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Samuel Moreno Rojas y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, parece que se están quedando solos en el esfuerzo por demostrar su inocencia frente al carrusel de la contratación. La mayoría de procesados han negociado con la justicia, casi validando la teoría de la Fiscalía, que apunta a ellos.
Los últimos en dar su brazo a torcer fueron Emilio Tapia y Julio Gómez, a quienes señalan de ser quienes cobraban comisiones a los contratistas en Bogotá a nombre del alcalde y de su hermano. Ellos, ayer durante el arranque de la audiencia de imputación, sorprendieron al solicitar un nuevo aplazamiento, porque estaban en conversaciones con la Fiscalía.
El anuncio sólo significa una cosa: que a cambio de una condena favorable, ambos aceptarían que delinquieron y colaborarían con la justicia para aclarar los detalles de la mencionada red de corrupción que se tejió alrededor del IDU. Con Tapia y Gómez ya son ocho (de los 13 procesados) en reconocer su responsabilidad.
Negociaron
Los primeros en transar con la justicia fueron los primos Guido, Miguel y Manuel Nule, así como su socio Mauricio Galofre, quienes encendieron el ventilador y, para validar sus testimonios, aceptaron cargos por peculado.
Sus declaraciones y pruebas, como grabaciones, documentos y correos electrónicos, salpicaron al excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, al exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez, al excongresista Germán Olano, al senador Iván Moreno, a los contratistas Tapias y Gómez, al abogado Álvaro Dávila y, finalmente, al alcalde Samuel Moreno.
De acuerdo con los Nule, todos formaron parte de una cadena dedicada a pedir dinero a cambio de la adjudicación de contratos. Al comienzo de la investigación todos se declararon inocentes.
Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso y al conocerse las pruebas, unos encontraron más favorable negociar que ir a juicio. Del grupo de funcionarios el primero fue Inocencio Meléndez, quien prometió ser testigo. Por su confesión pagará siete años y seis meses de prisión, ahorrándose 10 años de condena.
Casi al tiempo, mientras Meléndez negociaba con la Fiscalía, lo propio hacía el exrepresentante Olano ante la Corte Suprema. Primero buscó principio de oportunidad, pero por estar bajo otro sistema penal no tuvo más opción que la de acogerse a sentencia anticipada. Aceptó cohecho y prometió colaborar.
Gómez y Tapia
Ahora es el turno de los contratistas. Ayer estaba prevista la audiencia de imputación contra Julio Gómez y Emilio Tapia, pero una vez comenzó sus abogados sorprendieron con una segunda solicitud de aplazamiento, porque estaban en acercamientos con la Fiscalía. Según los defensores, una vez conocieron el llamado de la justicia, se vieron motivados a intentar la negociación “para aclarar los hechos, su vinculación en ellos y para evitar el desgaste a la justicia”.
Por su parte, el fiscal reconoció que tuvo dos encuentros con Tapia y Gómez, aunque aclaró: “Esas conversaciones aún no tienen forma”. Por esta razón pidió un receso para concretar si los procesados realmente estaban interesados en el preacuerdo. Luego de hablar con los abogados y de firmar un acta en la que se ratificó la intención, el fiscal pidió el aplazamiento de la audiencia. “Es una postura seria y no dilatoria. Creería la Fiscalía que hay pasos ganados en la colaboración de justicia”, agregó.
El juez de Garantías fijó para el 9 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, la reanudación de la audiencia. Para esta fecha debe estar definido el preacuerdo o, de lo contrario, se adelantará la audiencia de formulación de imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento y peculado por apropiación.
Con esto, los únicos que siguen firmes en defender su inocencia hasta el final son la exdirectora del IDU Liliana Pardo, el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, el senador Iván Moreno y el suspendido alcalde Samuel Moreno. A ellos se suma el abogado Álvaro Dávila, quien mañana estará en audiencia de imputación.