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En la misma bodega en la que Misael Castro Castro separa el material de reciclaje que transporta en su humilde carruaje con la ayuda de su ajado corcel ‘Pirulino’, asesinaron a su hijo de 16 años en 1994. Lo quemaron vivo junto a su novia, de la misma edad, con la que tenía un bebé de seis meses. No habían vivido mucho, no tenían cuentas pendientes.
Como el reciclaje siempre les ha dado sólo lo necesario para la alimentación, principalmente la de los caballos, el velorio tuvo que realizarse bajo el techo de lata de una casa vecina. En plena ceremonia llegó una carta firmada por un grupo al margen de la ley disculpándose porque se había equivocado de víctima. “Cuatro renglones tenía, lo recuerdo muy bien”, contó el hombre de 54 años, con el sosiego que sólo se logra después de tantos años de luto.
En 1992 Misael Castro se familiarizó con el cartón, el plástico, el PVC y otros materiales para intercambiar en una chatarrería por algo de dinero. Se quedó ahí, en ese vaivén en el que el sueldo no es seguro ni la comida es completa ni la cama es caliente. Las nuevas generaciones siguen siendo carreteros que lidian con los mismos problemas. Madres adolescentes, drogadicción, carencia de oportunidades y falta de educación generan lo que se conoce como círculo de pobreza.
Tres veces a la semana se dedican a recolectar material en el norte de la ciudad, entre las 2:00 p.m. y la 1:00 a.m. El resto de días son para separar la basura y venderla en un centro de acopio que queda en el mismo barrio.
En este empleo son muchos los riesgos y pocas las garantías. Castro perdió hace cuatro meses a su hija de 25 años cuando manejaba su zorra en la Boyacá con carrera 68. “Un carro la chocó por detrás, la tiró lejos y la carreta le cayó encima”. Un año atrás también había asistido a la muerte de uno de sus nietos. No pudo soportar la humedad y el hacinamiento en el que vivía y murió de asma a los dos años.
Por lo menos, la atención médica ha mejorado. Durante este gobierno se ha implementado el programa “Salud a su casa”, en el que personal médico visita frecuentemente zonas vulnerables para supervisar el bienestar de sus habitantes. “Nos dan medicamentos en caso de necesitarlos y atienden sin costo cualquier urgencia médica que tengamos”, dijo uno de los recicladores del barrio La Amparo de la localidad de Kennedy.
Aún así los problemas de salud perdurarán en tanto las condiciones de vida no mejoren: la desnutrición, el desaseo y la pobreza.
En el primer piso de la casa de Castro descansaban siete caballos acomodados entre separadores de madera. El aire se sentía denso y de mal olor. Por ser la única fuente de dinero, los animales comen mejor que los humanos: con tusas de mazorca y zanahorias que se recogen en alguna plaza de mercado. “Nosotros desayunamos con changua, pan y café, pero la mayoría de veces sólo comemos en la tarde una sopa, yuca, papa y arroz”, aseguró María Elsa Pinzón, la esposa de Misael.
Quién lo creyera. En el segundo piso había un computador, dos televisores, un horno microondas, dos equipos de sonido y una nevera. Lo único que funcionaba era el refrigerador. Qué importa, estaba vacío. “Es que los tenemos para chicanear”, dijo carcajeándose el hombre. Luego volvió a su habitual tranquilidad de caminar lento, sonrisas de pocos dientes y amabilidad en su rostro marchito y recubierto de manchas muy blancas, padecimiento también conocido como vitíligo.
En la estrecha habitación, siempre atestada de chécheres inservibles, volaban tantos mosquitos como en un potrero. Una gallina correteaba nerviosa por todo el lugar. En el mismo callejón en el que se levanta esta casa de madera, lata y cemento, la misma historia se repite una y otra vez entre los vecinos, que también viven como caballeros del cartón.
Los ‘karmas’ legales de los carreteros
En 2002, la entonces Secretaría de Tránsito y Transporte registró 4.000 Vehículos de Tracción Animal (VTA). Se encontró también que cerca de 18.000 personas vivían exclusivamente del reciclaje. Desde entonces no se volvió a censar a esta población vulnerable y, en cambio, se crearon leyes que obstaculizaron su trabajo, como la 769 de 2002, en la que se ordenaba la erradicación de los VTA; y la reciente medida de sanción para los recicladores por destapar y extraer el contenido de los recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección. “El problema está en que no se les están brindando alternativas para que tengan un empleo formal”, dijo el concejal Javier Palacio, autor de un proyecto de acuerdo, a debatirse por primera vez esta semana, que busca un nuevo censo para tener suficiente información sobre esta actividad y generar programas sociales con opciones económicas para los carreteros.