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¿Cuáles ha sido la estrategia en la lucha contra el narcotráfico, en los nueve meses que lleva al frente de la cartera de Defensa?
El enfoque de la estrategia es cambiar lo ilegal por lo legal, y ahí juega un papel fundamental la sustitución de cultivos de uso ilícito y lograr la comercialización de los otros productos por los que se reemplacen. El enfoque es de un 70% de la acción unificada del Estado para eliminar ese problema, porque el narcotráfico no es un problema netamente militar: es un problema también social e incluso económico.
Si hablamos de los cultivos, se proyecta que ya llevamos un 15% más de erradicación que el año pasado, y esperamos erradicar, para sustituir, alrededor de 30.000 hectáreas a final de año. El 70% de las operaciones se han desarrollado por fuera del territorio colombiano. Eso quiere decir que es clave la cooperación internacional.
¿Qué hizo distinto a su antecesor, Iván Velásquez, para lograr estos resultados en la lucha contra el narcotráfico?
Diferentes elementos. El primero de ellos es fortalecer la inteligencia y también aumentar la capacidad de recompensas por información. Igualmente, los resultados que se han dado son, en parte, también por lo que hizo el antecesor, porque no partimos de cero, venían más cosas y simplemente las potencializamos.
Otro elemento ha sido la articulación en inteligencia entre las fuerzas, para que puedan completar el rompecabezas contra la amenaza. Otro es incrementar la capacidad de drones y antidrones para proteger más a las tropas; y, sin embargo, hemos perdido hombres en ello.
También, desarrollar la industria de defensa: desarrollar nuestros propios drones y armamento, que, si bien es cierto que algunos están en prueba, otros ya están para la venta. Un elemento fundamental es mirar la amenaza integralmente: acercarnos más a la comunidad y mitigar la desinformación. Entonces, estamos tratando de comunicar más, para que la percepción de seguridad no se vea afectada.
Precisamente, el exministro Velásquez hablaba sobre problemas en la articulación de esfuerzos con otras entidades del Gobierno. ¿Ha mejorado esa cooperación?
El desafío más grande para acabar con el narcotráfico es la articulación de todo el Estado. Hay que determinar dónde es que está el problema principalmente y qué acción ha hecho el Estado en su conjunto. Podría mencionar tres regiones importantes: Catatumbo, Cauca y Nariño.
Frente a ello, el Gobierno Nacional, si hablamos de estrategia unificada, está el pacto por el Catatumbo, el pacto por Cauca y el pacto por Nariño. Allá convergen absolutamente todas las instituciones para desarrollar oportunidades y transformar esa cultura que se ha vuelto “traqueta”. Esa alineación hay que hacerle un seguimiento permanente.
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Cada semana revisamos un fenómeno criminal, pero con una mirada integral. Tanto el Ministerio de Medioambiente, de Minas, de Justicia, como la Fiscalía, nos sentamos en el mismo lugar, para que esas líneas estratégicas impacten integralmente el territorio.
Aunque no bastó todo ese esfuerzo para que Estados Unidos nos certificara, Colombia es tal vez el único país en el mundo que, además de sufrir el cáncer del narcotráfico, lo combate con total vehemencia. Sin embargo, la ayuda y la estrategia se mantienen, y la clave es mantenernos más cohesionados.
Sobre la certificación, en mayo pasado usted le dijo a El Espectador que si el país no pasaba la prueba de Estados Unidos, habría un plan B. ¿Cuál es ese plan y cómo nos afecta el retiro de ayuda de ese país?
En este momento, en lo que es el sector defensa, no se ha afectado. La fuerza pública sigue manteniendo esa capacidad, porque somos conscientes de que la columna vertebral que puede sostener la protección de ambas naciones es la seguridad.
Si se fracturan las relaciones entre las naciones, ganan los criminales. Nosotros mantenemos un flujo constante, pero también somos conscientes de que debemos tener una autonomía estratégica y una diversificación en capacidades. Por eso es importante producir nuestras propias armas, pero puede tardar unos 10 años, y se requiere que mantengamos esta cooperación protegiendo la soberanía de Colombia.
Y, en esos 10 años que se consolide, ¿Cómo va a mantener esa soberanía si Estados Unidos habla de hacer operaciones al interior del país?
Lo que vamos a buscar es que se desescalen todas estas tensiones. Y una manera de desescalarlas es que los Estados Unidos, quienes están al frente de esta estrategia, vengan aquí a Colombia y la conozcan de primera mano. Respecto a las decisiones que llegue a adoptar Estados Unidos, el presidente de la República es quien hablará al respecto.
Pero, de parte mía, como Ministerio de Defensa, protegeré la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional aquí en nuestro territorio. Insisto: ningún bien hace que se fracturen las naciones. Se causa un daño enorme que luego es muy difícil de solucionar.
¿Cree que la descertificación que hizo Estados Unidos fue la antesala de la inclusión del presidente y otros miembros de la Casa de Nariño en la Lista Clinton?
Lo que creo es que Colombia ha hecho un trabajo excepcional en la lucha contra las drogas. El presidente de la República está obsesionado en la lucha contra las drogas. Colombia y Estados Unidos tienen el mismo propósito de acabar el narcotráfico. Lo único que varía son los métodos y los medios.
Y varían porque, mientras acá hay productores, en Estados Unidos, y en otros lugares, hay consumidores. Entonces, la estrategia es diferencial. El presidente ha empleado absolutamente todas las capacidades que tiene Colombia para neutralizar la amenaza. Como Ministerio de Defensa no vamos a bajar la guardia; todo lo contrario, vamos a incrementar aún más la afectación a estos criminales del narcotráfico.
Estados Unidos retiró un esquema de protección antidrones y antimisiles del Palacio de Nariño. ¿Colombia está en la capacidad de reemplazar esos mecanismos?
Esa capacidad antidron ya fue reemplazada por capacidades de Colombia y el presidente de la República está protegido contra dicha amenaza. El mensaje aquí es claro: debemos ser dueños de nuestras propias armas. Claro que agradecemos la cooperación, y nosotros también ayudamos enormemente.
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¿Mientras llegamos a tener todas las capacidades completas con armas y drones propios, quedamos de alguna manera desprotegidos?
La transición que hablo de lograr la autonomía y la diversidad estratégica es responsable y sensata. En esos términos, tarda unos 10 años en hacerse y es una transición: no podemos abandonar algo inmediatamente sin tener esa capacidad. Eso beneficia a las otras naciones que nos apoyan a nosotros, porque nosotros aumentamos la capacidad. Pero no vamos a tomar decisiones que no sean responsables, y en ese sentido es clave mantener la cooperación internacional.
¿Entonces nuestra capacidad de defensa frente a algunos aliados como Estados Unidos va a depender del diálogo diplomático?
La capacidad para afectar principalmente el narcotráfico, porque, por ejemplo, los helicópteros que empleamos con la Policía son de Estados Unidos y con combustible de Estados Unidos, es un apoyo supremamente vital para la movilidad. Los aviones de combate, los Kfir, los aviones de transporte, los aviones de inteligencia, esos son de nosotros. Hay unas áreas pequeñas, pero fundamentales, que son claves mantener mientras logramos acabar el narcotráfico, y que eso nos permitirá acelerar aún más esa autonomía estratégica.
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El presidente Petro ha dicho que tragedias como la de Amalfi, donde murieron 13 policías por el ataque de un explosivo de las disidencias de las Farc se deben a fallas en de inteligencia. ¿Casos así sí son errores de inteligencia, ministro?
En la guerra hay algo permanente que es la incertidumbre. Uno nunca va a conocer exactamente todo el campo de batalla. En lo que ocurrió en Amalfi había tres amenazas importantes: un artefacto explosivo, un ataque con drones y una emboscada.
Esos análisis de riesgo siempre se hacen. Aunque la información es preliminar, frente a las medidas que tomó la Policía a las amenazas con explosivos, se ingresaron perros antiexplosivos y personal. Frente a los temas de ataques con drones, se ingresaron sistemas antidrones. Sobre el tema de emboscada, se ingresó una fuerza de combate.
En el sitio donde aterrizaron había ganado e incluso había campesinos; lo que da a entender que podría estar libre de explosivos. Cuando fueron atacados, inmediatamente ordenaron la extracción porque ya la erradicación no era segura; se movieron a otro lugar, revisaron con el perro antiexplosivos, con el personal antiexplosivo, les dieron luz verde para que aterrizara el helicóptero. Aterrizó y se activó el campo explosivo. No fue posible haberlo detectado. Eso nos trae, obviamente, lecciones aprendidas; y lo que podamos encontrar en esa investigación, que apenas termine, se hablará más de ella.
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Aun así, ¿usted sí cree que las declaraciones del presidente sobre las fallas de inteligencia son ciertas?
La amenaza siempre va a estar buscando que uno no le llegue a ellos. Si supiéramos exactamente dónde están, o si en la historia de Colombia se tuviera al 100% toda la inteligencia, ya los hubiéramos capturado absolutamente a todos. El incremento en un 20% de los neutralizados, el incremento en un 50% de la ofensiva, la reducción de menores de edad reclutados en un 40% y la reducción de la extorsión en casi un 10% es porque hay inteligencia; pero hace falta mejorarla.
¿La salida del general Carlos Triana de la dirección de la Policía tiene que ver con estos errores en inteligencia que señala el presidente?
El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y decide quiénes las comandan. Respecto a la labor que desarrolló el general Triana, el presidente también mencionó que había hecho un trabajo muy bueno. Lo podemos ver en los resultados de impacto que se tuvo: la creación del bloque de búsqueda en Cali y en Pereira.
Sin embargo, hay unos retos muy grandes, y es la tasa de homicidios que aumentó, pero yace principalmente en luchas entre las bandas, y la solución no es netamente de la Policía o las Fuerzas Militares. Es también de los gobernantes, que mantengan a los jóvenes ocupados con mejores oportunidades.
Durante la posesión del nuevo director de la Policía, el general William Rincón, el presidente señaló que grupos armados intentaban “desestabilizar” las elecciones de 2026. ¿Qué información hay al respecto?
Con esos grupos se puede referir, por ejemplo, a los relacionados con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Entonces, existe ahí un tema de buscar desestabilizar el país; y otras amenazas son actores que buscan generar una especie de caos para manipular los votos. Mucho de eso viene en la desinformación. En algunas redes sociales se ha dicho que el Gobierno piensa sabotear las elecciones, lo cual es totalmente falso.
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Esta mañana se conoció que el ELN va a llevar a juicio de guerra a los funcionarios del CTI y los policías que están secuestrados en Arauca. La condición de este grupo para liberarlos es que haya un intercambio de presos. ¿Usted ha podido hablar con el presidente para mediar en esa liberación?
Al presidente y a nosotros, lo que más nos interesa es la vida y, en ese caso, la vida de los cuatro miembros del Estado. La vida y la suerte de ellos depende claramente del ELN. Sabemos que están bien, que están vivos. Por otra parte, ellos no son jueces: son criminales.
El Ministerio de Defensa no va a interferir ni a actuar en algún momento que llegue a poner en riesgo la vida de nuestros miembros. De parte del Gobierno Nacional se han hecho acercamientos; nosotros también, pero son cosas reservadas. No podemos dejar que el secuestro se convierta en un arma de chantaje al Estado colombiano.
El Gobierno ha adelantado diálogos de paz con distintos grupos armados, pero en este momento no hay cese al fuego con ninguno. ¿Cómo se compagina que haya operaciones militares con la política de Paz Total del presidente?
Mencionar que ellos son terroristas o narcotraficantes no es porque lo diga yo, sino por los actos que cometen. Respecto al cese al fuego y el avance de la Paz Total, nosotros somos un eslabón armónico. La Paz Total no dice “es cese al fuego”; la Paz Total es que no existan grupos criminales, que se desmovilicen. Para ello, hay unas mesas de diálogo.
El diálogo está libre y se está adelantando, pero eso en ningún momento limita la obligación constitucional de proteger a los colombianos. El cese al fuego debería ser el último punto, pero ahora ha permitido adelantar una ofensiva para desmantelar a los grupos y evitar que la violencia llegue contra la población. Aunque han afectado a muchos civiles, ha sido menor que cuando existía cese al fuego.
Aunque el trabajo de ustedes es proteger a la población civil, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las asonadas contra la fuerza pública en las que se mezclan criminales con civiles?
Como estos grupos no pueden enfrentar a la fuerza pública, lo que hacen es utilizar escudos humanos. Un principio básico de una operación militar es el principio de distinción; y, cuando los soldados y policías los ven armados, saben que son criminales. Pero luego, cuando se visten de civil o cuando llega una muchedumbre violenta, esto se pierde.
Entonces, los militares y policías aplican el principio de precaución, de no usar las armas porque no tienen claridad en ello. Por eso, la estrategia va hacia la judicialización de esas personas, y ya tienen orden de captura algunas. Solo es cuestión de tiempo para llevarlas a la justicia.
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Pero ¿cuánto tiempo?, porque hablan de judicialización desde hace meses.
Creo que antes de que acabe este año ya tendremos las primeras capturas contundentes que van a mandar ese mensaje. Tener las órdenes de captura es gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía. Cuando digo “a final de año”, es ya tenerlos totalmente capturados, y esperamos también condenados. En promedio, por cada manifestación, han sido individualizadas unas tres personas relacionadas con estos hechos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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