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En menos de una semana, Margarita Cabello Blanco soltará las riendas de la Procuraduría después de cuatro años al frente del ente de control. El cargo de mayor poder disciplinario en el país pasa a manos de un hombre de las más profundas entrañas de la política tradicional y que llegó a lo más alto de la cúpula del Ministerio Público, apoyado directamente por la Casa de Nariño: Gregorio Eljach Pacheco. Con la llegada del nuevo procurador general, se completa el recambio en el mando de los entes de control que se ha venido dando durante el gobierno de Gustavo Petro. De hecho, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y ahora la Procuraduría están en manos de quienes fueron sus candidatos.
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Cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro se chocó con los altos mandos de estos entes de control que mostraron su oposición a las ideas con las que llegó el primer gobierno de izquierda a Colombia. Principalmente, el rechazo lo tuvo por parte de la Fiscalía, cuando Francisco Barbosa era el jefe del ente investigador, y de la Contraloría, con Margarita Cabello al frente del Ministerio Público. El jefe de Estado criticó el actuar de Barbosa y Cabello, diciendo que se dedicaban a la persecución política y no a hacer su labor. Pero ahora, Petro ha logrado moverse estratégicamente, para que las entidades queden en manos de personas más cercanas a él.
Fiscalía
La Fiscalía es una de las entidades con mayor poder en el país, es la que se encarga de investigar y acusar a cualquier ciudadano ordinario sobre el cual se presuma que ha cometido algún delito. Al final de la era de Francisco Barbosa, además, se convirtió en una de las principales entidades en mostrar un rechazo al modelo de gobierno que quería implementar Gustavo Petro desde la Presidencia de la República. El jefe de Estado, tuvo la oportunidad de poner a una de sus fichas cercanas al frente del ente investigador, que, antes del cambio de fiscal general, le asestó un golpe como la captura de su hijo, Nicolás Petro Burgos, ahora investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La elección de nuevo fiscal general la haría la Corte Suprema de Justicia, que tenía que escoger sobe la terna que presentó el presidente Petro desde finales de 2023. El jefe de Estado desde primer momento se aseguró de que fuera una mujer la que tomara las riendas del ente investigador, por eso sus candidatas fueron Amelia Pérez (actual presidenta de la SAE), Ángela María Buitrago (actual ministra de Justicia) y Luz Adriana Camargo, quien fue escogida como fiscal general el 12 de marzo del año pasado por la Sala Plena del alto tribunal. A pesar de sus perfiles intachables, atravesaron un proceso de elección lleno de presiones por parte del jefe de Estado a los magistrados para acelerar la decisión.
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En las altas esferas del poder se habló de su llegada a la terna por recomendación del ministro de Defensa Iván Velásquez, con quien trabajó de la mano, cuando ambos fueron magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal. Dentro de las investigaciones que los dos lideraron, estuvo la de la parapolítica, en la que más de 50 políticos condenados por nexos con paramilitares. Además, la lideraron Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que destaparon entramados de corrupción de políticos de ese país, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Contraloría
Al frente de la Contraloría, el órgano encargado de vigilar el buen uso de los recursos y bienes del Estado, está Carlos Hernán Rodríguez. Fue elegido por el Congreso de la República en pleno como contralor general de la República en agosto de 2022, cuando Gustavo Petro recién se había posesionado como presidente y tenía las mayorías parlamentarias. Sin embargo, su elección fue demandada ante el Consejo de Estado, y por poco más de un año estuvo fuera del cargo. Aun así, en el Congreso le dieron nuevamente el espaldarazo que recibió la primera vez. Incluso, tuvo dos votos más: 96 votos a favor en el Senado y 169 en la Cámara de Representantes.
Durante su vida profesional, ocupo varios cargos políticos, donde resalta, sobre todo, que fue concejal de Palmira y diputado del Valle, durante el periodo en el que la extinta guerrilla de las FARC secuestró y asesinó a 11 de sus compañeros en aquel entonces. Rodríguez se salvó en esa oportunidad, porque el día de los hechos no se encontraba en el edificio donde ocurrió el plagio. También fue director Nacional del Sistema de Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo, y auditor general elegido por el Consejo de Estado. Dentro de sus promesas en el cargo, está que la Contraloría recupere al menos $10 billones para las arcas del Estado y que se encargaría que el ente de control fiscal deje de ser un fortín político.
Defensoría del Pueblo
Al igual que con la Fiscalía General, el presidente Gustavo Petro se decantó por enviar una terna compuesta solamente por mujeres. En esta ocasión, las candidatas fueron las abogadas Jomary Ortegón, Dora Lucy Arias e Iris Marín. Con 170 votos en la Cámara de Representantes, el pasado 16 de agosto, Iris Marín, quien hasta ese momento era magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, se convirtió en la primera mujer en ser la jefa de ese ente de control. En los pasillos del Congreso y de la Presidencia de la República se habló de que el jefe de Estado fue atraído por el trabajo que hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que asesoró parte de las negociaciones con las FARC.
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Además, Marín es experta en justicia transicional, víctimas y paz, también trabajó con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para las Víctimas, ONU Mujeres y la Comisión de la Verdad. Aunque se le señaló de ser una ficha de Petro, el mismo día de su posesión en el cargo marcó distancia con el jefe de Estado, cuando criticó al presidente por decir que las periodistas que no estaban de acuerdo con sus ideas eran “muñecas de la mafia”. Asimismo, la nieva defensora se puso a la llegada de Armando Benedetti como asesor presidencial, así como la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz dentro de la iniciativa de paz total del gobierno.
Procuraduría
La última “ía” que seguía bajo el mando de una funcionaria elegida durante la presidencia de Iván Duque es la Procuraduría, encargada de vigilar el comportamiento y disciplina de los funcionarios públicos. Desde lo más alto del Ministerio Público, Margarita Cabello se mantiene como una opositora del gobierno Petro. El pasado octubre, el Senado tenía que elegir a un nuevo jefe para el ente de control, de una terna compuesta por un candidato del Consejo de Estado, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno de la Presidencia de la República. En ese momento, las dos altas cortes ya se habían decantado por Luis Felipe Henao y Germán Varón, respectivamente. Y el presidente Petro aprovechó la oportunidad.
Gregorio Eljach, quien fue secretario general del Senado por más de una década, era el ganador cantado de la elección, pues se sabía que contaba con los votos necesarios. El único obstáculo que tenía que superar era ser ternado por la Corte Suprema, pero no lo logró. Fue entonces, cuando desde la Casa de Nariño lo llamaron y le propusieron ser el candidato de la Presidencia. Era un gana-gana: Eljach se hacía con el cargo y Petro lograba que su candidato fuera el vencedor. Aunque su posesión formal será en una semana, el pasado 20 de enero, el presidente Petro lo posesionó simbólicamente en Riohacha (La Guajira). Por ahora, Eljach está terminando el empalme con Cabello.
El próximo miércoles, se hará oficial el cambio de manos en lo más alto del Ministerio Público. Así como en cada uno de los entes de control cada uno llegó con ideas nuevas sobre lo que deben ser esas entidades, Eljach, que llega a dirigir una de las más sonadas en el ámbito político, tiene que resolver un problema de fondo: el poder que tendrán, o no, para sancionar a funcionarios de elección popular como alcaldes o gobernadores. En diálogo con El Espectador, el procurador electo aseguró que llevará al Congreso un proyecto para que sea por vía legislativa que se le ponga punto final a la discusión. Asimismo, tendrá que llegar a demostrar la independencia que asegura tener del gobierno de Gustavo Petro.
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