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La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la modalidad de in loco (mecanismo de protección de derechos humanos) terminó este viernes 19 de abril. Entre sus principales hallazgos, este organismo internacional encontró varios problemas, principalmente respecto a la creciente inseguridad en departamentos como el Cauca, debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc, y cómo este panorama afecta directamente la situación de derechos humanos.
Al hablar del Acuerdo de Paz, Caballero, durante la presentación de resultados de la Comisión, mencionó que la implementación de los acuerdos ha sufrido tropiezos y eso “ha generado el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales, fortaleciendo la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas. El conflicto sigue socavando el disfrute de los derechos humanos en el país”, agregó.
En entrevista con El Espectador, José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH y relator para Colombia, dio algunas luces sobre los hallazgos de ese organismo internacional, en lo que tiene que ver, en especial, en la labor de los entes de control, sus conclusiones frente a la violencia de género en el país y la responsabilidad del Estado de atender a los llamados de seguridad y mejoría de derechos humanos en todos los rincones de Colombia.
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Relator, luego de sus reuniones con las ramas del poder, ¿cómo analizan la respuesta estatal a la violencia en el país?
La respuesta del Estado tiene una mirada muy amplia y dedicada a la paz total y a asegurar que el conflicto termine. Lo que tiene que suceder es que se implemente eso. La Comisión, digamos, ve que el Estado está con mucha disposición y que ha generado un marco muy novedoso. Los órganos derivados del Acuerdo de Paz son ejemplares en muchos contextos de la región. Pero eso se tiene que traducir en una implementación mucho más clara en todos los niveles ante las ausencias que nosotros pudimos constatar, sobre todo en territorio.
¿Cuáles serían esos caminos para hacerla más clara?
Tiene que haber reformas estructurales muy importantes que garanticen derechos económicos, sociales y ambientales a las personas. Tiene que haber la protección muy clara de la vida y la integridad. El Estado tiene que redoblar los esfuerzos para estar en todo el territorio y evitar las grandes violaciones a derechos humanos. No podemos seguir en Colombia con niñas, niños y adolescentes reclutados de ninguna manera por las organizaciones criminales. Tienen que sentarse a dialogar con todos los poderes y mandar los mensajes hacia el interior de los territorios.
Relator, ¿cómo vio la situación específica de los defensores de derechos humanos y líderes sociales?
No se puede transitar en la impunidad. Entendemos que la fiscal Luz Adriana Camargo está recién llegada. Nosotros, en su momento, instamos al Estado a que resolviera el tema de su nombramiento porque, justamente, es importante para la implementación del mandato: que es llevar procuración de justicia a todo el territorio. No puede ser que nos digan que faltan bases de la Fiscalía, elementos u oficinas en territorio. La gente no sabe a quién acudir porque se sienten, lo voy a decir como una alegoría, en los fuegos cruzados entre los grupos armados. Eso ya no puede suceder.
¿Qué encontraron sobre los feminicidios y las violencias basadas en género? ¿Qué dialogaron con los entes de control sobre este asunto?
Las defensoras están haciendo causa común ante los vacíos del Estado. Es muy impresionante, ante esta falta de perspectiva de género, encontrar la lucha de las mujeres y de las madres. Por ejemplo, las que lograron la Ley de Mujeres Buscadoras de muy reciente expedición. Es una realidad muy importante ante una carencia, porque quien debería estar defendiendo a todas las personas es el Estado. Y lo que tenemos es mujeres buscadoras, quienes nos enseñan que la perspectiva de género tiene que asentarse cada vez más. Esos cruces transversales de los Acuerdos de Paz le dan mucha estatura, porque no desconocen la raíz de las desigualdades en contextos coloniales y patriarcales que en la región de América Latina y en Colombia se arrastra de siglos.
¿Cuál es su lectura sobre los escenarios de cese al fuego con distintos grupos armados?
Bueno, el escenario es que el Estado no puede abdicar de defender la población y la seguridad, ¿verdad? Y entonces cuando no hay respeto a los acuerdos o surgen nuevas rutas de grupos armados, pues el Estado también debe tener, con amplios márgenes, estándar de derechos humanos y articular seguridad pública para las personas.
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¿Levantar ese cese al fuego es una medida válida para combatir esa violencia o eso puede aumentar o afectar la situación de derechos humanos?
Es una medida válida siempre y cuando las partes conciten exactamente en condiciones que puedan ampliar el cese al fuego y que eso no signifique un vacío ante las comunidades que se llenen por otros fenómenos de violencia.
Relator, ustedes abrieron un espacio para organizaciones sociales para hablar de temas de memoria, verdad y justicia, ¿qué encontraron en esas reuniones, que no encontraron con los entes de control?
Lo primero que encontramos, y que la Comisión siempre celebra cada vez que viene a Colombia, es que hay una conciencia muy clara de la titularidad de los derechos en las personas defensoras. Una titularidad de los derechos que no viene del Estado, ni de ninguna articulación con el Estado, sino del sentido profundo de saberse con dignidad. Esa es la primera constatación. Las comunidades indígenas defienden tierra y territorio por valores ancestrales, eso es importantísimo y esa es una riqueza inconmensurable de Colombia. Pero al mismo tiempo sí encontramos esta necesidad en las organizaciones sociales de tener respuestas en el acceso a la información pública que viene en defensa de los derechos. De tener medios para poder estar presentes en territorio. De tener respuestas a todos los niveles, de que la búsqueda del ejercicio de la defensa de los derechos tenga reciprocidad en las autoridades.
Y algún detalle último de lo que puede rescatar de la reunión con los órganos de control, con la Fiscalía, con la Procuraduría.
Saludo la apertura hacia la Comisión, las ganas de dar explicaciones y de resolver cualquier duda que podamos tener. El interés manifiesto en su responsabilidad y en su papel como órganos del Estado en beneficio de la sociedad. Eso escuché y quiero pensar que así van a proceder.
Y si no proceden, ¿van a estar vigilantes?
Claro, claro, por supuesto. La Comisión siempre está vigilante y lo vamos a hacer notar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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