Recusan al supersociedades

Tres abogadas, que representan a varias personas que le cobran dinero a los Nule, pretenden que Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, se declare impedido en el proceso de liquidación del grupo empresarial de los confesos delincuentes; se nombre a un superintendente encargado, y dejar claro que las deudas que tienen esas compañías no son por $1,5 billones, sino que son cercanas $432 mil millones, incluso mucho menos. El documento, que conoció El Espectador, quedó radicado desde el pasado 4 de agosto.

Pese a que las abogadas parecen defendiendo principalmente los intereses de los polémicos empresarios, dicen que nada tienen que ver con ellos, aunque reconocen que han tenido estrechos acercamientos en el proceso de revisión de cuentas. La razón de la solicitud apunta a las constantes declaraciones de Vélez ante los medios de comunicación sobre el proceso de liquidación, sin tener decisión concreta, pese a que debido a la complejidad del caso, debería ser reservado. “Se ha venido pronunciando sobre los montos adeudados y el valor de los activos sin que su despacho hubiera proferido providencia (…). Usted ha prejuzgado”.

La solicitud llega justo cuando el proceso de liquidación se encuentra pendiente del proyecto de calificación y graduación de créditos, donde queda ratificada la lista de acreedores que entrarán a pelear por el pago de las deudas con parte de los activos que le queden a la compañía. Por esta razón, en la misma petición y como ejemplo de los supuestos pronunciamientos errados del superintendente, señalaron que los abogados hicieron su propia indagación sobre las acreencias de los Nule y dicen que después de depurarla, es inferior a la que ha dicho el funcionario.

“Excluidas las acreencias que hay entre las propias compañías en liquidación ($527 mil millones) y descontadas las obligaciones presentadas por una persona más de una vez ($431 mil millones), se tiene que el monto total de los pasivos de las empresas es de $432 mil millones. Además, de esta cifra se deben descontar deudas varias que no cuentan con los soportes documentales que exige la ley para que se puedan considerar acreencias ciertas”. De acuerdo con uno de los abogados que lidera el proceso, después de depurar definitivamente las cuentas, las deudas podrían ser inferiores a los $300 mil millones.

Aunque en la entidad ya conocen la solicitud y dicen que está en trámite, la Superintendencia expresó a través de su oficina de prensa que hasta tanto se estudie a fondo y se tenga una decisión concreta se van a pronunciar en este tema.