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El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, insiste en que el Distrito quiere cancelar a Fedemunicipios “lo justo” por administrar el Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones), y no más, como en su concepto pretende esa entidad privada. El funcionario aspira a que la justicia reconsidere el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a la ciudad a pagarle a la Federación más de $40 mil millones, correspondientes al 10% del total de las multas impuestas en la capital entre 2002 y 2008. Según él, el conflicto no es una cuestión de plata, “sino de principios”.
¿Cuáles son los argumentos del Distrito para no cancelar a Fedemunicipios lo que, aparentemente, le corresponde?
Básicamente, tres. El artículo 10 del Código Nacional de Tránsito establece que la Federación percibirá el 10% de multas y sanciones por la administración del Simit, cuando se cancele el valor adeudado. Uno parte de la base de que el sistema debe existir para que Fedemunicipios cobre esos dineros, y aunque la ley salió en 2002, el Simit sólo empezó a operar en 2004. Bogotá cree que no hay bases para que la Federación cobre unos recursos cuando no había sistema.
Los otros dos argumentos son…
Bogotá interpreta que debe pagar el 10% sobre lo cancelado por hechos que ocurren en otra ciudad y son reportados por el Simit, pero no por lo que un bogotano paga en Bogotá, o por lo que el Distrito, en su gestión de cobro, encuentra. Que la Federación se haya inventado recaudar en la capital es una cosa bastante ilegal. Lo otro es que un comparendo no es una multa. Un comparendo es una obligación a comparecer. Cuando usted paga un comparendo cancela el 50% menos de lo que será la multa. Por lo tanto, lo que paga un conductor por un comparendo no puede ir a la Federación.
Para usted, ¿Fedemunicipios está actuando de manera ilegal?
Los 1.100 municipios de la Federación tienen derecho a que se les devuelva la totalidad de los recursos que cancelaron desde 2002 por comparendos, porque éstos no son multas necesariamente. En ese sentido, todo lo que es manejar recursos de esos días sí está siendo claramente ilegal.
En este conflicto, el Distrito ha recibido el apoyo de varios municipios…
El sentir de la mayoría de secretarios de Hacienda de los municipios grandes es que esto es un tema injusto, que no es claro y que es abusivo. Bogotá cree que es importante pagar el Simit, pero pagar por lo que vale, no para que la plata se la gaste un ente privado.
¿Usted cree que Fedemunicipios está haciendo negocio con la plata pública?
Es una entidad con enorme poder de lobby político que se ha dedicado a hacer negocios. Creo que este no es un conflicto de plata, sino de principios.
¿En qué consiste el “enorme poder” de Fedemunicipios?
Ahí sí le toca a usted investigar más. Solamente, mire las particularidades de las sentencias, los tiempos en que ocurren y las anomalías. Eso es muy fácil de ver.