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Devolverles las tierras a las víctimas, arrebatadas en el pasado por cualquier actor armado, es apenas el primer paso para la verdadera restitución. Más allá de los predios, muchos de los cuales ahora están en condiciones lamentables, hace falta todo un engranaje institucional que les permita no solo volver sino también además acceder a servicios como la educación, la salud o a proyectos productivos. De lo contrario, las tierras no dejan de ser espacios muertos a los que pocos quieren regresar.
En este reto coinciden la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial y la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas. Por eso, este miércoles firmaron un convenio con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para apoyar la ejecución de la Política de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas (Ley 1448 de 2011). Ambas están de acuerdo en que si no se acompaña la restitución con políticas adecuadas, los resultados pueden ser nefastos. El convenio beneficiará a 58 municipios en 13 departamentos del país.
Así explica la alianza Ricardo Sabogal, director de la Unidad para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas: “Muchas de las zonas en las que está trabajando la Unidad están abandonadas, en otras hay grandes transformaciones. La lucha es llevar a las comunidades a estos predios y que sean un mejor sitio para vivir”. Según Sabogal, uno de los objetivos es que las comunidades puedan retornar a sus tierras y para que dejen de depender del programa Familias en Acción.
Un claro ejemplo de esta situación es el de las víctimas de Mampuján. Sabogal retoma su historia para demostrar que pese a que pueden volver, muchos de los terrenos siguen abandonados. “Si hacemos un buen trabajo es posible que esas tierras que se quedaron solas puedan volver a producir y las comunidades puedan volver a sus predios, se trata de mostrarles que allí está el Estado. Podemos llegar con el título, pero al lado tiene que llegar la escuela, la vía, un puesto de salud”, señala.
Por su parte el director de la Unidad para la Consolidación Territorial, Germán Chamorro, agrega: “la idea es que las personas que están trabajando en las regiones puedan hacerlos de manera conjunta, no queremos que se quede solo en una firma si no en un trabajo muy importante, el compromiso es devolverle la dignidad a las personas que la han perdido”.
Actualmente, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas está tramitando procesos en 170 mil hectáreas. Sin embargo, las cerca de 27 mil víctimas que han reclamado restitución piden más de 2 millones de hectáreas. Al respecto Sabogal es optimista: “Tenemos 10 años para implementar de manera progresiva la restitución”. Para el 2013, la Unidad tendrá un presupuesto de $200 mil millones y parte de esos recursos serán utilizados en el convenio.