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Sobre las 9 de la mañana de este 12 de junio, los alrededores del SuperCADE de la Carrera 30 con calle 25, en Bogotá, empezaron a llenarse de profesores. Fecode, el principal sindicato de los maestros, los había citado en ese punto para iniciar su primera movilización del paro nacional que anunciaron dos días atrás. La ley estatutaria que el Ministerio de Educación había conciliado con la oposición en la Comisión I del Senado parecía fracturar la estrecha relación que Fecode mantenía con el gobierno de Gustavo Petro.
Hacia las 10 a.m., la directiva del sindicato, encabezada por Domingo Ayala, se dirigió hace la calle 26, con rumbo hacia la plaza de Bolívar. Detrás de la comitiva iba una camioneta blanca donde un docente repetía los seis puntos del proyecto de ley estatutaria que más discordia han causado. Entre ellos, recordaba el que se refiere a la evaluación docente que, con el paso de los días, ha generado una gran confusión. Hay quienes, por ejemplo, han criticado a Fecode porque, dicen, no les gusta que los evalúen.
Entre ellos está la senadora Paloma Valencia y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo (en la presidencia de Iván Duque), ahora rector de la Universidad EIA en Medellín. Para ambos, la posición de Fecode es una muestra de que no quieren que los maestros de colegios públicos sean evaluados. “Cómo entender que un sindicato de maestros, que supuestamente promueve y trabaja por la educación, termine protestando en contra de ser evaluados, cuando esté siempre ha sido un criterio de calidad en el sistema educativo”, trinó Restrepo. “A Fecode no le gusta que los evalúen, considera que eso tiene que ser una cosa pedagógica, porque el derecho a mantener el trabajo es más importante que el derecho a la calidad de la educación de los niños”, le dijo Valencia, por su parte, a El Colombiano.
Pero para quienes han estudiado el sistema educativo de Colombia creen que no está bien reducir a esos términos un debate tan complejo. Si hay algo que por años ha desencadenado intensas discusiones es, justamente, la “evaluación docente”. Como dice Andrés Molano, exdirector del Icfes y profesor asociado de la facultad de Educación de la Universidad de los Andes, es un debate que se ha dado por tantos años y que incluye tantos detalles, explorando muchos caminos, que ha sido muy difícil ponerse de acuerdo.
En mayo del 2014, por mencionar otro caso, más o menos reciente, la evaluación docente fue una de las principales razones por las que el sindicato de los profesores paralizó por varios días la movilidad y la educación escolar pública, tal y como hoy está sucediendo.
El motivo de la discordia
El primer paso para hablar de evaluación docente es responder una pregunta que está causando un gran malentendido: ¿A los profesores de los colegios públicos de Colombia los evalúan? La respuesta es sí, a los maestros los evalúan y de diferentes maneras.
Como explica el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, las evaluaciones que les hacen se podrían sintetizar en tres: hay una de ingreso, que es cuando quieren entrar al sistema educativo; hay otra de desempeño, que se hace anualmente; y otra para ascender en el escalafón docente y buscar un mejor salario. Esa última, por obvias razones, es la que más tensiones suele generar entre los maestros.
Uno de los problemas en este momento es que, tras su paso por la Comisión I de Senado, el documento de la ley estatutaria incluyó un artículo sobre la “evaluación docente” que tiene a muchos en el sector en medio de un enredo, pues no se sabe a cuál de esas tres evaluaciones se refiere. Específicamente, hay un parágrafo del artículo 39 que ha causado discordia: sugiere que los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas de Estado (como la Saber 11, que se presentan en el último grado escolar) sirvan como criterio para evaluar a los profesores.
“No sé a qué tipo de prueba aplicaría ese parágrafo; habría que preguntarle a las personas que lo introdujeron. Pero, intuitivamente, creería que son para las de desempeño y para las de ascenso”, dice Sánchez.
A su parecer, hay un enorme problema con esas líneas: “El inconveniente es, sobre todo, lo que no dice el parágrafo. Entonces, la gente se imaginará —como está sucediendo— que esa es la propuesta de evaluación docente que tenemos. Es un parágrafo muy reduccionista que no considera todos los elementos que deben tenerse en cuenta”.
A lo que se refiere Sánchez es que si hay algo complejo de evaluar en el sistema educativo colombiano es el desempeño docente. Por más de dos décadas, los diferentes ministerios de Educación han tratado de hacer cambios, pero cada ajuste desata una discusión tan intensa como la que ahora vive el país. Desde que en 2002 se promulgó el Nuevo Estatuto Docente (el popular decreto 1278), en el que se dejaban las reglas del juego claras para ingresar a estudiar esa carrera y las competencias que evaluarían a los profesores a partir de ese momento, no hay Gobierno en el que no se hable de la evaluación docente.
El interrogante que siempre se hacen es el mismo: ¿Cómo evaluamos el desempeño de un profesor? Si solo nos centráramos en la “tercera evaluación” (la de ascenso y reubicación docente), ¿qué sería lo más adecuado para permitirles a los maestros que asciendan salarialmente?
“¿Contenido disciplinar, competencias de los docentes en el área de que se desempeñan, prácticas pedagógicas, su manejo del aula, el clima escolar que promueve, algunas habilidades administrativas?”, se pregunta Molano. “Es indispensable evaluar, pero no es nada sencillo, especialmente en una realidad como la de Colombia”. No hace falta recordar que hay muchas escuelas rurales, como el Internado Rural de Murutinga, en Vaupés, donde solo hay un par de profesores que deben dar clases a niños y niñas de diferentes edades en un mismo curso.
De hecho, en menos de un mes la Universidad de Antioquia va a realizar unas nuevas pruebas para que los maestros puedan ascender o mejorar su nivel salarial. Entre los puntos que incluye en la prueba está el “contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente”, la “planeación de la práctica educativa y pedagógica” (que incluye las propuestas pedagógicas); la “praxis pedagógica” (que incluye los procesos didácticos); y el “ambiente en el aula” (que incluye las relaciones de los docentes con los alumnos).
Es un examen que lo realiza el Ministerio de Educación cuando puede, pues depende de algo esencial: disponibilidad de plata. “Si hay restricción presupuestal es muy desafiante garantizar un ascenso salarial para todos los docentes”, añade Molano.
Por esa complejidad que abarca, tanto a Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, como a Hernando Bayona, exviceministro de Educación del gobierno Petro, también les parece mala idea lo que propone el controversial parágrafo de la ley estatutaria de educación. La razón es la misma: para evaluar a un maestro, según los resultados que obtengan los estudiantes, se deberían basar en el único examen que se hace a todos los colegios del país: las Pruebas Saber 11, que hacen los estudiantes de este grado, antes de terminar su bachillerato.
“Sería injusto que se juzgue solamente por las Pruebas Saber 11. Hay estudiantes que tienen ventajas por sus contextos socioeconómicos favorables y no por el aporte de los docentes”, reitera Bernal. “Siempre se pueden introducir sistemas de evaluación más justos”.
Para decirlo en palabras de Ómar Garzón, del LEE de la Javeriana, los resultados de exámenes como las Pruebas Saber 11 se correlacionan no solo con lo que le puede enseñar un profesor a sus estudiantes en las aulas, sino con el contexto social o con la educación de la madre, el nivel socioeconómico, el acceso a libros, a fuentes de conectividad o transporte escolar. Ahora, dice, “sí soy partidario de generar indicadores de calidad que permitan mirar el progreso de los estudiantes. Necesitamos una educación de calidad y pertinencia”.
Molano agrega otro desafío a la idea de evaluar a un profesor según los resultados de sus estudiantes: “¿A qué profesor le atribuye usted el resultado que un alumno obtiene en una Prueba Saber 11? ¿A cada uno de los que tuvo en el colegio o al de tercer o séptimo grado? Para pensar en evaluar de esa manera, deberíamos saber con precisión cómo entra un estudiante a un colegio y cómo sale y, aun así, es un asunto muy complejo”.
“Peros” a las otras pruebas
En la otra cara de la moneda están las otras pruebas que presentan los profesores: con la que ingresan al sistema de educación y con la que evalúan su desempeño cada año. Sobre esta última también ha habido un gran debate, pues no a todos les convence la manera como se está llevando a cabo.
Hoy, para decirlo en términos muy sencillos, el desempeño de cada profesor es evaluado por el supervisor del colegio, que en muchas ocasiones es el rector. Como explica Garzón, esa sí es una prueba que podría poner en apuros a un maestro, en caso de sacar un bajo puntaje. Con menos de 90 puntos, pasan a un período de prueba. Si un maestro ha estado en dos períodos de prueba, pierde el cupo.
Sin embargo, como apuntaban los investigadores Fabio Sánchez Torres (profesor de Economía de Los Andes y Ph.D en Economía) y Zelda Brutti (PhD en Economía) en un estudio publicado en 2022 en Economic Analysis and Policy, esa evaluación ha “demostrado ser mucho menos rigurosa que las intenciones de la ley” que la creó.
¿El motivo? Entre otras razones, advertían, esas evaluaciones “cargan grandes responsabilidades sobre los hombros de los directores de escuela, quienes se encuentran en la incómoda posición de tener que emitir juicios que pueden acarrear graves consecuencias para los docentes”.
Además, escribían, “los directores de escuelas públicas tienen muy pocos incentivos para tomarse la molestia de provocar el despido de un maestro, enfrentando posibles disturbios institucionales y reacciones sociales o incluso legales”. En otras palabras, es difícil que un supervisor o rector quiera asumir el riesgo de calificar mal a un docente si eso implica arruinar el ambiente laboral.
En vista de toda esta controversia, el viceministro Sánchez ahora es franco con lo que ha sucedido y que desató el malestar en Fecode: “Tenemos que reconocer que esta ley salió de Cámara bastante bien y que hay que, o retornar a ese texto o redactar algo que tenga un nivel de consenso mayor del que hay hoy”.
Los próximos días serán cruciales para saber si el Ministerio de Educación retira del Congreso una de sus principales apuestas en este 2024 o decide ajustar algunas tuercas. Tal vez, como sugiere Garzón, el debate de la ley estatutaria no es el escenario más ideal para definir cuáles son los indicadores de calidad con los que vamos a medir a nuestros profesores.
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