Comenzó juicio contra subteniente Muñoz

Sesenta años, la máxima condena que establece la ley, pidió ayer el fiscal 51 de Derechos Humanos, Víctor Julio Lozano, contra el subteniente del Ejército (r) Raúl Muñoz Linares, investigado por su presunta responsabilidad en la violación de dos niñas y el homicidio de una de ellas junto con sus dos hermanos de 6 y 9 años, en zona rural de Tame (Arauca), en octubre de 2010. En la audiencia, realizada ayer en los juzgados de Paloquemao, el fiscal Lozano aseguró que tiene suficientes pruebas para solicitar la condena. Y agregó que de ser esta pena establecida por la jueza Marta Artunduaga, que lleva el caso, no tendría ningún beneficio ni rebaja de pena. Por su parte, con aparente tranquilidad, el subteniente (r) Muñoz se declaró inocente.

En la diligencia el fiscal Lozano perfiló su teoría del caso y señaló que tiene pruebas testimoniales que ratificarán en el juicio que el subteniente (r) Muñoz, días antes del triple homicidio, usando el uniforme del Ejercito y haciéndose pasar por guerrillero, violó a una menor de edad el 2 de octubre de 2010. Luego, regresó al batallón y pidió que le cortaran el cabello para cambiar su apariencia y es quien, al día siguiente de la violación, recibe la denuncia de los familiares. Por esta razón, la Fiscalía citó para rendir testimonio a la menor violada, a la mamá, al primo y a otros vecinos. Lozano, además de las pruebas periciales, presentará el testimonio de varios suboficiales del Ejército que asegurarán que Muñoz había pasado días antes por la vereda en la que encontraron el 14 de octubre a los tres menores asesinados.

Asimismo, señaló que presentará la hoja de vida de Muñoz, porque demuestra que tenía toda la capacidad física para cometer el asesinato, ante la teoría de la defensa que afirma que el subteniente no pudo lidiar con tres niños. El abogado de Muñoz, Sergio Rodríguez, dijo que aunque hay rastros de la relación sexual que tuvo con una de las menores, no hay material probatorio para decir que cometió el triple homicidio. A la vez, sostuvo que el juicio que se lleva contra el subteniente (r) es “una estrategia de los grupos armados al margen de la ley que quieren dañar la imagen del Gobierno” y despejar esta región.

Por eso en el juicio, Rodríguez va a aportar otros testimonios: el de dos supuestos desmovilizados de las Farc que contarán que la guerrilla estaba muy cerca y que fue este grupo ilegal el que mató a los niños. Además, insistió en la ilegalidad de la exhumación de los cuerpos por la Cruz Roja, al no tener esta organización funciones de policía judicial, y por eso anunció unos informes de la Defensoría del Pueblo y del Ejército que sostienen esa idea.

Los representantes de las víctimas y la Fiscalía se opusieron a que la defensa utilizara estos informes como pruebas, porque ya se surtió la etapa para hacerlo. Y aclararon que esa pelea la dirimió el Tribunal Superior de Bogotá cuando dejó claro que el levantamiento de los cuerpos es prueba legítima y valiosa en el proceso. Frente al debate jurídico, la jueza decidió suspender esta primera audiencia de juicio oral para los días 7 y 8 de septiembre.

Se espera que entonces la jueza decida si excluye o no los oficios que presentó la defensa. Lo cierto es que el juicio no podrá continuar tampoco ese día, porque, sea cual sea la decisión de la jueza, alguna de las partes apelará y será un tribunal de segunda instancia el que destrabe esa situación. Desde que se vinculó a Muñoz en el caso de la violación de dos niñas y el homicidio de una de ellas junto con sus dos hermanos de 6 y 9 años en Tame, se han denunciado dilaciones y suspensiones al proceso de parte de la defensa, a la vez que la jueza que llevaba el proceso en Saravena, Gloria Gaona, fue asesinada el pasado 22 de marzo.