Procuraduría multó por más de $33.000 millones a exgerente de Triple A

Después de una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la Procuraduría dio a conocer el fallo disciplinario en contra de Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, exgerentes de Triple A, investigados por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato firmado con Inassa para prestación de servicios de alcantarillado y acueducto. Mientras Navarro Pereira fue inhabilitado por 12 años y una multa de $33.332 millones, Serrano Monsalvo fue inhabilitada por seis años y una multa de $2.140 millones.

La @PGN_COL sancionó con multa por $33.332 millones de pesos al exgerente de @SomosTripleA, Ramón Navarro Pereira y $2.140 millones de pesos a Julia Margarita Serrano Monsalvo, por permitir que #Inassa se apropiara de dineros pertenecientes al Distrito de #Barranquilla pic.twitter.com/pYyPPovhqw — Procuraduría Colombia (@PGN_COL) 14 de noviembre de 2018

De acuerdo con la investigación del ente de control, las faltas se habrían presentado en la ejecución de un contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P. Tras revisar las diferentes etapas del contrato, el Ministerio Público encontró que la Triple A, desde el año 2000, venía pagando una remuneración de aproximadamente $1.600 millones cada mes a la empresa española Inassa. (Le podría interesar: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa)

El cálculo del Ministerio Público es que al año se estaba desembolsando unos $19.600 millones, y que la cifra total, que se tasó teniendo en cuenta la vigencia del contrato, superó los $237.000 millones. Es decir, cerca de US$80 millones de dólares. Según la investigación, el acuerdo consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad.

Aunque para ese momento no se vislumbraba alguna irregularidad, pues a ese acuerdo fue al que llegaron las partes del contrato, un equipo de investigadores de la Procuraduría revisó los documentos de contabilidad de la Triple A y encontró que ningún de los servicios de asistencia técnica, operativa o administrativa, se estuvieran realizando. Tras el hallazgo, el Ministerio Público formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos de propiedad de Barranquilla. (En contexto: Las claves para entender el caso Inassa)

En otras palabras, la Triple A autorizó estos pagos con el dinero del cual el Distrito de Barranquilla tiene el 14,5% de derechos accionarios. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría, en referencia al caso por el cual Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermer Redondo fueron llamados a juicio. Hermer Redondo, sin embargo, fue absuelto por el Ministerio Público.