Posturas incorrectas

La escandalosa apología al fraude en la resolución judicial de un sistema que según él no ofrece garantías, corresponde, ciertamente, a la forma como el ex mandatario intenta capotear las tempestades que, por sus acciones, da a entender hacían parte de su entorno cercano. No obstante, y a pesar de su indiscutible habilidad política, la movida no le ha salido como esperaba y sus aliados, aunque no lo han abandonado, sí han manifestado su distancia. Uno tras otro, desde el procurador Ordóñez, pasando por el presidente del Senado, hasta llegar a sus furibistas seguidores de a pie, han cuestionado con vehemencia la declaración, que afecta sensiblemente la institucionalidad del país.

El hecho de que muchos de sus acérrimos defensores se hayan atrevido a criticarlo es prueba del grave yerro en que incurrió el ex presidente y pone al descubierto que el apoyo que lo cobijaba está lejos de ser ya incondicional. Bien sea porque su poder es sensiblemente menor, como lo sugirió Francisco Gutiérrez en su columna de ayer, o bien porque semejante arbitrariedad es ya un exceso de más. Una cosa es reconocerle sus logros como Primer Mandatario y compartir sus rumbos políticos, y otra muy diferente es poner en entredicho la capacidad del país de ofrecer garantías a sus procesados y las consecuencias internacionales que tal duda implica. Esto sin mencionar la innecesaria inestabilidad que genera en la Unidad Nacional, cuyas fisuras se están convirtiendo en grietas amenazando, por lo demás, con entorpecer los proyectos del presidente Santos, quien ahora debe distanciarse de su antecesor si pretender dejar en claras tanto la independencia de su agenda como su inocencia en los escándalos del DAS.

No obstante, si bien es inadecuada la postura del ex presidente Uribe, la posición de aquéllos contra quienes arremetió no se destaca por su diferencia. Contrario a lo que sugirió el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el Poder Judicial no se ha limitado y dedicado a aplicar la Constitución. De haberlo hecho, ni él sería encargado, ni encargado sería el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago. Más allá de qué tan bien hayan realizado ellos su labor, la interinidad por desacuerdos políticos entre los magistrados no habla bien de la seriedad de la alta corte. Tanto como es deber del ex presidente Uribe no contrariar los intereses de la Nación y respetar, a pesar de las consecuencias, sus instituciones, es deber de la Corte Suprema mostrarse como un poder sólido y confiable. Cierto es que María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, tuvo todas las garantías por parte de la justicia, pero cierto es también que los magistrados no le han hecho honor a su investidura.

Así, entonces, por la politización de unos y la arrogancia de otros, el país sigue sin superar las turbulencias propias de los enfrentamientos entre poderes y la inestabilidad que de éstos se desprende. Mal hacen aquellos que insisten en no asumir la posición que su condición les exige. La nostalgia de protagonismo no sólo se está haciendo insoportable, sino que está impidiendo que el país avance en la consolidación de su democracia. Estas arbitrariedades deberían ser ya sólo un mal recuerdo.