Procuraduría pide que una fiscalía ad hoc lleve el caso de Odebrecht

Fernando Carillo señaló que es la Corte Suprema quien finalmente debe decidir si se buscará un fiscal provisional que continué con las investigaciones del caso de corrupción de Odebrecht.

19 de noviembre de 2018 – 02:52 p. m.
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez.  / Archivo
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez. / Archivo

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El procurador general, Fernando Carillo señaló  que solicitará que se designe un fiscal provisional (ad hoc) para que continúen las investigaciones por el caso Odebrecht. Esto, luego de que la vicefiscal, María Paulina Riveros, fuera recusada del caso por su cercanía con el Fiscal general Néstor Humberto Martínez.  El caso lo resolverá la Corte Suprema de Justicia.

«Yo creo que lo que se está buscando es respetar el principio del juez natural. Es la Corte la que tiene que decidirlo y por eso le vamos a presentar ese memorial esta tarde. Lo que quiere el pueblo colombiano es que haya imparcialidad en las investigaciones», señaló Carillo. 

(Le sugerimos: Más detalles de la primera conversación entre el fiscal general y Jorge Pizano)

De igual forma, señaló que  la Fiscalía debe ser independiente e imparcial para poder abordar la situación que involucró al fiscal general Néstor Humberto Martínez,»Yo siempre he dicho que aquí, en la Procuraduría, hemos querido construir más Procuraduría que procurador. Yo aplicaría esa misma norma a la Fiscalía de hoy, que tenga la independencia y la imparcialidad necesaria para que el pueblo colombiano sepa exactamente lo que pasó», señaló Carillo.

Este nuevo capítulo, que incluiría al fiscal, en el escándalo de Odebrecht se desencadenó luego de que El Espectador revelara nuevas grabaciones sobre una segunda reunión que sostuvo Martínez con el excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.

En el segundo audio, que fue publicado el pasado viernes 16 de noviembre, el fiscal Martínez le cuenta a Pizano, entre otras cosas, los delitos que, según él, están consignados en un concepto jurídico de un reconocido abogado que contrató para la época y cuyo nombre no mencionó: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado… peculado por apropiación”. Martínez aseguró que no tiene la certeza de cuántas veces se reunió con Pizano, “pero debieron ser varias porque siempre teníamos el interés de seguir avanzando en qué era lo que había ocurrido para mandar esa información a donde él me había pedido que la hiciera llegar y era el Grupo Aval”.

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