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Ya desde la semana pasada, Nicolás Maduro viene insinuando que, a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, podría comenzar el trámite para despojar de su nacionalidad a Leopoldo López, el opositor venezolano que duró varios años encarcelado y que, desde España, ha apoyado los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos.
El líder del régimen venezolano habla de traición a la patria y de llamados a la intervención extranjera como argumentos para llevar ante el Tribunal Supremo de Justicia la petición de declarar apátrida a López, quien fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008. Desde hace un tiempo, las retaliaciones contra los opositores al régimen son frecuentes. Ya en las elecciones de 2024, cuando la mayoría de los venezolanos en el extranjero tuvieron problemas para ejercer su derecho al voto según reportes de observadores y organizaciones de migrantes, se evidenciaba el castigo desde el Palacio de Miraflores.
Sin embargo, transgredir hasta la nacionalidad es, sin duda, una medida que va más allá y no se había visto antes. Sí existen casos de pasaportes anulados, pero llegar a ese punto es inédito. De hecho, si se convierte en costumbre, esta práctica acercaría aún más a la revolución bolivariana a la revolución sandinista, pues despojar de la nacionalidad a opositores es una de las herramientas más frecuentes del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según varios informes, hasta septiembre de 2024 la cifra de apátridas nicaragüenses llegaba incluso a 450.
En el caso de los pasaportes, el régimen no les quita directamente su identidad como venezolanos, pero al inhabilitarles el documento les complica enormemente la vida. Desde el trámite más simple —si el pasaporte está vencido o bloqueado— todo se vuelve más difícil. Es, en la práctica, un castigo permanente.
“A quienes les anulan el pasaporte y están fuera de Venezuela, ese documento que tienen en la mano ya no les sirve para entrar al país. Si intentan hacerlo por frontera o por el aeropuerto de Maiquetía, en el puesto migratorio los llevan a interrogatorios. Tenemos experiencias de compañeros periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas que han sido llevados a cuartos de tortura, desaparecidos o sometidos a interrogatorios largos. Les destruyen la vida. El problema es que el chavismo también hizo que a mucha gente se le vencieran los pasaportes y no pudiera renovarlos. Algunos países aceptan pasaportes vencidos, pero otros no. Si estás dentro de Venezuela y tienes el pasaporte vencido, no pasa nada mientras no intentes salir. Pero si llegas al aeropuerto para viajar —como les ha ocurrido a periodistas, defensores, activistas o políticos—, te aplican la misma receta”, explica Luis Carlos Díaz, periodista venezolano y defensor de derechos humanos.
Una evolución
Tanto Díaz como Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, coinciden en que materializar la retaliación apelando a la nacionalidad —algo explícitamente prohibido por la Constitución de Venezuela— es una mutación peligrosa en las formas de reacción del régimen. La pérdida de legitimidad interna y el aislamiento internacional empujan al gobierno a usar la identidad como un mecanismo de reafirmación ideológica.
“Quitar la nacionalidad, obviamente, tiene un costo político internacional. Por más que Nicolás Maduro no quiera presentarse como un dictador y trate de sostener un discurso o una narrativa de que en Venezuela hay democracia y participación, esa medida deja al descubierto las verdaderas características del régimen”, explica Rodríguez.
No se trata solo de represión, sino de una operación de control simbólico, donde “ser venezolano” se asocia con lealtad al régimen, aun cuando la Constitución de Venezuela reza claramente que “los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”.
En los casos en los que sí aplica, es para quienes han adquirido la nacionalidad venezolana como segunda nacionalidad, y podrá hacerse “mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”. Es lo que busca el chavismo con López (quien está protegido por su segunda nacionalidad, la española), aunque no deja de ser una movida inconstitucional. El problema, como ocurre con la mayoría de las instituciones venezolanas, es que están cooptadas por autoridades afines a Maduro. Solo como ejemplo, en 2024 este mismo Tribunal Supremo de Justicia avaló la decisión del Consejo Nacional Electoral que reconoció al chavista como ganador de las elecciones frente a Edmundo González Urrutia. Hoy, casi año y medio después, siguen sin conocerse las actas que legitimarían esos comicios.
Venezuela entra entonces en una paradoja: busca respaldo internacional ante la amenaza de Estados Unidos en aguas latinoamericanas —cuya última arremetida acabó con cuatro embarcaciones pequeñas y dejó 14 muertos— mientras coquetea con nuevas medidas dictatoriales.
Rodríguez concluye enfatizando cómo la identidad y los símbolos patrios venezolanos siempre han sido centrales en la retórica bolivariana y, con medidas como esta, terminan siendo secuestrados: “La revolución bolivariana se ha caracterizado por intentar robarse la identidad nacional: la bandera, el escudo y los símbolos patrios. Desde el primer momento, con Hugo Chávez, el régimen buscó convertir esos emblemas en insignias de la revolución bolivariana. Aún hoy, Nicolás Maduro se viste con la chaqueta de Venezuela como parte de esa apropiación simbólica. El único que logró controvertir y revertir, al menos parcialmente, esa narrativa fue Henrique Capriles durante la campaña de 2012-2013. No obstante, el chavismo sigue intentando secuestrar la nación y la identidad venezolana”.
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Por Hugo Santiago Caro
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