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Animales muertos de sed, cultivos secos, tierra árida y polvorienta. Esas imágenes reflejan la crisis de hambre en el Cuerno Africano. Una sequía histórica y devastadora junto a una intensa crisis económica que los países viven por cuenta de la COVID-19 han desatado el hambre en la región que azota entre 18 y 21 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia, pero el país más duramente afectado por el fenómeno es Etiopía, que vive la mayor crisis de hambruna del mundo de la última década, según advierte el último informe Hunger Hotspots del Programa Mundial de Alimentos -PMA- de la ONU. Pero a los problemas estructurales de la zona se suma uno local que agrava aún más la situación: la guerra.
Desde noviembre de 2020, tropas del ejército nacional etíope y sus aliados se enfrentan contra las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), el partido político nacionalista-étnico que controla Tigray. Como consecuencia, cientos de miles de personas han sido desplazadas, las rutas de transporte clave de alimentos permanecen bloqueadas y la producción agrícola ha resultado devastada. El informe de la PMA proyecta 18 millones de personas afectadas en Etiopía. De esos 18 millones, 5.2 se concentran en la región de Tigray, al norte. Según la Agencia Central de Estadística de Etiopía, para 2020 en la región de Tigray tenía una población de aproximadamente 7.7 millones de personas, lo que significa que el 67.5% de la población tigrayana está pasando hambre.
Hasta ahora, todos los esfuerzos diplomáticos han fracasado. Sin embargo, liderazgos de las fuerzas del TPLF afirmaron estar dispuestas a “participar en un proceso de paz sólido, bajo el auspicio de la Unión Africana”. El pronunciamiento ocurre un día después del Enkutatash, el año nuevo en Etiopía y Eritrea. La comunidad internacional ha celebrado el hecho y ha instado a que se aproveche la oportunidad. “Además, estamos dispuestos a respetar un cese de las hostilidades inmediato y mutuamente aceptado, para crear una atmósfera propicia”, añadieron.
Pero pongámonos en contexto: el TPFL fue uno de los partidos más poderosos de Etiopía. Desde 1988 hasta 2019, hizo parte de la coalición de gobierno Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Esto permaneció así hasta la llegada al poder del actual primer ministro Abiy Ahmed Ali con un proyecto de unidad territorial contrario al federalismo étnico y los desplazó de la coalición. Esto ocasionó particular tensión en el Tigray, donde el TPLF tiene sus bases étnicas. En 2020, el primer ministro Ahmed dio la orden de posponer las elecciones parlamentarias por la pandemia, pero el TPLF no acató la orden y procedió con las votaciones.
Entonces el gobierno nacional suspendió las relaciones con la administración federal de Tigray y congeló el envío de presupuesto. Luego, el 4 de noviembre de 2020, el primer ministro dio una declaración para condenar que el TPLF hubiera armado guerrillas en el Tigray y, así, procedió con el envío de tropas. Desde ese día se desencadenó una guerra plagada de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por ambos bandos, tal como denunció la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Abiy Ahmed Ali, recibió en 2019 el Nobel de Paz por solucionar el conflicto armado por un diferendo territorial entre su país y Eritrea. Ahora, ese país le ha apoyado militarmente en la región de Tigray. Por su parte, el TPLF presuntamente ha armado guerrillas con población de su etnia en la zona limítrofe con Eritrea.
“Están usando el hambre como herramienta política” dijo Legesse Tulu, portavoz del gobierno etíope en referencia a un ataque del TPLF al corredor humanitario de Aba’ala. Al gobierno se le ha señalado de hacer exactamente lo mismo. En junio de 2021, el ejército etíope destruyó un puente del que dependía el suministro de alimentos, luego de que el TPLF retomó el control de la capital de Tigray. Además, Amnistía Internacional ha registrado acusaciones contra las fuerzas eritreas de saquear la comida que llega con la asistencia humanitaria. Así, denuncia la comunidad internacional, se trata de una hambruna plenamente provocada por el hombre. Todo este contexto llevó a que, en enero de 2022, la ONU decidiera cesar el envío de ayuda humanitaria.
Aun así, el gobierno etíope ha rechazado los análisis de la ONU, niega que haya hambruna en el país y que el gobierno esté impidiendo la llegada de ayuda humanitaria. Dina Mufti, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a France24 que el gobierno había proporcionado asistencia técnica y ayuda humanitaria a los agricultores del país.
En todo caso, el informe del PMA advierte que todos los factores en conflicto han duplicado la inflación de los alimentos. Dicho informe, al final, recomienda al gobierno etíope a modo de solución, que garantice corredores humanitarios que faciliten la llegada de alimentos a Tigray y que ayude a las comunidades a afrontar las sequías. Es decir, el PMA recomienda que Etiopía proceda al contrario de lo que ya ha hecho. La población civil, que no es beligerante, es la que más directamente resulta afectada por la guerra del hambre.
En marzo se estableció una tregua que permitió recibir ayuda de nuevo; en julio, un informe del Grupo de Trabajo Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición determinó que se había acentuado el hambre y la sequía y, en agosto, los enfrentamientos armados al norte del país se reanudaron, la tregua se rompió y, de nuevo, se bloqueó el acceso a la región.
De acuerdo con la Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, el primer paso para una eventual tregua sería que Adís Abeba “coopere” y “permita el acceso a Tigray a la Comisión Internacional de Expertos de Naciones Unidas”. Esto facilitaría la llegada de ayuda humanitaria.
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Por José David Escobar Franco
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