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Hace dos meses —a principios de noviembre de 2024— los estragos generados por las lluvias en Colombia desbordaron la capacidad de las alcaldías y gobernaciones para responder ante las emergencias climáticas. Con el objetivo de prevenir la pérdida de vidas y mitigar los daños económicos que dejaron las inundaciones y deslizamientos, el Gobierno Nacional declaró la segunda emergencia nacional del año.
En el momento de la declaración, los daños en viviendas, vías y colegios, entre otros, se cuantificaron en cerca de $1,7 billones, que serían transferidos principalmente a tres zonas: La Guajira, Chocó y Bogotá. Para esta última, afectada por la sequía que tenía en mínimos históricos los embalses que garantizan el acceso al agua, se proyectaron alrededor de $70.000 millones para financiar acciones en el sector ambiental y de vivienda.
Pese a los planes y los pronunciamientos que hicieron entonces tanto el presidente, Gustavo Petro, como los funcionarios al frente de entidades como la UNGRD, más de dos meses después de la declaratoria, ni un peso de los dineros prometidos ha sido transferido desde las arcas del tesoro nacional para la atención de las emergencias, que es la primera etapa para recuperar integralmente los territorios y comunidades afectadas en el país.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, —la entidad encargada de girar los recursos— detrás de estas demoras hay una razón sencilla: el Estado no tiene, fiscal y legalmente, recursos disponibles para girar.
Para el cierre de 2024, los depósitos de la Tesorería Nacional —manejados por el Banco de la República y que es el fondo a través del cual se realizan los pagos para las diferentes entidades— se encontraban en $4,2 billones; un nivel particularmente bajo debido, principalmente (aunque no únicamente), al recaudo tributario realizado en 2024 por la DIAN.
Sin entrar en detalles, según cifras de la autoridad tributaria, entre enero y noviembre de 2023 se recaudaron $235 billones en impuestos en el país; para el mismo periodo de 2024, esta cifra fue de $249 billones, es decir, se registró una caída de $14 billones.
A esto se suma que el Presupuesto Nacional de 2025, emitido por decreto en un hecho que no se registraba hace 20 años, salió desfinanciado por $12 billones. Es decir, el Estado llega con $14 billones menos de ingresos y con la necesidad de hacer recortes, lo que dimensiona la apretada situación fiscal en la que se encuentra el país.
Debido a esto, el Ministerio de Hacienda se encuentra revisando de qué cuentas de otras entidades sacar la plata para girar efectivamente los recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Los recursos no se han entregado, pero ya existe una subcuenta lista para recibirlos. Estamos pendientes de una reunión con el Ministerio de Hacienda para definir los últimos detalles”, indicó a este diario Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
La pregunta en este punto es, para cuando lleguen los recursos, ¿cuál es el plan?
El plan con los recursos atrasados
Según un documento que conoció este diario, los dineros girados para la atención de la emergencia serán destinados a acciones en los sectores Agricultura, Energía, Educación, Vivienda, Transporte, Cultura, Deporte, Prosperidad y, entre otros, la UNGRD.
Como puede ver en el gráfico que acompaña estas páginas, estos serían destinados a operaciones de la Fuerza Pública, control de enfermedades, alimentación de ganado, restablecimiento de conexiones eléctricas en el Chocó, intervención en 145 sedes educativas, convenios de infraestructura vial, entre otros.
Para Bogotá, que continúa en una temporada seca que mantiene a los capitalinos con recortes de agua programados, se proyectaron acciones desde el sector vivienda y ambiental, “para el reciclaje de agua y sistemas de abastecimiento”.
Sobre esto último, si bien desde el Gobierno Nacional aseguran que se está avanzando en el trabajo para actuar ante la situación en Bogotá, desde el Distrito aseguran que no se han tenido reuniones formales para tratar el tema de la sequía desde noviembre, cuando se realizaron las últimas dos reuniones para abordar esta problemática.
En la segunda de esas reuniones, el Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, le propuso a la Alcaldía de Bogotá declarar el estado de desastre en Bogotá para poder movilizar recursos del Gobierno Nacional y poner en marcha un plan de acción ante la inminente crisis hídrica. Esta propuesta no solo fue rechazada por el Distrito, sino también por el Comité Técnico Conjunto, convocado después por la UNGRD, que concluyó que la declaratoria de emergencia para la capital no era necesaria en su momento.
La ministra Muhamad insistió en la propuesta (apoyada por el presidente Gustavo Petro) de mejorar los sistemas de recolección de agua lluvia en Bogotá. “Es fundamental que empecemos de inmediato una campaña masiva de recolección de agua lluvia, que se podría implementar con obras sencillas y accesibles para la ciudadanía”, expresó. La funcionaria agregó que esta medida sería clave para enfrentar la escasez de agua.
Fuera de Bogotá, los departamentos más afectados por las lluvias durante el segundo semestre del año 2024, la intervención del Gobierno Nacional no se ha concretado. Por ejemplo, en Chocó, donde las lluvias afectaron a más del 80 % del departamento y dejaron a más de 30.000 familias damnificadas, la ayuda se ha limitado a una atención inicial.
“A la fecha solo hemos recibido lo que tiene que ver con el despliegue de ayudas de la UNGRD para los damnificados. Y un recurso de $8.000 millones para la mitigación del riesgo, pero son obras externas a la temporada de lluvias, que es lo que más nos afecta”, explicó a El Espectador la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien ha llamado al Gobierno Nacional para una mayor atención a las emergencias.
Esta es la misma situación que se presenta en La Guajira, en donde las fuertes lluvias incomunicaron a varios municipios por daños en sus vías de acceso, en particular en el municipio de Uribia. El gobernador de La Guajira, Jorge Aguilar, asegura que a pesar de que “se realizó una mesa de trabajo para socializar el contexto de las zonas rurales y urbanas afectadas, no se ha recibido los recursos por parte del Gobierno Nacional. Aunque se han hecho varios anuncios, ninguno se han concretado”.
Para atender a las comunidades afectadas, se ha recurrido al apoyo de entidades como el ICBF, la Federación Nacional de Departamentos, y agencias de cooperación internacional como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, UNICEF, la Organización Panamericana de Salud, entre otras.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que priorice la construcción de vías en territorios como la Alta Guajira, lo que no solo reduciría las brechas de comunicación, sino también minimizaría los efectos negativos que enfrentan las poblaciones asentadas en estos territorios”, asevera Aguilar, gobernador de La Guajira.
Hacia un mayor costo fiscal de las emergencias
Una de las alertas que levanta esta situación es el peso fiscal que están significando los eventos climáticos en el mundo. De acuerdo con cifras de Aon Plc, una proveedora internacional de servicios de gestión de riesgo y seguros, las pérdidas económicas globales por catástrofes naturales sumaron $258.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024, una cifra superior al promedio del siglo XXI.
En Colombia, en 2024, se registraron más de 8.400 eventos climáticos que afectaron a más de 950 municipios. Estos hechos dejaron 244.553 familias damnificadas, más de 100 fallecidos y alrededor de 100.000 viviendas afectadas. Para atender estas emergencias se han invertido más de $42.000 millones en asistencia humanitaria, alimentaria y no alimentaria.
Además, para mediados de noviembre de 2024, más de 45 municipios del país se encontraban en una declaratoria de calamidad pública por emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, una herramienta que sirve para utilizar recursos públicos para atender emergencias normalmente dirigidas a otros rubros.
“El cambio climático ha influido significativamente en la ocurrencia de emergencias al modificar los patrones climáticos. Hay un incremento en las lluvias intensas y de corta duración, lo que provoca deslizamientos, inundaciones y daños súbitos. Estos factores han hecho que en 2024 tuviésemos más de dos millones de personas afectadas, con un incremento de la población afectada en comparación a lo registrado en la última década”, explica Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Para la investigadora de eventos climáticos, Sara Vallejo-Bernal, quien trabaja en la Universidad de Leipzig (Alemania), “en el país se tiene que pensar en las formas en que monitoreamos estos desastres, pues no tenemos aún un sistema robusto de alerta temprana en todo el país o una integración con las comunidades que permita mitigar eventos extremos, lo que es un desafío administrativo y también financiero para las entidades”.
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Por Fernán Fortich
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