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La Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad del juicio que se seguía contra el exembajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega y remitió el expediente a la fiscal general Vivianne Morales, quien deberá reiniciar la investigación y formular la acusación contra el exministro de Estado acusado de ofrecer prebendas para que se votara a favor de la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el 2004.
Según la decisión de la Corte Suprema, es la Fiscal General quien debe proferir la resolución de acusación en contra Pretelt de la Vega y no el despacho del Vicefiscal General de la Nación como ocurrió en este caso.
La Sala sostuvo que el acusador incurrió en un error del procedimiento al permitir que fuera el entonces vicefiscal Fernando Pareja y no el titular del organismo de la época, Guillermo Mendoza Diago, quien asumiera el control de la investigación.
Sin embargo, los magistrados de la Sala Penal le pidieron a la fiscal que no se rehaga el proceso, sino la calificación, al explicar que la investigación sigue vigente, a pesar de que todo lo actuado hasta hoy estuvo a cargo de un funcionario carente de competencia legal para tomar decisiones.
Aparentemente, fue Sabas quien lideró una comisión del Ejecutivo encargada de hacer ofrecimientos extralegales a congresistas, a fin de conseguir el apoyo necesario para evitar que se hundiera el proyecto de acto legislativo que buscaba el aval para que Uribe se presentara a las elecciones presidenciales de 2006 siendo jefe del Estado.
Aunque la iniciativa estaba a punto de claudicar por falta de respaldo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un sorpresivo apoyo de la entonces congresista Yidis Medina Padilla puso a salvo la iniciativa en junio de 2004, lo que significó la primera cuota de la reforma constitucional a través de la cual Uribe logró permanecer durante cuatro años más en la Presidencia de la República.
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