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Los escándalos de las últimas semanas sobre el presunto ingreso de dineros relacionados con actividades ilegales a la campaña presidencial de 2022 y las alianzas electorales con personas pertenecientes a las que Gustavo Petro llama las tradicionales élites políticas que tanto critica de ser corruptas, no siempre sin razón, indican que este es un problema que se repite una y otra vez sin talanqueras ni controles y que en muchas ocasiones queda impune.
El proceso 8.000, el caso Odebrecht, las denuncias de Aída Merlano y ahora las revelaciones del hijo y de la exnuera del presidente Gustavo Petro son solo unos pocos ejemplos de una práctica que ha hecho parte del día a día de las elecciones. Violación de los topes de campañas, ingresos y gastos que no se reportan, financiación a cambio de contratos y puestos, lavado de activos, dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando son parte de una larga lista de artimañas que convierten las campañas electorales en uno de los mayores focos de corrupción.
Es paradójico que el presidente Gustavo Petro, quien como congresista denunció con vehemencia la corrupción e hizo de la anticorrupción un tema recurrente en su campaña esté enfrentando esta situación. Por esto, llama la atención que durante el primer año de su mandato la lucha contra este flagelo no haya sido una prioridad del Gobierno ni de su agenda legislativa ni haya avances importantes, sobre todo en asuntos relacionados con la corrupción política. Es importante reconocer que el Plan Nacional de Desarrollo contiene algunas disposiciones relevantes en otros temas relacionados con corrupción. Por ejemplo, el Balance Legislativo 2022-2023 de Transparencia por Colombia destaca “el mandato de elaborar una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción bajo unos parámetros muy relevantes, como la incorporación del enfoque de derechos humanos; la ampliación del alcance de iniciativas de lucha contra la corrupción a escala territorial, acompañado de presupuesto para el desarrollo de esta acción, y la incorporación de medidas o estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción en el sector ambiental y en el sector defensa…”. Sin embargo, como ha sucedido en el pasado, “a pesar de existir un marco normativo amplio y diverso de medidas de lucha contra la corrupción, la reglamentación y puesta en práctica de las normas no ha logrado un desarrollo suficiente”.
Es innegable que la corrupción en Colombia se ha convertido en un problema endémico, cada vez más sofisticado, que mueve más recursos, que está relacionado con el crimen organizado y frecuentemente enquistado en altas esferas del poder público y privado. Precisamente por eso, combatirla debe ser una prioridad del Gobierno y del Congreso. En particular, la corrupción política. Hacer ajustes de fondo en el sistema electoral y de partidos no da espera. Incluso, en caso de no hacerlo, muchas de las reformas que ha propuesto el presidente pueden quedar truncas. Se deben blindar de quienes han desviado recursos públicos destinados a la salud, la educación, la protección de los recursos naturales —pilares de su programa de gobierno— para su propio beneficio y de quienes los financiaron. Si no lo hacen, su gobernabilidad, legitimidad y credibilidad se verán afectadas.
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