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La Guajira es el epicentro de un piloto de reforma a la salud que va a arrojar luz sobre los planes que quiere desarrollar el Gobierno en el resto del país. En esta región (donde se encuentran algunos indicadores de salud pública en situación más delicada que el promedio nacional, como explicamos aquí) se pondrá en práctica lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado un modelo de salud centrado en la Atención Primaria.
Esto significa, según el decreto 1270 expedido en la emergencia social declarada para ese departamento, estrategias como la apertura de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la conformación de equipos médicos que atenderían en las zonas más alejadas. Los CAPS necesitarán de médicos generales y los equipos médicos incluirán especialistas, lo que abre una vieja pregunta: ¿de dónde saldrá el talento humano?
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Una posible respuesta que se ha venido barajando, como lo reveló el ministro de Salud hace unos días, es la de acudir a los residentes y al servicio social obligatorio en el sector salud. En palabras sencillas, los residentes son médicos que están estudiando una especialidad médica (como la pediatría) y que, como parte de formación, deben prestar ese servicio en un centro hospitalario bajo supervisión.
Por otra parte, el servicio social es prestado por estudiantes del sector salud que necesitan hacerlo para tener su título profesional. La idea apuntaría a que ambas (residencias y servicios sociales) ayuden a suplir la necesidad de personal en estas zonas del país. Pero hay varias cosas que no estan tan claras.
No hay personal, no hay citas
La escasez de personal es un problema viejo del sistema de salud colombiano y es, en parte, responsable de que los colombianos tengan que esperar semanas para tener una cita con un médico o un especialista. Las cifras sobre el tema son bastante claras: mientras que el promedio del “club” de la OCDE es de 36 médicos por cada 10 mil habitantes, en Colombia es de 23. Mientras aquí solo el 22 % de los médicos son especialistas, en países vecinos como Chile o Costa Rica esa cifra es del 54 % y del 44 %, respectivamente.
Para ponerlo en datos aún más claros, en el país solo hay 391 neurocirujanos o 435 neurólogos o 680 otorrinolaringólogos. Eso significa que hay 0,08 neurocirujanos por cada 10 mil habitantes; 0,09 neurólogos y 0,13 otorrinolaringólogos. Solucionar el problema, como contamos aquí, no solo depende del Gobierno; también involucra a las facultades de medicina, a los actores privados (más del 80% de las IPS son privadas), o de la capacidad de infraestructura. Estas dificultades están presentes en Medellín o Bogotá, pero son mayores en lugares como La Guajira.
En esa región, por ejemplo, “hay baja disponibilidad de profesionales de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería con densidades por debajo del promedio nacional y de la OCDE”, reconoce el Ministerio de Salud en el decreto 1270 del 31 de julio del 2023, expedido en la emergencia social declarada allí.
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Esa ausencia de talento humano es un problema para los planes del Gobierno, que plantean la apertura de varios Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la conformación de equipos médicos extramurales que vayan a las zonas más alejadas a atender a las personas. No está claro cuántos CAPS se harán, pero sí que cada uno funcionará “bajo un enfoque diferencial de salud pública, y equipos de salud territoriales, con agentes de salud propia, promotores, traductores y otros perfiles comunitarios, auxiliares, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas”. Tampoco se sabe cuántos equipos extramurales habrá, pero el ministro estimó en un encuentro con la prensa hace poco que empezarán con poco más de 300.
Aunque en todos esos equipos se incluirán lo que el decreto llama “agentes comunitarios de la salud propia (sabedores y sabedoras ancestrales), según autorización de las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo al pueblo Wayuu; afrodescendientes, Rrom, que habitan en el departamento” es claro que será necesario un personal especializado y/o profesional que hoy es escaso en la región.
Una solución poco clara
En La Guajira, el Gobierno se está jugando su proyecto de modelo de salud. Eso lo sabe el presidente Gustavo Petro, que priorizó este tema (junto al del agua), y también el ministro de Salud, que a inicios de julio señaló que el propósito del Ministerio es “desarrollar la reforma y ponerla en práctica lo más pronto posible en estos territorios, para mostrar en la práctica, en el terreno, las bondades de la propuesta del presidente Petro”.
Su implementación no es tan clara a juicio de Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, el gremio más importante de las EPS del régimen subsidiado, que son las que hacen mayor presencia en La Guajira. “El decreto deja para desarrollo del mismo gobierno varios de sus aspectos más importantes, lo que genera cierta incertidumbre”, dice Dávila. Algo así sucede respecto al tema del talento humano.
El decreto establece que “es necesario acudir a la prestación de los servicios de salud de todo el talento humano en salud que estén en ejercicio y formación, para contener y mitigar la emergencia declarada”. Aunque desde la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) no han recibido información oficial de que el Ministerio se proponga en el corto plazo trasladar residentes a La Guajira, su presidente, Leonel Vega Useche, sí señala que en reunión con el ministro destacaron tres puntos que son importantes para ellos respecto a este tema y que se tienen que cumplir en caso de que esto suceda.
“En primer lugar, creemos que el médico residente no puede convertirse en una mano de obra barata. Si vamos a cumplir con actividades asistenciales, debemos tener una remuneración acorde a ese tipo de actividades. Nuestra propuesta es que el residente tenga el mismo salario de un médico general del lugar donde va a estar”, dice Useche.
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El tema de la remuneración es clave porque solo hasta 2018, y después de una larga lucha de movimientos como la ANIR, se logró que los residentes tuvieran salario no inferior a tres salarios mínimos mensuales vigentes. “A diferencia de otras especialidades, las de medicina requieren que el estudiante este tiempo completo. No es posible hacer una residencia y trabajar al mismo tiempo, de ahí la lógica de la remuneración”, dice Useche.
Además del financiamiento, que puede ser posible a corto plazo, esta idea enfrenta otros dos desafíos: tener una mejor infraestructura hospitalaria y que estos médicos en formación cuenten con un acompañamiento constante. “El médico residente, si bien ya termino su pregrado, se encuentra en una etapa de formación y precisamente por eso, debe tener asesoría y supervisión de una persona capacitada, es decir, del especialista que lo está formando en ese lugar. Eso es un requisito fundamental”, dice Useche.
Es algo en lo que concuerda Carlos Alberto Palacio, vicepresidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. “No pueden ser utilizados para desempeñar una función como especialistas. No se les puede enviar a territorio a hacer la atención. Ellos siempre deben estar acompañados de profesores y titulares que hacen asesoría y que van delegando competencias hasta que terminan sus procesos de formación”, dice Palacio.
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Hay algo quizá mucho más complejo: de nada sirve enviar un neurocirujano a La Guajira si no puede trabajar en una clínica u hospital que tenga el quirófano que necesita para operar su especialidad. “Por supuesto, es necesario que haya un servicio del área en el que el médico se encuentra formando. Es decir, si es anestesiología, no puede irse a un primer nivel donde no hay ese servicio. Esto es importante para especialidades que a veces se encuentran solo en hospitales de segundo o tercer nivel, incluso en ciudades”, dice Useche.
De hecho, en el decreto 1270 se estipula que los equipos médicos “deberán contar con los medios necesarios y suficientes en términos logísticos, tecnológicos y sociales para adelantar adecuadamente su actividad”. Esto puede significar que si el Ministerio de Salud quiere trasladar residentes o médicos en formación a regiones como La Guajira, debe invertir en principio una cantidad importante de dinero actualizando la infraestructura.
La duda, entonces, es de dónde saldrá esa plata. El decreto propone un camino para financiar esta idea. La Atención Primaria se costeará (incluyendo los equipos médicos) con una proporción de la UPC, el dinero que el Estado gira a las EPS por la atención de cada colombiano. Lo que sugiere el ministerio es que una proporción del monto no vaya a las EPS, sino que la Adres lo gire a las clínicas u hospitales o a los CAPS para tal fin. No está claro cuánto costará esto porque no está claro cuántos CAPS o equipos médicos habrá.
A la pregunta de si las EPS del régimen subsidiado fueron consultadas sobre ese cambio en el giro y administración de la UPC, Dávila, directora del gremio Gestarsalud, respondió que en efecto “el Ministerio nos informó, pero no necesariamente se dio una discusión”. En todo caso, y aunque minsalud señala que la creación de los CAPS se hará después de una evaluación de oferta y demanda, también deja claro que en caso de que se necesite más plata, “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá los recursos suficientes, que garanticen la atención integral a la población del departamento de La Guajira”.
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Por último, hay algo que involucra elementos menos técnicos o salariales. Palacio lo denomina como la posibilidad de realizar un proyecto de vida: “Los territorios tiene que ser lugares en donde los especialistas, por ejemplo, puedan, si así lo desean, casarse, tener hijos, desarrollar su vida”. Es más, señala, “si el país estructura adecuadamente el sistema de salud, la población no necesariamente necesitará acudir a un médico especializado”. Se estima que en una buena atención primaria se puede resolver más o menos el 60% de los problemas en salud.
Quizá, agrega Palacio de Ascofame, una solución más duradera podría pasar por formar a profesionales en las propias regiones. “Nosotros hemos planteado que las facultades de medicina formemos médicos y especialistas para los territorios. Que la U. de. A., por ejemplo, forme a personas de Chocó con el compromiso de que ellos regresen al territorio y contrapresten esa formación”. Pero a esa idea parece, aún, faltarle camino por recorrer.
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