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Un día prendió su computador y ahí estaba. Era un correo que daba detalles de sus conversaciones personales, de sus movimientos, de sus palabras.
La pieza era parte de una serie de intercambios electrónicos que buscaban confirmar si su contraparte decía la verdad. Necesitaba pruebas para confirmar lo que le advertían. Alguien la ha venido siguiendo y conoce muy de cerca lo que pasa con lo más íntimo de su vida. Por más que lo pienso, Vicky Dávila ha hecho en gran parte lo que ha tenido que hacer. Empezó a investigar un tema espinoso, uno que muchos habían evitado, y presentó denuncias nuevamente sobre la llamada “comunidad del anillo”, una supuesta red de prostitución en la Policía que vincularía al general Palomino. Ahí empezó Troya. Según su informante, desde ahí la obsesión y operativos en su contra se incrementaron. Vicky y su equipo continuaron investigando y publicaron una serie de informes sobre las finanzas del general. Esta vez lo hicieron sin detalles del informante, un supuesto policía que dice estar arrepentido y cansado de lo que pasa en su institución. La curiosidad periodística los llevó a escarbar en los registros inmobiliarios del general y descubrieron que le ha ido bien en los negocios y que ha podido comprar propiedades a bajos precios. Lo desafortunado, según reveló Daniel Coronell, es que el vendedor del inmueble también estaba vinculado con el supuesto escándalo de la “comunidad del anillo”, que tanto dicen se ha intentado mantener por debajo del radar. La Fiscalía terció. En declaraciones iniciales dijo que hay indicios que señalan que los seguimientos a Vicky y otros periodistas podrían provenir de la misma Policía. Vicky y el presidente Santos se reunieron y hablaron del tema. Vicky contó todo lo que ahora es público. Al día siguiente el presidente nombró la comisión. Unos días después dijo que no será irresponsable a la hora de tomar una decisión frente al cargo del general Palomino y sostuvo que las grabaciones pueden dejarlo intranquilo, pero no son suficientes para retirarlo del cargo. Tiene sentido que el presidente esté en la búsqueda de más detalles para tomar una determinación. No es algo menor. En un país como el nuestro muchos juegan a tres bandas y el mandatario querrá evitar despedir al jefe de la Policía si se llegara a comprobar que se trata de una tramoya digna de una película de espías. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que a Vicky y a otros compañeros los chuzaron, los siguen y tienen miedo de que los maten. Y lo peor es que temen que todo esto venga desde la Policía y les es inevitable pensar que el general Palomino esté relacionado. Lo he dicho antes. El general tiene derecho a su legítima defensa, pero es evidente que hay una lucha de poderes dentro de su institución que ahora tiene contra la pared a un grupo de periodistas que sólo han hecho su trabajo. La institucionalidad no sólo está en la defensa de las Fuerzas Armadas, también está en defender la libre expresión y la libertad de prensa, arma poderosa de los pueblos para ejercer un escrutinio constante de los poderosos. Eso también se tiene que defender. El presidente conoce bien el significado de la tercera vía. Una que defienda lo realmente importante: la institucionalidad de la Policía y al tiempo la libertad de prensa. En un acto de honor el general debería hacerse a un lado. No puede ser juez y parte. El presidente aceptar su renuncia y nombrar a alguien que no estuviera en la pugna pública por la cabeza de la institución. Sólo así podremos saber quién en realidad está tras las chuzadas y la guerra sucia en la Policía.