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Por primera vez el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hizo una encuesta enfocada a la seguridad alimentaria en el país, de acuerdo con el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca el Hambre Cero a 2030.
Los datos del DANE muestran que en Colombia el 28,1 % de los hogares, para 2022, fueron clasificados en estado de inseguridad alimentaria moderada o grave: esto equivale a 15,5 millones de personas. En espectro de la inseguridad alimentaria grave, las cifras muestran una incidencia nacional de 4,9 %, o 2,6 millones de personas.
La medición de inseguridad alimentaria hace referencia a que estos hogares, al menos una vez en un año, tuvieron que “disminuir la calidad y cantidad de los alimentos consumidos (…) debido a falta de dinero y otros recursos”.
Si bien son datos altos, vale la pena ponerlos en contexto con la situación de América Latina. “La región estaba alrededor del 46 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa (datos de 2021), comparado con los de Colombia para 2022 se está un poco mejor que el promedio regional-”, explicó Santiago Mazo, especialista en nutrición del área de alimentación y lucha contra la malnutrición de FAO Colombia.
Aunque también evidenció las características que hacen que un hogar sea más propenso a la carencia de acceso regular a alimentos de calidad que permitan el desarrollo normal de una vida activa y saludable, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Las principales razones para esta carencia son: la no disponibilidad de los alimentos y que el individuo no cuenta con los recursos para obtenerlos (pobreza monetaria). Esto se da en mayor medida en las poblaciones que residen en zonas rurales, en departamentos costeros (principalmente) y que pertenecen a poblaciones consideradas vulnerables.
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Menor acceso a alimentos por ubicación
Respecto a la prevalencia de la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales, en comparación con las áreas rurales (centros poblados y rural disperso), los resultados de la encuesta indican que 27 de cada 100 hogares urbanos experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que en los rurales fueron 33 de cada 100.
“Que en los centros poblados y rural disperso sea mayor el indicador parece una gran contradicción, pues la mayoría de los alimentos se cultivan en las zonas rurales”, detalló Piedad Urdinolla, directora del DANE durante la presentación de los resultados.
Respecto a los departamentos más afectados, se encontró que los más vulnerables son los que se encuentran en la Costa Caribe, con excepción de Chocó. La Guajira es el que presenta una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, con una tasa de 59,7 % de los hogares y de 17,5 % para los casos en donde la misma alcanza el nivel de grave. Le sigue Sucre (47,9 %, 10,4 %); Atlántico (46,1 %, 8,3 %); Magdalena (45,3 %, 10,4 %) y Chocó (43,2 %, 10,4 %).
En contraste, entre los que menos manifestaron inseguridad alimentaria se encuentran Caldas (14,6 %, 2,5 %); San Andrés (17,2 %, 3,7 %); Quindío (17,3 %, 2,2 %), Risaralda (17,5 %, 2,5 %) y Amazonas (18,6 % y 3,4 %).
Las características que alejan los hogares de la alimentación
El acceso a la alimentación también varía de acuerdo a la conformación de los hogares. Se le dificulta, en mayor medida, a los más numerosos. Por debajo del total nacional están los unipersonales que tienen una tasa del 24,1 % y los de dos personas con el 24,4 %.
El de tres personas se acerca al promedio con el 26,8 %. En adelante lo superan, el de cuatro personas con el 29,7 % y de cinco con el 39,7 %. Aunque es más alta cuando solo hay un jefe de hogar y es mayor cuando resulta ser mujer, cuando hay un integrante menor de 5 años o adultos mayores.
“Son mucho más vulnerables los hogares monoparentales que los que no lo son porque se permiten una mayor repartición de tareas, mientras que los monoparentales tienen que asumir toda la carga económica y del cuidado”, destacó Urdinolla. Y añadió que los hogares con más desventajas son los que solo tienen una persona a cargo y es una mujer, con 34,1 %.
Con menores de 5 años la probabilidad de inseguridad alimentaria moderada o grave es de 36,5 %, en promedio y con menores de 18 años, las prevalencias son de 32,8 %, en promedio. Por su parte, la presencia de personas con discapacidad aumenta la prevalencia a 38,3 % en contraste con el 26,7 % en hogares donde no hay personas en esa condición.
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Otras vulnerabilidades
Las poblaciones étnicas y migrantes también son más vulnerables respecto al acceso a la alimentación.
De acuerdo con el auto reconocimiento étnico, el análisis muestra que tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave los indígenas (46,3 %), seguidos de hogares que tienen como jefe/a una persona que se reconoce negra, afrocolombiana, raizal o palenquera (40,7 %). Mientras que cuando no se identifica con ningún grupo étnico tienen menor probabilidad (26,1%).
De otra parte, mientras que 27 de cada 100 hogares en cabeza de no migrantes o de migrantes internos experimentan ese tipo de inseguridad alimentaria, los de migrante internacional nacido en Venezuela tienen una probabilidad mayor del 44,7 %). De hecho, la encuesta establece que se trata de uno de los mayores niveles de prevalencia entre los distintos grupos examinados.
Por su parte, los hogares que tienen como cabeza un migrante internacional no venezolanos cuentan con una muy reducida prevalencia de inseguridad alimentaria (8,9 %).
¿Qué hacer para garantizar el derecho a la alimentación?
Con estos resultados se debería replantear la entrega de subsidios. “Vemos que estos ni siquiera representan un alivio para suplir lo más básico: las necesidades alimentarias. Llevamos años asistiendo la inseguridad alimentaria y pobreza con estos subsidios, hay que replantearlos y orientarlos a políticas estructurales que se articulen con entidades del Estado”, aseguró María Victoria Rojas Porras, docente de maestría y miembro del observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional.
Rojas insiste en que hay que acelerar las medidas que plantea el Gobierno. En ello coincide Mazo, de la FAO, pues asegura que el país va “en la dirección correcta, pero hay que acelerar el paso, definitivamente”.
La entidad ve con buenos ojos “las iniciativas del Gobierno actual de todas las decisiones que apunten a mejorar el desarrollo rural en Colombia. Todo lo que implique fortalecer las capacidades productivas en las zonas rurales de promover un mayor arraigo de la juventud rural, porque es claro que en el campo está gran parte del potencial de crecimiento y desarrollo del país”, puntualizó Mazo.
Además, añadió que el cumplimiento del punto uno de los Acuerdos de Paz de La Habana, de la reforma rural integral, en el que se acordaron entregar tres millones de hectáreas a productores, impactaría favorablemente los precios para el consumidor y, por ende, el acceso a la alimentación.
De otra parte, Carlos Duarte, experto en tierras y miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, considera que también debe haber un enfoque en los menores de 5 años y “los programas como el PAE o programas de compras públicas enfocadas a la niñez deberían fortalecerse, hay herramientas que se pueden robustecer a través de estos”.
¿Qué impacto puede tener la encuesta?
La encuesta la realizó el DANE con el acompañamiento de la FAO y esperan que estos datos sean la base para la toma de decisiones de política pública con respecto al tema. Además, actualiza el diagnóstico de la inseguridad alimentaria, pues Colombia “no venía reportando este indicador desde 2015” y ayudará a medir el avance que tenga en el cumplimiento del segundo ODS.
Lo anterior gracias a que los datos se recolectarán anualmente, dentro de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que realiza el departamento, con una muestra amplia. Se trata de la más grande de Latinoamérica, con la participación de 88.300 hogares, alrededor de 250.000 personas.
“La encuesta permite acercarse a la problemática de manera transversal, aunque no se evidenció la desagregación de población campesina y vale a pena conocer esos resultados”, expresó Duarte.
Finalmente, Mazo considera que Colombia puede cumplir la meta del hambre cero y le quedan 7 años para lograrlo con “políticas duras de inversión en Desarrollo Rural, en acceso a tierras y todos lo que pueda hacer para acelerar el paso”.
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