Cambio de rumbo tras el invierno

Las inversiones pretenden sostener, por varios años, un crecimiento del PIB superior a 6%. Con una mejor distribución del crecimiento, asimismo, se espera reducir los persistentes niveles de pobreza que afectan todavía al 45% de la población. El reto de la inclusión es también regional: el PND pretende hacer más homogéneo el desarrollo nacional y reversar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas en la Amazonia, la Orinoquia y la zona Pacífica. La prosperidad democrática exige, finalmente, el sostenimiento del esfuerzo en seguridad, que todavía tiene el reto de derrotar a los grupos al margen de la ley, especialmente a las amenazantes “Bacrim”.

Los objetivos del Plan son sin duda ambiciosos. El PND pretende avanzar hacia “un país seguro y en paz, con una población educada y trabajando, con una infraestructura que nos permita competir mundialmente, para llevar la producción, el ingenio y la laboriosidad de los colombianos a todos los rincones del mundo”. Pero algunos de los objetivos tendrán necesariamente que replantearse. El invierno ha trastocado muchos de ellos y ha obligado a redefinir las prioridades. De la “prosperidad democrática” se ha pasado a la “reconstrucción del país”. El Gobierno tendrá que reescribir buena parte del PND y algunas de las mencionadas “locomotoras” deberán esperar momentos más propicios.

El Gobierno se está viendo igualmente obligado a cambiar su estrategia fiscal. La estrategia inicial presuponía la abundancia de recursos: las principales iniciativas gubernamentales estaban dirigidas a manejar adecuadamente una bonanza minero-energética con el fin de aprovecharla plenamente y de evitar sus efectos adversos sobre la economía. La reforma a las regalías, la llamada regla fiscal y el acto legislativo de sostenibilidad apuntaban en esa dirección. Eran, de nuevo, proyectos para épocas, no de escasez, sino de abundancia. El desafío, sin embargo, cambió diametralmente. Ya no se trata de administrar adecuadamente una bonanza, sino de conseguir los dineros para reconstruir el país. No en vano el Gobierno presentó la ya aprobada minirreforma tributaria, incluyó nuevos impuestos en los decretos de emergencia y está hablando de vender una parte de Ecopetrol. Es más, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ha anunciado una reforma tributaria estructural.

El invierno también ha creado la necesidad de cambios en la estructura burocrática del Gobierno. Al respecto persisten, sin embargo, algunas dudas sobre la pertinencia de los cambios anunciados. El estilo de administración del nuevo Gobierno parece destinado a definirse con una palabra: ‘consejeritis’. Cada problema se quiere solucionar nombrando un experto o un asesor. Pero la coordinación entre los distintos consejeros, y entre éstos y el resto del Estado, es un reto pendiente, por decir lo menos.

En suma, el Gobierno debe replantear el Plan de Desarrollo, definir una nueva estrategia fiscal y crear una organización funcional, operante, que vaya mucho más allá de unas cuantas consejerías.