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Durante la Segunda Convención Nacional del Sector Papelero, que se realiza por estos días en Bogotá, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) alertó acerca de los efectos negativos que está generando la aplicación del Decreto 1070 de 2008, mediante el cual se impuso el cobro de un impuesto a los establecimientos comerciales que ofrecieran el servicio de fotocopiadora.
La norma, que a su vez reglamenta el artículo 26 de la Ley 98 de 1993, establece que el cobro de la suma, que oscila entre $300.000 y $1’000.000, se hace necesario para salvaguardar el derecho de autor, además de favorecer la investigación y la difusión cultural.
Fenalco precisó que la medida lesiona las finanzas de una buena parte de este tipo de establecimientos, que en gran medida son pequeños negocios familiares. Asimismo, precisó que un importante número de comerciantes aún desconoce el impuesto, lo que puede acarrear multas para éstos de no ser aplicado.
Carolina Botero, abogada especialista en derecho de autor, considera que la legislación es excesiva puesto que “con el ánimo de proteger los derechos de autor no se discrimina entre fotocopiar una obra que goce de la protección de los derechos de autor y una cédula o cualquier otro documento, por ejemplo”.
El recaudo del impuesto es percibido por el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, un ente privado adscrito al Ministerio del Interior.
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