Capturan a otro implicado en red de corrupción en el Invima

Una nueva captura se realizó por parte de las autoridades en el marco de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades al interior del Invima, entidad que se encarga de la vigilancia de los medicamentos en el país. Se trata de Jorge Iván Sánchez Salazar, quien ahora pasa a engrosar la lista de detenidos por supuestamente pertenecer a una red de corrupción dentro de la institución que, a cambio de dinero, habrían modificado los permisos que tenían varios medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza, para ser comercializados en el país.

#ATENCIÓN #Fiscalía capturó en #Medellín al empresario Jorge Iván Sánchez Salazar, investigado por caso #Invima. Deberá responder por cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores, enriquecimiento ilícito de particulares

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 31 de agosto de 2018 Sánchez Salazar será llevado en próximas horas ante un despacho judicial. Allí la Fiscalía General le imputará los delitos de  cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores y enriquecimiento ilícito de particulares. Por estos mismos hechos, ayer fueron detenidos la reconocida esteticista, Stella Durán y 12 funcionarios del Invima.

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Según la investigación, le red se encargaba de agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado. Por si fuera poco, los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, “lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, aclaró la Fiscalía, quien agregó que, para su trabajo, fue clave las denuncias que hizo el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, y de las alertas de varios funcionarios de la entidad.

Para lograr las órdenes de captura, el ente investigador interceptó más de 100 líneas telefónicas que le permitieron rastrear a los integrantes de la red que organizaron su trabajo ilegal en varias tareas específicas. Unos se encargaban de falsificar los registros sanitarios, otros de alterar los sistemas de información, lo que ha permitido que en el mercado actual haya productos que no tienen el control estatal. Además, había quienes falsificaban estudios de estabilidad de medicamentos, quienes cobraban sobornos a cambio de modificar multas que imponía el Invima y unos más que realizaban auditorias previas a las oficiales para garantizar el buen desempeño.

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Para acceder a los servicios de esta red, las tarifas también eran muy clara. A cambio de la renovación de un registro sanitario, cobraban $750 mil; por la venta de estudios de estabilidad de productos, en donde se certifica la duración del principio activo del medicamento, la red pedía $2 millones. Y, por los servicios de auditoría previa a los oficiales, el servicio costaba $14 millones, pero sin tiquetes ni viáticos.  Además de estas capturas, el CTI, con el apoyo del Gaula Militar, capturó a una supuesta tramitadora y a una empresaria de productos de belleza, Stella Durán, quienes deberán responder por los delitos de cohecho por da u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito de particulares.

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