Modernización del sector transportador

La Asociación Colombiana de Camioneros convocó, antes de cualquier intento de negociación con el Ministerio de Transporte, a un paro indefinido para mañana, 2 de febrero. Según las directivas gremiales, lo único por lo que los transportadores estarían dispuestos a abandonar el sistema de fletes, sería por un precio mínimo de los trayectos. Alternativa a todas luces vana, porque consistiría en reemplazar una normativa por otra idéntica. La muy particular tabla de fletes que se instauró durante la administración de Ernesto Samper tenía piso, pero no techo; su propósito era evitar la quiebra del sector durante la drástica caída en el movimiento de carga al inicio de los 90, el cual alcanzó a descender por debajo de los 80 millones de toneladas.

La medida era provisional. Sin embargo, como suele suceder en el país, se hizo permanente. Así, a pesar de que hoy se muevan más de 180 millones de toneladas de carga en el territorio nacional, los transportadores viven con la tranquilidad del mínimo precio que les otorgan los fletes. Las administraciones siguientes han querido desmontar la tabla, pero la amenaza del cese de actividades se presenta como más costosa que los beneficios inmediatos de pasar al esquema de libertad vigilada de precios y desisten por ello. Finalmente, los precios están oscilando ente un 30 y un 90% por encima del piso, debido la abundante demanda por transporte. De esta manera, el desmonte de los fletes no traería beneficios inmediatos ni sobre los costos del tráfico interior, ni sobre los costos de los bienes de exportación. En la medida en que el precio esté siendo el del mercado y esté oscilando por encima del piso, quitarlo puede parecer innecesario, o por lo menos inoportuno ante la amenaza de un paro.

No obstante, el efecto en el mediano y largo plazo de tal desmonte es claro. Por un lado, el país mejoraría en los índices de competitividad que penalizan duramente regulaciones en precios, y por el otro, con la conciencia de que no hay piso de seguridad, se espera que un sector, ya bastante obsoleto, comience a modernizarse. Cuando se tiene la tranquilidad de que el Gobierno va a garantizar un ingreso mínimo ante eventuales tiempo de crisis, ¿cuál es el incentivo para movilizar esfuerzos en hacerse mejores en épocas de prosperidad? La tabla de fletes ha traído la nefasta consecuencia de que el sector está quieto y no, como debería, buscando todas las alternativas posibles para ser más eficiente. Situación, sin duda, problemática.

La modernización del sector, por supuesto, no se funda en el desmonte de una tabla. Esta medida será acompañada por otras tres: la primera, flexibilizar las condiciones de habilitación de las empresas de transporte para que los pequeños camioneros se puedan asociar y conformar su propia empresa transportadora, lo cual les permitirá negociar directamente con los generadores de carga; la segunda, capacitar a los propietarios de vehículos para que se profesionalicen en la administración de su vehículo y lo manejen como un negocio cualquiera y no como dinero de bolsillo, y por último, incentivar para que las condiciones laborales de los conductores sean formales. Esto, además del fortalecimiento del programa de chatarrización, que incluye líneas de créditos para renovar las flotas. Ninguna medida es la solución al precario sistema de carga del país, pero el conjunto puede funcionar. Éxito que no se debe supeditar a la egoísta apatía de los jefes del gremio transportador.