que acá, son jerárquicas y bastó con identificar a sus líderes y obligarlos a pasar los partidos detenidos en las comisarías, para que los ánimos se fueran calmando. Normativas que se extendían a los menores de edad, miembros mayoritarios de las barras. Esta, por supuesto, es sólo una solución parcial, como lo es siempre el uso de la fuerza; sin embargo, por ello menos necesaria.

Junto con la implementación de cámaras en los estadios del país, se debería prohibir la entrada a menores de edad a los estadios sin la compañía de un adulto responsable y restringir en todos los casos su ingreso a las alas donde se ubican las barras más activas. Los desórdenes, por supuesto, deberían implicar también penas para los menores, de ninguna manera carcelarias, pero sí de detención y de trabajo comunitario. Estos grupos deben entender que la autoridad existe y tiene cómo hacer efectivas las normativas, no por un tiempo, como sucedió en Argentina, sino todas las veces. Estos esfuerzos, además de una coordinación adecuada entre las policías locales, deberían detener un problema que se inició en los 90 y no ha dejado de crecer a pesar de los distintos esfuerzos pedagógicos.

‘Goles en paz’, el programa social y cultural impulsado en el estadio El Campín, dio importantes resultados y logró —además de calmar los ánimos entre, y dentro de, las barras de Millonarios y Santa Fe— derrumbar las relaciones de poder al evitar que los clubes patrocinaran a las barras. El gran esfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente. Ir a la raíz del problema y ayudar a los jóvenes que expresan sus inconformidades sociales y canalizan su violencia en el fútbol es tan necesario como la intensificación del esfuerzo de las autoridades. Mientras tanto, los medios, también culpables, deberíamos contribuir con nuestra parte y tanto abandonar el mal nombre de “barras bravas”, que sólo infla los ánimos de adolescentes que se creen rudos, como ser más responsables con el propio lenguaje al cubrir los eventos. Antes que jugadores o árbitros, estamos ante personas que no pueden ser destruidas, ni por los intereses de los clubes, ni por la arrogancia de los locutores.