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Nadie podía creer, de manera sensata, que subalternos infiltraran a la Corte Suprema, a periodistas y demás opositores del gobierno Uribe sin órdenes de superiores. Sin embargo, ante tanta dilación, cualquier cosa podía esperarse. Desde 2004 empezaron las chuzadas, cinco años después las investigaciones y hasta hace pocos días los más altos involucrados seguían quietos y libres de castigos. No obstante, la tensa calma se rompió por fin el martes, cuando la Procuraduría dio a conocer un fallo histórico. Inhabilitar hasta por 18 años a nueve de los involucrados en el escándalo del DAS es el primer precedente de verdadero peso en este proceso, en el que, cabe recordar, la Fiscalía sigue sin tomar acciones concretas. A la fecha, ninguna de sus condenas está en firme.
Como era de esperarse, la acción de la Procuraduría ha sido fuertemente debatida. Sin embargo, a pesar de que es cierto que la decisión llega algo tarde, pues estos funcionarios ni se encuentran ocupando sus cargos ni está en vigencia el gobierno que los posesionó —y, en esa medida, las consecuencias políticas de tales acciones son ya inofensivas—, no por ello debe desconocerse la diligencia del Ministerio Público. Cerrar en sólo 20 meses procesos tan espinosos y, con mano firme, establecer sanciones proporcionales a la gravedad del delito, no es cualquier cosa, en especial, cuando los que se mueven son tan fuertes intereses. Y aunque penas como los ocho meses de inhabilidad a Andrés Peñate parezcan simbólicas, pues como director del DAS desde 2005 hasta 2007 difícilmente pudo haber estado ajeno a lo que hacían los funcionarios bajo su cargo, debemos concederle al Procurador que estableció las sanciones de acuerdo con la evidencia, la cual, por lo demás, fue suficiente para que se recomendaran futuras investigaciones y se pusieran sobre la mesa delitos más graves que las chuzadas.
Ahora queda esperar que la Fiscalía haga lo suyo y que en medio de las nuevas evidencias, fichas claves, como el ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno, comiencen a colaborar con la justicia. Esperanza, entre todo, razonable, pues más de uno ya se ha acogido al principio de oportunidad y otros más contemplan dicha posibilidad. Sin embargo, para que el escándalo del DAS no quede en la impunidad, vendría bien que la Fiscalía sea igual de firme y, al imponer penas serias, permita márgenes de negociación a cambio de información relevante para saber lo que realmente sucedió.
Sienta bien, pues, el fallo del Procurador, pero hasta ahora es sólo el primer paso. El escándalo del DAS permanece sin cargos penales y sigue entre nieblas. Éste, contrario a lo que unos anuncian, no es el comienzo del fin. Mientras no se sepa quién dio la orden y con qué motivos seguiremos sin saber qué sucedió y las instituciones del Estado seguirán envueltas en la desconfianza que desde hace ya varios años las carcome. Oscuridad que además se extiende a través de todo tipo de conjeturas incluso sobre el gobierno actual, el cual, ojalá, de encontrarse funcionarios suyos comprometidos, se mantenga al margen y permita a las autoridades competentes llevar adelante los procesos. Dejar caer todas las fichas es la única forma de saber cómo fue que se conformó una conspiración de tan inconcebible tamaño.